PARAÍSO.— A menos de 48 horas de que el Cabildo de Paraíso designara a María Eliza Hernández Flores como presidenta municipal interina, tres frentes distintos se movieron el domingo para disputarle el terreno político al proceso que la llevó al cargo, mientras el gobernador Javier May salía a blindarla con el argumento de la autonomía municipal.
El primero en aparecer fue el propio secretario del Ayuntamiento, Carlos Alberto Ramón Güemes, quien en un mensaje difundido este domingo calificó de “atípicos” los hechos de la semana y denunció una presunta campaña de miedo en redes sociales para inhibir la marcha convocada en apoyo al alcalde con licencia, Alfonso Baca Sevilla, investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) por uso ilícito de atribuciones, tortura, portación de armas de uso exclusivo del Ejército, posesión ilícita de hidrocarburos y narcóticos.
Güemes no ofreció pruebas de la supuesta operación de intimidación que denunció, y evitó pronunciarse sobre el fondo de la investigación federal contra su jefe político.
Una marcha que politiza el expediente judicial
Horas después, integrantes de Movimiento Ciudadano marcharon del Centro Social al parque Central de Paraíso. El coordinador nacional de Vinculación Agropecuaria del partido, Pedro Jiménez León, definió el caso como “justicia selectiva” y lo enmarcó como revancha por la derrota de Morena en 2024.
La coordinadora estatal, Karla Rabelo Estrada, pidió que ni el gobierno estatal ni los partidos intervengan en la investigación, mientras la diputada Fanny Vargas Vázquez exigió “alto total a la persecución política”. El coordinador municipal, Luis Alberto Gómez Gutiérrez, fue más allá al describir el operativo como un despliegue de intimidación contra trabajadores y familias.
Ninguno de los oradores mencionó a Hernández Flores; el blanco discursivo fue exclusivamente la FGR y el proceso contra Baca.
El antecedente que explica la tensión
Paraíso cambió de color político en 2024, cuando Movimiento Ciudadano le arrebató la alcaldía a Morena, un resultado que en la geografía electoral tabasqueña sigue leyéndose como una excepción incómoda para el partido en el poder estatal.
Esa memoria reciente es la que activa a Jiménez León cuando habla de “revancha”. Que May haya optado por el lenguaje de la autonomía municipal, y no por el silencio, es una señal que MC no puede usar como munición para su relato de persecución, ni alimenta la sospecha de Andrade sobre un supuesto interés estatal en la caída de Baca.
El tercer frente sí apuntó a la nueva alcaldesa. El ex gobernador Manuel Andrade Díaz difundió en sus redes una fotografía de lo que presentó como una querella fechada el 5 de junio de 2026, presentada ante la Fiscalía del estado por Hernández Flores y su pareja, Alexis Palma Córdova, contra Baca y otros cinco funcionarios. Para Andrade, que la propia edil interina figure como denunciante “despierta muchas sospechas” sobre el trasfondo del caso, y sumó la postura de May al saludar la designación como un elemento que, dijo, “confirma las sospechas”.
El señalamiento de Andrade deja una pregunta sin resolver: la denuncia que exhibe fue presentada ante la Fiscalía estatal, mientras que quienes ejecutaron el operativo contra Baca fueron autoridades federales de la FGR, en una investigación con expediente propio. Esa diferencia de competencias no aparece explicada en el posicionamiento del exgobernador, y es justamente ahí donde se sostiene o se cae la tesis de que el nombramiento de Hernández Flores nació viciado.
May responde con la Ley Orgánica
El gobernador cerró el fin de semana con un mensaje directo: la alcaldesa interina “va a contar siempre con nuestra solidaridad, con nuestro apoyo”. May situó el respaldo en el terreno institucional, no en el político: recordó que el Cabildo actuó “en el ámbito de su autonomía”, que los ediles paraiseños “fueron producto de una elección popular, de un mandato del pueblo” y que hay una Ley Orgánica que el Ejecutivo estatal dice respetar.
Con ese respaldo explícito del gobierno del estado, el intento de deslegitimar a Hernández Flores queda, por ahora, más aislado en la voz de Andrade que respaldado por un frente político amplio. Pero el domingo dejó claro que Paraíso enfrenta dos batallas simultáneas: una por convertir en agravio político la detención de Baca, y otra, más quirúrgica, por cuestionar desde el origen a quien hoy ocupa la silla que él dejó vacante.
Lo que sigue
La alcaldesa interina tiene 90 días de mandato antes de que el Cabildo defina el destino del cargo. En ese plazo decidirá también si ratifica o remueve a funcionarios como Güemes, decisión que Andrade adelantó como la prueba que, a su juicio, confirmará o desmentirá sus sospechas. El respaldo de May, entre tanto, fija una línea que el gobierno estatal no parece dispuesto a cruzar: reconocer el mandato del Cabildo sin entrar al terreno donde MC y Andrade libran disputas distintas sobre el mismo expediente.
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