CDMX.— A partir de mañana, lunes 24 de agosto, el teléfono celular dejará de ser sólo un asunto disciplinario dentro del salón. Se convertirá en materia de una consulta nacional que podría modificar su uso en las escuelas de México.
Durante el lunes 24 y martes 25 de agosto, más de un millón de docentes debatirán si los dispositivos deben permitirse, restringirse o sujetarse a nuevas reglas. El ejercicio abarcará más de 200 mil planteles antes del regreso a clases.
Antes de que un alumno saque el teléfono durante una clase, la escuela deberá responder una pregunta todavía pendiente: ¿quién fija el límite y quién se responsabiliza de hacerlo cumplir?
La Secretaría de Educación Pública llevará esa discusión al Consejo Técnico Escolar, una semana antes del regreso de unos 23 millones de estudiantes. Las clases comenzarán el 31 de agosto, conforme al calendario escolar 2026-2027.
“Queremos que los maestros y las maestras propongan, debatan qué es lo que tenemos que hacer con la presencia de dispositivos digitales en las escuelas”, explicó Mario Delgado Carrillo.
Mucho más que apagar teléfonos
El ejercicio no significa que los maestros aprobarán directamente una prohibición nacional. Su opinión servirá para construir reglas sobre cuándo, cómo y para qué podrán utilizarse los dispositivos.
Ese matiz importa. Un teléfono puede distraer, pero también funciona como recurso pedagógico, herramienta de emergencia o apoyo para estudiantes con necesidades específicas.
Además, una restricción obliga a resolver problemas concretos. Las escuelas tendrían que decidir si los aparatos permanecen apagados, dentro de las mochilas o bajo resguardo institucional.
Para las familias de Tabasco, el debate tampoco será abstracto. Una regla nacional puede modificar rutinas, canales de comunicación y responsabilidades por pérdida, daño o robo.
El problema comienza cuando la política educativa baja a la puerta del salón. Retirar cientos de teléfonos exige personal, controles, espacios y protocolos que muchas escuelas no tienen.
Por ello, prohibir resulta más sencillo que administrar la prohibición. La experiencia de Nuevo León muestra esa tensión: la legislación contempla depósitos temporales, pero los planteles esperan reglas operativas.
El poder detrás de Usicamm
La SEP abrirá simultáneamente otra discusión más delicada. Del 26 al 28 de agosto, los docentes de escuelas públicas responderán un diagnóstico sobre el sistema que sustituirá a la Usicamm.
Las preguntas abordarán quién debe evaluar y cuánto deben pesar la preparación profesional, los conocimientos, la antigüedad y la experiencia pedagógica.
Aquí no está en juego un aparato, sino la distribución de plazas, promociones y ascensos. Es decir, una parte central del poder laboral dentro del sistema educativo.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo prometió una consulta “escuela por escuela”, después de las movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.
“¿Para qué seguimos solamente encerrados en una discusión que no nos está llevando a ninguna salida?”, cuestionó la mandataria al anunciar el proceso.
No obstante, consultar a las bases no elimina las disputas. Sindicatos, autoridades y grupos internos buscarán influir sobre cualquier mecanismo que reparta nombramientos y posiciones directivas.
Las orientaciones oficiales del Consejo Técnico Escolar presentan el cuestionario como un diagnóstico previo. Por tanto, todavía falta conocer cómo se convertirán las respuestas en decisiones vinculantes.
Una corriente internacional
México entra tarde, pero no aislado, a la discusión sobre teléfonos escolares. La UNESCO reporta que 114 sistemas educativos mantienen prohibiciones nacionales. Representan 58 por ciento de los países.
Sin embargo, la tendencia internacional tampoco ofrece una receta única. Algunas naciones prohíben; otras permiten que cada escuela construya sus propias restricciones.
El verdadero desafío será evitar una regla uniforme para escuelas profundamente desiguales. No enfrenta la misma realidad un plantel urbano conectado que una comunidad donde el teléfono representa el principal acceso digital.
La consulta abre la conversación, pero no resuelve todavía quién asumirá los costos. Tampoco define quién responderá cuando la regulación falle.
En las aulas se discutirán dos asuntos distintos, aunque unidos por una misma pregunta: cuánto poder tendrá cada escuela para aplicar decisiones tomadas desde el centro.
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