Una vez que el Congreso autorizó al Ejecutivo la contratación de un financiamiento por 4 mil 144 millones de pesos, el gobernador Javier May Rodríguez definió el alcance de la decisión: “Los gobiernos anteriores tenían visión corta y endeudaron al estado solo para pagar nómina, pero no dejaron obras de infraestructura”, afirmó.
Y añadió: “Estos recursos no son para gasto corriente, son para inversión productiva que genere retorno económico”. La postura fijó el tono de un debate donde se cruzan la urgencia de construir, la resistencia política y la promesa de diversificar una economía históricamente dependiente del gasto federal y del ciclo petrolero.
El financiamiento se divide en dos tramos: 2 mil 010 millones de pesos para el nuevo Centro de Convenciones, y 2 mil 134 millones para el proyecto integral de seguridad que incluye el C5 Escudo Olmeca, con 5 mil cámaras, inteligencia artificial, arcos inteligentes, drones y un sistema de coordinación entre Sedena, Guardia Nacional, Fiscalía y 911.
La votación fue decisiva: 27 votos a favor de Morena, PT y PVEM, contra 8 votos del PRI, PRD y Movimiento Ciudadano. La oposición acusó opacidad, endeudamiento injustificado y una supuesta “incongruencia” frente a promesas previas de no asumir nueva deuda.
DEBATE LEGISLATIVO
Durante la discusión, el coordinador del PRD, Francisco Cabrera, pidió suspender el dictamen y advertió: “Si aprueban esto a ciegas serán cómplices de un gran atraco financiero… Estaremos condenando a las familias tabasqueñas a pagar un elefante blanco que solo servirá para la foto”.
El PRI insistió en prioridades distintas: “Es irresponsable endeudarse sin atender primero seguridad, salud y educación”, expuso Fabián Granier, quien afirmó que el gobierno “aseguró que no endeudaría al estado y hoy hace exactamente lo contrario”.
Movimiento Ciudadano remarcó que el monto “equivaldría a 143 planteles del Cobatab o cuatro hospitales”, subrayando el costo de oportunidad.
La mayoría legislativa defendió la operación. El presidente de la Comisión de Hacienda, Gerardo Hernández, precisó que la deuda se liquidará en 4 años y 6 meses, sin heredar pasivos. Y la diputada de Morena, Claudia Vélez, fundamentó la decisión: “Es una inversión pública productiva; generará beneficios sociales directos o indirectos”.
GIRO PRESUPUESTAL
El análisis presupuestal confirma la dimensión del viraje. En 20 años, Tabasco destinó más del 80% de su presupuesto al gasto corriente, dejando menos del 8% para inversión pública. En paralelo, la entidad pasó de administrar 51 mil millones de pesos a casi 69 mil millones en una década, sin que ese crecimiento detonara infraestructura estratégica. La obra pública se volvió insuficiente para transformar la vida cotidiana.
Los datos históricos lo muestran: Arturo Núñez cerró con 1,229 millones en obra; la dupla Adán–Merino invirtió 1,478 millones en 2019, 1,605 millones en 2020, un pico de 2,911 millones en 2021, y 2,144 millones en 2024. Ninguna cifra logró romper el techo del deterioro ni enfrentar el rezago acumulado.
OBRA POSPUESTA 24 AÑOS
En el caso del Centro de Convenciones, la discusión política se cruza con una deuda histórica: el proyecto se menciona desde Manuel Andrade, hace 24 años, sin que ninguna administración lo concluyera.
La falta de ese recinto restó competitividad turística y dejó a Villahermosa sin plataforma para congresos, convenciones y espectáculos que hoy dinamizan economías de otras ciudades del sureste.
Para la administración actual, el edificio no es un lujo, sino la llave para diversificar sectores y atraer actividades económicas no dependientes del gasto público. “Se trata de apostar al entretenimiento, los espectáculos y los festivales que generan flujo económico”, explicó el Ejecutivo.
APUESTA MULTIANUAL
El financiamiento forma parte de una estrategia mayor. El gobierno destinó 2,486 millones a obra pública en 2025 y proyecta una inversión de 3,791 millones en 2026, un aumento del 52.5%.
A ello se suman dos proyectos multianuales ya aprobados: Villahermosa 2030, con 2,400 millones, enfocado en movilidad e infraestructura urbana; y el programa integral de seguridad por 2,134 millones, que sustenta la modernización tecnológica del estado.
En conjunto, una bolsa de 4,534 millones orientada a recuperar espacios públicos, mejorar movilidad, fortalecer seguridad y detonar infraestructura económica.
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LO QUE SIGUE
El gobernador advirtió que el tope autorizado “no implica que se ejerza el cien por ciento” y subrayó que las autoridades hacendarias comparan ofertas bancarias para obtener “la tasa más baja y más competitiva posible”.
La ejecución será observada de cerca: el reto no es solo contratar deuda, sino demostrar que la inversión genera beneficios reales, diversifica ingresos y deja obra tangible.
Tabasco llega a esta decisión tras 20 años de posponer infraestructura bajo el peso de un presupuesto rígido. El financiamiento recién aprobado abre un margen que no existía: la posibilidad de invertir a gran escala, con proyectos estructurales y un cronograma claro.
Más allá de la disputa política, las obras dirán si la apuesta cumplió su promesa o si el estado vuelve al ciclo de deuda sin desarrollo.
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