CDMX.— Claudia Sheinbaum llegará este martes a su Segundo Informe de Gobierno con una fortaleza difícil de ignorar: 68.4 por ciento de los ciudadanos aprueba su desempeño, según la medición de FactoMétrica e ÍndigoData. Casi siete de cada diez mexicanos respaldan a la primera mujer que ocupa la Presidencia, después de un segundo año marcado por la presión de Donald Trump, la incertidumbre comercial, la violencia criminal y distintos escándalos dentro de Morena.
El dato es políticamente poderoso, pero no constituye por sí mismo un certificado de resultados. La popularidad indica que las crisis todavía no han roto el vínculo de la presidenta con la mayoría social; no demuestra que hayan sido resueltas. La inseguridad continúa como una preocupación dominante, la economía enfrenta señales de fatiga y la corrupción vuelve a tocar las estructuras del partido gobernante.
Sheinbaum arriba, además, con una concentración de poder extraordinaria. Morena domina el Congreso, gobierna la mayor parte del territorio y conserva una base social articulada alrededor de los programas de bienestar. La oposición no ha construido una alternativa competitiva y la presidenta mantiene el control de la conversación pública desde Palacio Nacional.
El punto de partida del informe, por tanto, no es la debilidad. Es exactamente lo contrario: Sheinbaum posee popularidad, mayorías legislativas, organización territorial y capacidad institucional para gobernar. La pregunta que comienza a plantearse al acercarse el tercer año es qué hará con todo ese poder.
Durante los primeros dos años pudo administrar la continuidad, mantener estable el timón y evitar una ruptura con la estructura política recibida. En adelante tendrá que demostrar si esa fortaleza puede traducirse en seguridad territorial, crecimiento, disciplina interna y un gobierno reconocible como propio.
Segundo Informe · El punto de partida
Una Presidencia que llega fuerte a la etapa más exigente
La aprobación es capital político disponible. El tercer año mostrará si puede convertirse en resultados y autoridad propia.
Los programas de bienestar siguen siendo la columna vertebral de la legitimidad gubernamental.
Mayorías legislativas, presencia territorial de Morena y una oposición debilitada.
Con más respaldo y poder, disminuye el margen para atribuir los pendientes a fuerzas externas.
Lectura: la cifra demuestra que las crisis no han roto el vínculo con la mayoría; no significa que seguridad, economía y corrupción estén resueltas.
Fuente: FactoMétrica e ÍndigoData/Reporte Índigo, medición previa al Segundo Informe de Gobierno, 2026.
Sello propio
La sucesión de 2024 transfirió formalmente la Presidencia, pero no borró la influencia de Andrés Manuel López Obrador. Su figura permanece en el lenguaje cotidiano de Morena, en la identidad de sus militantes, en los programas sociales, en buena parte de los cuadros de gobierno y en la base electoral que sostiene a la actual administración.
Sheinbaum no llegó para romper con esa herencia. Se presentó como responsable de construir el “segundo piso” de la transformación y ha preservado sus componentes esenciales: austeridad, transferencias sociales, fortalecimiento del Estado, protagonismo presidencial y reivindicación política de los sectores populares.
La continuidad ha sido una de sus fortalezas, pero también establece sus límites. Cada decisión debe responder simultáneamente a dos exigencias: conservar la cohesión del movimiento y construir autoridad propia. Desmarcarse demasiado podría interpretarse como una ruptura con López Obrador; no hacerlo nunca impediría determinar dónde termina el gobierno heredado y dónde comienza realmente el de Sheinbaum.
La diferencia más visible se encuentra en el método. López Obrador gobernó mediante el carisma, la intuición política y una comunicación capaz de convertir cada conflicto en una narrativa entre el pueblo y sus adversarios. Sheinbaum se mueve con un estilo más pausado, técnico y sistemático. Tiene menos inclinación por la improvisación y mayor confianza en la ciencia, la tecnología, los indicadores y la planeación.
Podría definirse como una especie de tecnocracia de izquierda: una administración que sostiene una política social expansiva, pero que al mismo tiempo impulsa inversión privada, polos de desarrollo, relocalización productiva e integración comercial con Norteamérica. No abandona el discurso transformador, aunque utiliza herramientas económicas y administrativas que no rompen por completo con el modelo anterior.
Los programas sociales constitucionalizados continúan siendo la columna vertebral del proyecto. Garantizan ingresos a millones de familias, sostienen una relación directa entre el Gobierno y los beneficiarios y explican una parte sustancial de la aprobación presidencial. Son política pública, pero también estructura de legitimidad y continuidad electoral.
El reto para Sheinbaum no consiste únicamente en preservarlos. Deberá garantizar que puedan financiarse durante décadas, elevar su impacto y evitar que se conviertan en el único parámetro para evaluar al Gobierno. La transferencia directa puede proteger ingresos, pero no sustituye la creación de empleos productivos, el acceso efectivo a la salud, la educación de calidad ni la recuperación de territorios dominados por el crimen.
El Segundo Informe marca así el final de una primera etapa. La presidenta ya mostró que puede conservar unido al movimiento y administrar la herencia recibida. El tercer año deberá revelar si también puede corregirla, renovarla y tomar decisiones que lleven inequívocamente su firma.
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T-MEC: estabilidad hoy, presión cada año
El tratado no terminó. La decisión de no extenderlo inmediatamente por 16 años mantiene el comercio preferencial, pero prolonga la incertidumbre.
2026 No hubo extensión inmediata
Cada año Revisión trilateral
2036 El tratado sigue vigente
+16 La ampliación sigue abierta
La tensión: México defiende soberanía política mientras su economía depende profundamente del mercado estadounidense.
Fuente: Secretaría de Economía; proceso de revisión conjunta previsto en el artículo 34.7 del T-MEC.
Presión externa
Si la relación con López Obrador ha condicionado el margen político interno, Donald Trump ha impuesto la principal presión exterior. Migración, narcotráfico, aranceles y seguridad fronteriza se convirtieron en instrumentos de negociación constante entre Washington y Palacio Nacional.
Trump ha utilizado a México como argumento electoral, como responsable externo de problemas estadounidenses y como pieza de presión geopolítica. Su gobierno ha insistido en cuestionar la capacidad mexicana para enfrentar a los cárteles y ha alentado planteamientos intervencionistas bajo la bandera de combatir organizaciones criminales.
Sheinbaum respondió colocando la defensa de la soberanía en el centro de su discurso. Ha rechazado que México esté gobernado por los cárteles y sostenido que la colaboración internacional puede aceptarse siempre que no se convierta en subordinación.
La posición ha conectado con una sensibilidad histórica del país y contribuido a fortalecer su imagen presidencial. Pero la soberanía no se defiende únicamente mediante declaraciones. México necesita inteligencia estadounidense, cooperación fronteriza, comercio preferencial e inversión proveniente de su vecino. Washington, por su parte, requiere cadenas de suministro mexicanas, coordinación migratoria y colaboración contra el narcotráfico.
La presidenta camina así sobre una línea estrecha: debe cooperar sin aparecer sometida y resistir sin provocar una ruptura con el socio del que depende más de 80 por ciento de las exportaciones mexicanas.
La revisión del T-MEC mostró esa vulnerabilidad. México, Estados Unidos y Canadá no acordaron extender inmediatamente el tratado por otros 16 años, pero tampoco lo cancelaron. El acuerdo continuará vigente hasta 2036 y será sometido a revisiones anuales, en cualquiera de las cuales podrá aprobarse una ampliación.
El resultado preserva el comercio preferencial, pero prolonga la incertidumbre. Estados Unidos conserva una herramienta periódica para presionar en temas comerciales, energéticos, migratorios o de seguridad, mientras las empresas pierden parte de la certidumbre que requieren para realizar inversiones de largo plazo.
La contradicción es difícil de eludir: México reivindica su soberanía política mientras su economía mantiene una dependencia estructural del mercado estadounidense. Resolverla no significa alejarse de Norteamérica, sino reducir vulnerabilidades mediante mayor infraestructura, energía suficiente, diversificación productiva y capacidad interna de crecimiento.
Soberanía interna
La defensa frente a Washington pierde fuerza si el Estado mexicano no puede ejercer autoridad plena dentro de su propio territorio. Ese es el punto en el que el discurso de soberanía se cruza con el desafío más persistente del país: el poder del crimen organizado.
La estrategia encabezada por Omar García Harfuch muestra diferencias respecto del sexenio anterior. Hay mayor énfasis en inteligencia, coordinación operativa, tecnología, detenciones de objetivos prioritarios y cooperación con agencias internacionales. El Gobierno también ha informado reducciones en determinados indicadores de violencia.
Los avances deben reconocerse, pero no confundirse con la solución integral del problema. En varias regiones continúan las desapariciones, los homicidios, la extorsión, los secuestros y la disputa entre organizaciones criminales. El Estado puede mostrar mejores cifras nacionales mientras comunidades completas siguen sometidas a poderes ilegales.
El crimen ya no actúa únicamente mediante armas y asesinatos. En algunos territorios cobra a productores, transportistas y comerciantes; controla mercados, determina rutas y encarece productos. El cobro de piso funciona como un impuesto criminal que termina trasladándose al precio pagado por los consumidores.
Cuando una organización decide quién puede producir, transportar o vender, la disputa deja de ser exclusivamente policial. Se transforma en un problema de soberanía, economía y gobierno. La medida definitiva del éxito no será solamente el número de detenidos, sino la capacidad para recuperar esos espacios y restablecer la autoridad del Estado.
El caso de Sinaloa condensó todas esas contradicciones. En abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó al gobernador Rubén Rocha Moya y a otros nueve funcionarios o exfuncionarios estatales de delitos relacionados con narcotráfico y armas. La imputación sostuvo que habrían colaborado con dirigentes del Cártel de Sinaloa a cambio de respaldo político y sobornos.
Se trata de acusaciones que deberán probarse ante tribunales, no de sentencias. Sin embargo, su impacto político fue inmediato. Rocha no era un personaje periférico: encabezaba un gobierno de Morena en el estado que concentra una de las crisis criminales más severas del país.
Las licencias, el intento de retornar al cargo y las presiones para separarse expusieron dificultades dentro del propio movimiento. Sheinbaum debía evitar dos extremos: aceptar automáticamente una acusación extranjera o convertir la defensa de la soberanía en protección para un gobernador de su partido.
El episodio terminó por convertirse en una prueba de autoridad. La cuestión ya no era únicamente qué sabía o hacía Rocha, sino si la presidenta podía imponer disciplina a un poder territorial de Morena cuando su permanencia dañaba la credibilidad de todo el Gobierno.
También obligó a matizar el debate con Estados Unidos. México no es un Estado enteramente gobernado por los cárteles, como aseguran las expresiones más intervencionistas de Washington. Pero tampoco puede negar la penetración criminal de autoridades y regiones específicas.
La respuesta más sólida no está en la negación automática, sino en la capacidad de las instituciones mexicanas para investigar, procesar y sancionar sin esperar que las acusaciones lleguen desde el extranjero.
Partido bajo prueba
Rocha Moya reveló que uno de los mayores desafíos de Sheinbaum puede encontrarse dentro de su propio movimiento. Morena concentra poder, pero también gobernadores, grupos regionales, intereses administrativos y estructuras construidas durante el sexenio anterior que no necesariamente obedecen al mismo plan de vuelo.
El tercer año exigirá determinar si la presidenta puede transformar la popularidad en disciplina interna. Cada caso que involucre a funcionarios de Morena medirá la distancia entre el discurso de regeneración pública y la disposición real para investigar a los propios.
El episodio de Víctor Rodríguez Padilla planteó otra prueba de congruencia. El exdirector de Pemex fue exhibido en un video agrediendo físicamente a su esposa, María Felicia Jiménez, quien denunció públicamente la violencia y solicitó protección.
Sheinbaum sostuvo que no habría impunidad ni protección para el exfuncionario, mientras las autoridades iniciaron investigaciones y quedó cancelada su posible reincorporación a otro cargo público.
El caso adquirió una dimensión particular para un gobierno encabezado por la primera presidenta y construido alrededor de la expresión “tiempo de mujeres”. La congruencia de esa promesa debe medirse precisamente cuando el acusado pertenece a los círculos del poder. La intervención posterior fue necesaria, pero también deja abierta la pregunta de si las instituciones habrían actuado con la misma velocidad sin la divulgación del video.
Las movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación abrieron un frente distinto. Durante semanas, sus protestas, plantones y bloqueos presionaron al Gobierno y aprovecharon la atención internacional del Mundial de Futbol para visibilizar demandas laborales y sociales.
Las marchas no impidieron la realización del torneo, pero elevaron el costo político, operativo y reputacional. Sheinbaum tenía que mantener los espacios públicos y garantizar los eventos sin criminalizar la protesta; negociar sin aceptar todas las condiciones y preservar el orden sin recurrir a una respuesta represiva.
El conflicto recordó que la concentración institucional de poder no elimina las resistencias sociales. Morena puede dominar las urnas y el Congreso, pero continúa enfrentando organizaciones con agendas propias y capacidad para disputar las calles.
La cuenta
A las presiones políticas se suma una ecuación financiera cada vez más exigente. El Gobierno debe sostener los programas sociales, financiar infraestructura, fortalecer la seguridad, mejorar salud y educación, atender las obligaciones de Pemex y estimular una economía sometida a la incertidumbre estadounidense.
Los programas de bienestar constituyen el mayor activo social de la 4T, pero su costo seguirá aumentando. Haberlos convertido en derechos constitucionales protege a los beneficiarios y dificulta que futuras administraciones los eliminen, aunque también obliga al Estado a garantizar recursos permanentes.
Hasta ahora no se ha producido una reforma fiscal profunda que amplíe sustancialmente la recaudación. El Gobierno enfrenta así una pregunta que no puede aplazarse indefinidamente: cómo pagar un Estado social más amplio sin elevar irresponsablemente la deuda, deteriorar las finanzas o reducir inversión en servicios indispensables.
Pemex permanece como otro foco de presión. Su función estratégica convive con una carga financiera que absorbe recursos y reduce el margen disponible para otras prioridades. Los rescates y transferencias pueden evitar una crisis inmediata, pero no sustituyen una solución estructural.
El Plan México, los polos de desarrollo y la atracción de inversión extranjera forman parte de la respuesta de Sheinbaum. También muestran que el proyecto económico de la 4T no representa una ruptura total con los instrumentos de mercado. El Gobierno combina transferencias sociales, intervención estatal y defensa de empresas públicas con apertura a capitales, relocalización industrial e integración norteamericana.
Esa mezcla explica la idea de una tecnocracia de izquierda, pero su viabilidad dependerá de que produzca crecimiento. Sin una economía más dinámica, los programas sociales terminarán disputando recursos con salud, educación, seguridad e infraestructura.
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Democracia pendiente
La concentración de poder facilita la aprobación de reformas y reduce la posibilidad de bloqueo opositor. También incrementa la responsabilidad presidencial. Cuando un gobierno posee mayorías legislativas, control territorial y respaldo ciudadano, resulta más difícil atribuir sus limitaciones a adversarios externos.
Morena ha profundizado su predominio electoral, pero eso no equivale necesariamente a una ampliación de la vida democrática. Las elecciones, las campañas y las mayorías son indispensables, aunque insuficientes para construir participación social, deliberación pública y contrapesos efectivos.
La mañanera permite a la presidenta fijar agenda, responder cuestionamientos y comunicarse sin intermediarios. No sustituye, sin embargo, la evaluación independiente ni la autocrítica. Un gobierno que controla gran parte de la conversación pública corre el riesgo de confundir su propia narrativa con la realidad.
El problema no es que Sheinbaum tenga poder, sino el uso que haga de él. La concentración puede acelerar decisiones necesarias o convertirse en una estructura que reduzca controles y normalice la autocomplacencia.
Balance de poder
El tercer año: cuatro pruebas para un gobierno con margen
Sheinbaum inicia la nueva etapa con activos políticos excepcionales. La evaluación dependerá de cómo los transforme en resultados.
Prueba 01 Construir autoridad propia
Prueba 02 Recuperar territorio
Prueba 03 Disciplinar a Morena
Prueba 04 Financiar la continuidad
La pregunta decisiva: ¿la concentración de poder servirá para resolver problemas estructurales o solamente para administrar la continuidad?
Tercer año
Después del Segundo Informe, Sheinbaum recorrerá las 32 entidades y cerrará el ejercicio de rendición de cuentas con un acto en el Zócalo de la Ciudad de México. La gira tiene un significado que rebasa la comunicación gubernamental.
La presidenta llevará su balance directamente a los estados, adaptará el mensaje a las prioridades regionales y reforzará su relación con las estructuras locales. También podrá mostrar respaldo, establecer distancias y evaluar a los gobernadores de Morena cuando el calendario político comienza a orientarse hacia las elecciones de 2027.
Será una operación de rendición de cuentas, pero también de reafirmación territorial. Si la mañanera concentra la comunicación en Palacio Nacional, la gira extenderá la presencia presidencial por todo el país.
Sheinbaum llega a esta etapa con condiciones que muchos gobernantes desearían: aprobación cercana a 70 por ciento, una oposición debilitada, mayorías legislativas y el partido dominante del sistema político. También enfrenta una combinación excepcional de presiones: Trump, la revisión anual del T-MEC, la penetración criminal, las fracturas internas de Morena y una cuenta fiscal cada vez más difícil.
El Segundo Informe puede enumerar programas, obras, inversiones, empleos, detenciones y reducciones estadísticas. El balance de fondo, sin embargo, comenzará después de la ceremonia.
Durante dos años, Sheinbaum demostró que podía mantener el timón, conservar la cohesión de la 4T y resistir la presión estadounidense. Ahora deberá probar que también puede corregir la herencia, disciplinar a su movimiento, recuperar territorio y construir una administración con identidad propia.
El 68.4 por ciento de aprobación es una fortaleza, pero también eleva la exigencia. Con tanto respaldo y tanto poder acumulado, el tercer año ya no podrá medirse únicamente por la estabilidad ni por la continuidad. Tendrá que medirse por los resultados.
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