En el sureste mexicano se concentra casi una de cada cuatro investigaciones por pornografía infantil registradas en el país. Entre enero y septiembre de 2026, siete entidades de la región acumularon 75 de las 325 carpetas de investigación reportadas por las fiscalías al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Tabasco aparece en sexto lugar nacional, con 11 expedientes, mientras Quintana Roo ocupa el segundo puesto, con 48.
El dato describe una concentración territorial poco visible en las estadísticas generales de seguridad. Quintana Roo reúne por sí solo 64% de las investigaciones del sureste; Tabasco aporta 14.7% y Oaxaca, con nueve expedientes, otro 12%. En contraste, Veracruz y Yucatán no registraron una sola carpeta durante los primeros nueve meses del año, una diferencia que obliga a mirar más allá de la clasificación nacional.
La disparidad plantea una interrogante que las estadísticas oficiales no resuelven: ¿hay más delitos en las entidades que investigan o existen mayores capacidades para detectarlos? La ausencia de expedientes tampoco demuestra que niñas, niños y adolescentes estén libres de explotación sexual. Puede reflejar, entre otros factores, barreras para denunciar o diferencias en la identificación y clasificación de los hechos.
La revisión realizada por El Tabasqueño de la base estatal del Registro Nacional de Incidencia Delictiva, con corte a septiembre de 2026, permite identificar los contrastes regionales de un delito cuya dimensión real resulta difícil de establecer y que puede permanecer oculto en teléfonos celulares, cuentas digitales y relaciones aparentemente cotidianas.
Una de cada cuatro investigaciones está en el sureste
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Quintana Roo concentra la alerta regional
Nuevo León encabeza la clasificación nacional con 106 carpetas, equivalentes al 32.6% de las investigaciones del país. Le siguen Quintana Roo, con 48; Ciudad de México, con 47; Baja California, con 40, y Aguascalientes, con 14. Después aparece Tabasco, con 11 expedientes, seguido de Oaxaca, con nueve, una posición que coloca a dos entidades del sureste entre las siete primeras del país.
Los cuatro primeros estados concentran 241 investigaciones, es decir, 74.2% del total nacional. La distribución es desigual y no responde a un patrón geográfico único: aparecen entidades fronterizas, un destino turístico internacional y la capital del país. Esa diversidad impide identificar una sola explicación para la concentración de las investigaciones y obliga a considerar las distintas capacidades de las fiscalías.
En el sureste, la distancia también es considerable. Quintana Roo registró 48 carpetas; Tabasco, 11; Oaxaca, nueve; Chiapas, cinco, y Campeche, dos. Veracruz y Yucatán quedaron sin registros bajo esta clasificación, mientras las cinco entidades restantes acumularon las 75 investigaciones regionales, equivalentes al 23.1% de las reportadas en todo México.
El comportamiento mensual refuerza el contraste. Abril fue el periodo con más investigaciones regionales, al contabilizar 18 expedientes, de los cuales 13 correspondieron a Quintana Roo. En Tabasco, el máximo mensual ocurrió en junio, con tres carpetas; mayo fue el único mes sin registros. La distribución muestra que las investigaciones no mantienen un ritmo uniforme a lo largo del año.
Las cifras colocan a Quintana Roo como principal foco estadístico de la región, pero no permiten vincular automáticamente sus expedientes con la actividad turística, la presencia de visitantes extranjeros o determinadas redes delictivas. Establecer esas relaciones requeriría información sobre las circunstancias y ubicación de las investigaciones ministeriales que no aparece en la base pública.
La interpretación tampoco puede reducirse a que las entidades con menos expedientes tienen mejores condiciones de protección infantil. Las carpetas miden presuntos delitos registrados por las autoridades, no la totalidad de agresiones cometidas ni el número de víctimas. Ese límite adquiere especial importancia en conductas que pueden involucrar amenazas, coacción, intercambio de archivos digitales y abuso de relaciones de confianza.
Tabasco: un problema que volvió a repuntar
El sexto lugar nacional no constituye un hecho aislado en Tabasco. Los antecedentes de la Fiscalía General del Estado, difundidos en septiembre de 2026, documentan 63 denuncias por pornografía infantil entre 2020 y el corte de ese año, con una trayectoria que primero descendió y después comenzó a revertirse. La evolución permite observar un problema persistente, aunque las cifras no explican por sí solas las razones de sus variaciones.
En 2020 fueron registradas 14 denuncias; en 2021, once; en 2022, cinco, y en 2023, cuatro. La cifra aumentó a seis durante 2024 y alcanzó 13 en 2025. Para septiembre de 2026, la información estatal difundida reportaba diez, una menos que las 11 carpetas incluidas en el registro nacional utilizado para este análisis. Las fuentes disponibles no permiten determinar por sí solas el origen de esa diferencia.
El comportamiento muestra un repunte de los registros después del mínimo alcanzado en 2023, aunque sería incorrecto presentarlo como prueba directa de un incremento equivalente en los abusos. Una mayor cantidad de denuncias también puede estar relacionada con la detección de conductas que anteriormente permanecían ocultas, una diferencia fundamental cuando se analiza un delito que puede desarrollarse fuera de la vigilancia de las autoridades.
Tabasco, sexto lugar entre 32 entidades
Carpetas por pornografía infantil · Enero–septiembre de 2026
La distribución municipal ofrece otra señal. De acuerdo con la información histórica atribuida a la Fiscalía estatal, Centro concentra 49 de los 63 expedientes, aproximadamente 78% del total. Macuspana registra tres; Cárdenas, Centla, Cunduacán, Paraíso y Tacotalpa contabilizan dos cada uno, y Teapa, uno. Así, ocho municipios aparecen en el registro histórico difundido.
La concentración en Centro no necesariamente identifica al municipio como el lugar donde más agresiones ocurren. Su mayor población, la ubicación de instituciones de justicia y las posibilidades de presentar denuncias pueden influir en el volumen de investigaciones. Al mismo tiempo, la escasa presencia de expedientes en otros municipios plantea dudas sobre las condiciones para detectar y denunciar esta clase de delitos.
También destaca la composición de las víctimas reportadas: 34 niños y 29 niñas. La diferencia cuestiona la percepción de que la explotación sexual mediante imágenes afecta exclusivamente a menores del sexo femenino. En ambos casos, la violencia puede permanecer oculta por temor, vergüenza o dependencia respecto de las personas responsables.
La información deja planteada otra pregunta: si Centro concentra la mayor parte de las denuncias, ¿qué ocurre en los municipios donde prácticamente no aparecen expedientes? La estadística no permite distinguir entre ausencia de hechos, dificultades para identificarlos o falta de denuncias. Esa incertidumbre impide interpretar los registros más bajos como una garantía de protección.
Junio registró el mayor número de carpetas
Distribución de las 11 investigaciones por pornografía infantil iniciadas entre enero y septiembre de 2026.
La violencia que no llega a denunciarse
La distancia entre los expedientes oficiales y la posible dimensión del problema aparece con mayor claridad en una investigación internacional presentada en México durante junio de 2026. El estudio Disrupting Harm México, elaborado por UNICEF, ECPAT International e INTERPOL, estimó que uno de cada ocho adolescentes usuarios de internet sufrió alguna forma de explotación o abuso sexual facilitado por tecnología durante el periodo estudiado.
La estimación equivale aproximadamente a 1.6 millones de adolescentes, pero no significa que existan 1.6 millones de víctimas del delito específico de pornografía infantil ni que se trate de carpetas ministeriales comparables con las del SESNSP. El estudio abarca distintas modalidades de violencia sexual digital y se basa en una encuesta nacional realizada como parte de una investigación desarrollada entre 2023 y 2025.
Sus resultados, sin embargo, permiten dimensionar el silencio que acompaña a estas agresiones. UNICEF encontró que 32% de los adolescentes afectados no contó a nadie lo ocurrido y que menos del 1% de los incidentes identificados fue denunciado ante la policía. Entre las barreras señaladas aparecen la vergüenza, el miedo, el desconocimiento de mecanismos de ayuda y las dificultades para reconocer la gravedad del abuso.
El organismo también advirtió que 64% de las víctimas conocía previamente a la persona agresora. Podía tratarse de amistades, parejas e incluso familiares, una realidad que contradice la idea de que el principal peligro digital proviene siempre de desconocidos. La explotación puede comenzar en relaciones de confianza y continuar mediante amenazas, manipulación o difusión de imágenes.
La investigación recogió el testimonio de una víctima que describió las consecuencias de la circulación de imágenes íntimas: “Sentí que todas las personas que me vieron no me vieron a mí, veían mis fotos”. La declaración, difundida por UNICEF, resume una característica especialmente grave de esta violencia: el daño puede prolongarse después de la agresión inicial, particularmente cuando el material permanece almacenado o continúa circulando.
Una escuela, una familia o una autoridad pueden intervenir cuando el hecho es conocido. Pero si la víctima no logra revelar lo sucedido o desconoce cómo pedir ayuda, la agresión puede permanecer fuera de cualquier registro oficial. Por eso, las 325 carpetas reportadas en México no deben confundirse con una medición de la cantidad real de niñas, niños y adolescentes afectados.
Investigar no es lo mismo que castigar
El problema también exige observar qué sucede después de la denuncia. Una carpeta de investigación representa el inicio de una indagatoria, pero no acredita por sí misma la responsabilidad penal de una persona ni garantiza que el caso llegue ante un juez. La distancia entre denunciar, judicializar y obtener una sentencia constituye uno de los principales aspectos pendientes para evaluar la respuesta institucional.
En Tabasco existen antecedentes de investigaciones que han avanzado a etapas judiciales. En febrero de 2025, la Fiscalía estatal informó de la vinculación a proceso de dos personas por delitos relacionados con pornografía infantil y corrupción de menores, además de trata de personas en uno de los casos. Las detenciones se realizaron en Cunduacán, después de una investigación iniciada a partir de una denuncia.
Más recientemente, el 19 de junio de 2026, la propia Fiscalía reportó una sentencia condenatoria contra un hombre identificado como Luis “N” por pederastia y pornografía infantil. Por este último delito recibió una pena de 12 años de prisión, además de otra condena de diez años por pederastia. El caso acredita que algunas investigaciones pueden avanzar hasta una resolución judicial.
Ambos antecedentes confirman que existen procedimientos que han derivado en decisiones de los tribunales, aunque no permiten establecer cuántas de las 63 denuncias históricas terminaron en sentencias, cuántas fueron archivadas o cuántas continúan abiertas. Esa información resulta indispensable para conocer la capacidad institucional de persecución del delito y sus resultados.
La eficacia de una fiscalía no debe medirse únicamente por los expedientes iniciados. También importa su posibilidad de identificar víctimas, conservar evidencia digital, localizar responsables, acreditar los hechos ante los tribunales y evitar nuevas agresiones. Cuando existen archivos digitales, la investigación puede requerir conocimientos especializados y cooperación entre distintas autoridades.
El desafío es particularmente complejo cuando intervienen plataformas tecnológicas, dispositivos personales o servicios digitales capaces de almacenar información fuera de la jurisdicción donde se presenta la denuncia. La especialización de los investigadores y la conservación adecuada de la evidencia se vuelven fundamentales para impedir que los procedimientos se agoten en el registro estadístico.
La estadística cambió; el desafío permanece
Los números de 2026 deben leerse, además, bajo una consideración metodológica. Desde enero, el SESNSP utiliza el nuevo Registro Nacional de Incidencia Delictiva, que amplió de 53 a 71 las conductas contempladas en el sistema estadístico nacional. La actualización fue aprobada en septiembre de 2025 y busca ofrecer información más detallada sobre los delitos reportados por las fiscalías.
El cambio obliga a revisar cuidadosamente cualquier comparación histórica y a evitar que variaciones en los registros sean atribuidas automáticamente a cambios en la criminalidad. Los antecedentes de la Fiscalía de Tabasco permiten observar la evolución de sus denuncias locales, mientras la base nacional de 2026 ofrece una fotografía de la distribución territorial bajo la clasificación vigente.
Pero ninguna modificación metodológica elimina la cuestión central que muestran los expedientes del sureste. Quintana Roo concentra casi dos terceras partes de las investigaciones regionales. Tabasco figura entre las seis entidades con más carpetas del país y presenta antecedentes de repunte en sus denuncias locales. Veracruz y Yucatán, mientras tanto, reportan cero casos bajo esta clasificación durante los nueve meses revisados.
La diferencia puede reflejar realidades distintas, capacidades institucionales desiguales o dificultades para identificar hechos que por su naturaleza tienden a permanecer ocultos. Sin información adicional sobre las investigaciones y sus resultados, ninguna explicación aislada puede darse por demostrada. Lo que sí puede afirmarse es que la seguridad de niñas, niños y adolescentes no se mide únicamente por el número de denuncias que ingresan a una fiscalía.
El estudio de UNICEF muestra que muchas víctimas ni siquiera cuentan lo sucedido. Los antecedentes judiciales de Tabasco prueban que es posible perseguir estos delitos y obtener condenas, pero todavía falta conocer qué proporción de las investigaciones consigue llegar a ese resultado. También falta determinar qué mecanismos existen para identificar y proteger a quienes nunca consiguen presentar una denuncia.
Las 11 carpetas colocan a Tabasco en sexto lugar nacional. Las 75 investigaciones sitúan al sureste bajo una alerta estadística. Ninguna de las dos cifras revela, por sí sola, cuántas víctimas permanecen fuera del alcance de la justicia. Y allí reside la verdadera dimensión del problema: no solamente en los delitos que el Estado consigue registrar, sino en aquellos que todavía no logra descubrir.