Washington / Caracas.— El presidente Donald Trump dio este lunes un paso de máxima escalada política y militar al designar al gobierno de Venezuela como “organización terrorista extranjera” y ordenar un bloqueo total de los petroleros que entren y salgan del país sudamericano.
La decisión, anunciada directamente por el mandatario en sus redes sociales, revive la lógica de máxima presión contra Caracas y vuelve a tensar el tablero geopolítico de América Latina.
“Venezuela está completamente rodeada por la armada más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica”, proclamó Trump, al tiempo que exigió que el país “devuelva a Estados Unidos todo el petróleo, las tierras y otros activos que nos robaron”.
En su mensaje, acusó al gobierno de Nicolás Maduro de financiar “narcoterrorismo, trata de personas, asesinato y secuestro” con recursos energéticos que, afirmó, pertenecen a Washington.
La orden presidencial incluye un bloqueo completo de todos los petroleros autorizados y se acompaña de una retórica abiertamente punitiva: Trump aseguró que migrantes “ilegales y criminales” enviados por Venezuela durante la administración Biden están siendo devueltos “a un ritmo acelerado”.
La amenaza, sin embargo, deja interrogantes operativos abiertos: no está claro cómo se implementará el bloqueo naval, ni si la Casa Blanca recurrirá a la Guardia Costera o a fuerzas militares para interceptar embarcaciones en aguas internacionales.
La ambigüedad no es menor. Apenas la semana pasada, autoridades estadounidenses incautaron un petrolero con cerca de dos millones de barriles de crudo venezolano, lo que anticipa una fase más agresiva de control marítimo.
Tampoco queda claro a qué se refiere Trump cuando habla de “tierras y otros activos robados”, una formulación que Caracas interpreta como un intento explícito de apropiación de recursos soberanos.
ESCALADA NAVAL
En paralelo al anuncio presidencial, el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, confirmó que el Pentágono no hará público un video sin editar de un ataque en el Caribe en el que murieron dos sobrevivientes de un primer bombardeo contra una embarcación que, sin pruebas concluyentes, Washington aseguró que transportaba cocaína. La ofensiva marítima, según datos oficiales, ha dejado al menos 95 muertos en la región.
Hegseth informó que el material podría ser revisado únicamente por los comités de Servicios Armados del Congreso, sin precisar si el resto de los legisladores tendrá acceso. La decisión reforzó las críticas sobre opacidad, uso excesivo de la fuerza y una campaña que, según analistas, desdibuja los límites legales entre operaciones antinarcóticos y acciones militares.
El secretario de Estado, Marco Rubio, defendió la estrategia y la calificó como una “misión contra las drogas” orientada a “desmantelar la infraestructura de organizaciones terroristas que operan en el hemisferio”.
Tanto Rubio como Hegseth describieron la campaña como un “éxito”, aunque sin presentar evidencia verificable de incautaciones significativas o reducción efectiva del flujo de drogas.
En este mismo contexto, el Departamento del Tesoro anunció la designación del Clan del Golfo, una de las mayores organizaciones criminales de Colombia, como organización terrorista extranjera, ampliando el marco jurídico que permite sanciones, operaciones financieras extraterritoriales y uso de fuerza bajo la lógica antiterrorista.
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RESPUESTA CARACAS
La reacción de Venezuela fue inmediata y frontal. Desde Caracas, la cancillería calificó la declaración de Trump como una “amenaza temeraria y grave” y denunció que el presidente estadounidense “asume que el petróleo, las tierras y las riquezas mineras de Venezuela son de su propiedad”.
En un comunicado oficial, el gobierno anunció que su embajador ante la ONU, Samuel Moncada, presentará una denuncia formal ante el organismo internacional y advirtió que Venezuela seguirá ejerciendo “plenamente su libertad, jurisdicción y soberanía por encima de estas amenazas guerreristas”.
“El presidente de Estados Unidos pretende imponer de manera absolutamente irracional un supuesto bloqueo militar naval con el objetivo de robarse las riquezas que pertenecen a nuestra patria”, afirmó el canciller Yván Gil.
Según Caracas, la narrativa de lucha contra el narcotráfico es una fachada que oculta la verdadera intención de Washington: apropiarse de los recursos estratégicos venezolanos.
La cancillería sostuvo que esta “extravagante amenaza” confirma una política sostenida de expropiación indirecta, impulsada desde la Casa Blanca y respaldada por tribunales estadounidenses. El mensaje incluyó una advertencia política: el pueblo venezolano, dijo Gil, “se mantendrá firme en el cuidado irrestricto de su territorio, sus riquezas y su libertad”.
ACTIVOS EN DISPUTA
El conflicto no es nuevo. Desde 2017, Estados Unidos ha utilizado sanciones económicas como principal herramienta de presión contra Venezuela, con costos de decenas de miles de millones de dólares en ingresos perdidos, según estimaciones oficiales venezolanas.
La política de máxima presión, iniciada en el primer mandato de Trump y profundizada en el actual, ha tenido efectos estructurales sobre la economía del país.
Uno de los casos emblemáticos es Citgo Petroleum, filial de Pdvsa en Estados Unidos. La empresa posee tres grandes refinerías —en Luisiana, Texas e Illinois— con una capacidad conjunta de 807 mil barriles diarios, y una red de más de 4,400 estaciones de servicio.
Desde 2019, Citgo quedó bajo control de una junta ad hoc reconocida por Washington como parte del fallido Plan Guaidó, lo que impidió al Estado venezolano ejercer derechos sobre el activo.
Recientemente, un tribunal de Delaware autorizó la venta forzosa de Citgo, decisión que Caracas denuncia como un remate coercitivo de un activo estratégico valuado en miles de millones de dólares. A ello se suma el congelamiento de activos financieros en bancos y organismos internacionales.
De acuerdo con el Observatorio Venezolano Antibloqueo, existen alrededor de 22 mil millones de dólares en activos bloqueados, incluidos 5 mil millones en Derechos Especiales de Giro del FMI y 31 toneladas de oro retenidas en el Banco de Inglaterra, valuadas en unos 2 mil millones de dólares.
LECTURA REGIONAL
La ofensiva de Trump reconfigura el clima político en la región. La criminalización del Estado venezolano, el uso de la categoría de terrorismo y la amenaza de un bloqueo naval marcan un punto de inflexión con consecuencias que trascienden a Caracas.
Países del Caribe, rutas energéticas, mercados petroleros y equilibrios diplomáticos quedan expuestos a una escalada impredecible.
Más allá de la retórica, la decisión instala una pregunta de fondo: ¿hasta dónde puede llegar Washington en su intento de disciplinar a un gobierno adversario bajo la bandera de la seguridad y el combate al narcotráfico?
La respuesta, como tantas veces en América Latina, no se jugará sólo en el plano militar, sino en tribunales, organismos internacionales y en el pulso político de una región que vuelve a ser escenario de disputa abierta.
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