CDMX.— Un ciudadano común no decide quién entra armado a su territorio. Esa decisión se juega esta semana entre Buenos Aires, Washington y la Ciudad de México, y de ella depende si Estados Unidos actuará solo o de la mano de las autoridades mexicanas contra el crimen organizado.
El director de la Administración de Control de Drogas (DEA), Terry Cole, advirtió que funcionarios mexicanos de alto nivel han dado protección al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Lo dijo en entrevista con N+Univisión, en el marco de la Conferencia Internacional para el Control de Drogas (IDEC 2026), celebrada en Buenos Aires.
Cole señaló que Juan Carlos Valencia González, “El Pelón”, sucesor de Nemesio Oseguera, “El Mencho”, tras su muerte el 22 de febrero, figura entre los objetivos prioritarios. “Se observa corrupción gubernamental en México, con funcionarios de alto nivel que trabajan directamente con los cárteles”, afirmó.
El pasado 5 de agosto, el Departamento de Justicia ofreció hasta 25 millones de dólares por información sobre Valencia González, además de otros 75 millones de dólares por datos sobre otros miembros del cártel. Por ello, la presión de Washington no es retórica: tiene precio fijado en dólares.
No obstante, Cole matizó el tono confrontativo al hablar de su relación con el secretario Omar García Harfuch. Aseguró que ambos intercambian información “no solo sobre objetivos mexicanos”, sino también en operaciones conjuntas dentro de territorio mexicano. Aun así, no descartó una acción unilateral si el presidente Donald Trump lo ordena: “Sean cuales sean sus órdenes, las ejecutaremos”.
Omar García Harfuch afirma que el gobierno mexicano ha investigado a funcionarios de todos los partidos por igual.
— N+ UNIVISION (@nmasunivision) August 23, 2026
Puedes ver la entrevista completa en ViX y nuestro canal de YouTube. Cada domingo estrenamos episodio de #EstaSemana, el nuevo programa de @iliacalderon en N+… pic.twitter.com/uGdK1vvahY
La respuesta desde Palacio Nacional
Harfuch respondió sin rodeos en entrevista con Univisión: “Nuestra ley no permite que haya fuerzas extranjeras en nuestro país”. En este sentido, defendió que la cooperación bilateral se mueve dentro de límites que marca la Constitución, no de un discurso diplomático.
El funcionario expuso resultados del gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo: una reducción de 51% en el promedio diario de homicidios, hasta 44, y la detención de 85 servidores públicos vinculados al crimen organizado.
Además, reportó más de 2 mil 700 narcolaboratorios desmantelados y 80 toneladas de cocaína aseguradas en alta mar. Citó como ejemplo el operativo de febrero contra “El Mencho”: “Fue una operación desarrollada, planeada y ejecutada por el ejército mexicano”.
El límite constitucional
Cuestionado sobre agentes estadounidenses operando en suelo mexicano, Harfuch fue tajante: “Por parte del gobierno federal no ha ocurrido”. Sin embargo, admitió que existe un caso en una entidad federativa bajo investigación de la Fiscalía General de la República (FGR).
Esa distinción —gobierno federal versus entidad estatal— abre una grieta en el discurso de soberanía absoluta. Por ello, el episodio no se resuelve con declaraciones: mientras la DEA acumula recompensas y expedientes, México sostiene que la ley, no la presión, marcará el límite de la cooperación.
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