Héctor I. Tapia
El Instituto Nacional Electoral no sólo enfrenta un escándalo de contratos: comienza a conocerse la dimensión de las investigaciones abiertas en su interior. El Órgano Interno de Control indaga a por lo menos 15 funcionarios y exfuncionarios, ocho personas físicas y 18 empresas por posibles irregularidades relacionadas con contrataciones y manejo de recursos públicos. El lodazal administrativo precipitó la salida de Guadalupe Taddei, pero no ha detenido las ambiciones de quienes estuvieron cerca de su presidencia.
Uno de ellos es Jorge Montaño Ventura, el consejero tabasqueño cuyos gastos de viáticos y representación superan 1.15 millones de pesos entre 2024 y junio de 2026. Identificado con el grupo de Taddei, ahora aparece sondeando apoyos entre sectores de la oposición para intentar ocupar provisionalmente la presidencia del INE, según información publicada por La Política Online. La paradoja es evidente: mientras el instituto enfrenta una crisis de rendición de cuentas, uno de sus aliados políticos busca colocarse al frente de la institución.
En esta segunda entrega, El Tabasqueño abre diez expedientes de comisiones oficiales realizadas por Montaño durante 2024. Los documentos permiten reconstruir vuelos internacionales, hoteles en Montevideo y Beverly Hills, consumos en Bolivia y restaurantes en distintas ciudades mexicanas. Son gastos distintos de las contrataciones investigadas por el OIC, pero obligan a examinar otra vertiente del mismo desafío institucional: cómo se autoriza, ejerce y comprueba el dinero público en un organismo que necesita recuperar su credibilidad.
Diez expedientes, una ruta
La documentación entregada por el INE identifica diez expedientes de comisiones realizadas por Jorge Montaño durante 2024. No representan la totalidad de sus movimientos financieros de ese año, pero ofrecen una muestra de cómo se integraron los desplazamientos del consejero. Cada carpeta contiene distintos tipos de comprobantes y, en varios casos, ajustes fiscales que obligan a diferenciar el importe originalmente facturado de la cantidad finalmente reconocida.
El primer expediente corresponde a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el 6 y 7 de enero. Después aparece San José, Costa Rica, del 24 al 26 de febrero. En mayo, el consejero viajó a Ciudad de Panamá y posteriormente realizó una comisión que comprendió Saltillo y Mérida. En junio regresó a Saltillo. Para octubre y diciembre, los registros muestran una sucesión de desplazamientos nacionales e internacionales.
Entre el 18 y el 21 de octubre estuvo comisionado a Morelia. Del 24 al 28 viajó a Montevideo, Uruguay. Apenas tres días después comenzó una comisión a Los Ángeles, del 31 de octubre al 6 de noviembre. En diciembre aparecen Chiapas, los días 7 y 8, y La Paz, Bolivia, del 12 al 17. Cinco de las diez carpetas corresponden a desplazamientos internacionales y varias de las nacionales comprenden más de una ciudad o servicios contratados fuera del destino principal.
Reproducir la relación original de diez comisiones de 2024, con nombre del consejero, destinos y periodos. Debajo, incorporar una tabla interactiva que permita consultar el motivo declarado y los comprobantes de cada expediente.
Los viajes no constituyen por sí mismos una irregularidad. La observación de elecciones extranjeras, la participación en actividades institucionales y las reuniones con autoridades electorales pueden formar parte de las responsabilidades de un integrante del Consejo General. Pero la existencia de una comisión autorizada tampoco vuelve incuestionable cada boleto, cada estancia o cada consumo. La obligación de rendir cuentas comienza precisamente donde termina la explicación genérica de que el viaje fue oficial.
Montevideo, la factura de casi 59 mil pesos
Una de las carpetas más reveladoras es la correspondiente a Montevideo. Montaño fue comisionado del 24 al 28 de octubre de 2024 para integrar una delegación institucional que acompañaría el desarrollo de las elecciones nacionales de Uruguay, por invitación de la presidencia de su Corte Electoral. El propio formato de transparencia del INE establece ese motivo y registra que el consejero entregó un informe de comisión el 25 de noviembre.
El desplazamiento quedó asentado por 68 mil 952 pesos. Entre los documentos aparece una factura de Viajes Premier por 58 mil 902 pesos, correspondiente al recorrido México–Panamá–Montevideo–Panamá–México. También figura una nota de crédito por 365.40 pesos, cuyo ajuste deja el importe de esa operación aérea en 58 mil 536 pesos con 63 centavos. La diferencia importa porque una factura original no siempre representa el costo neto.
La documentación hotelera corresponde al Radisson Montevideo, con un comprobante por 436 dólares. El expediente permite conocer el establecimiento y el importe de hospedaje, pero exige mantener separados los conceptos y monedas para evitar duplicaciones. No sería correcto sumar nuevamente la factura aérea y la estancia al gasto total de la comisión como si fueran erogaciones independientes que no estuvieran contempladas en los registros institucionales.
Colocar la factura aérea original junto con la nota de crédito. Identificar el importe antes y después del ajuste, sin alterar los comprobantes ni presentar la cantidad del boleto como si fuera el gasto total del viaje.
La comisión tuvo una finalidad electoral identificable y existe un informe registrado. Esa circunstancia permite elevar el escrutinio: no se trata de preguntar solamente cuánto costó llegar a Uruguay, sino qué actividades desarrolló la delegación, qué resultados documentó el consejero y cuáles fueron las condiciones de contratación de sus servicios. Un desplazamiento oficial debe poder justificarse por su propósito, pero también por la racionalidad de los recursos utilizados.
La cuenta de Montevideo constituye uno de los ejemplos más claros de la investigación. Casi 59 mil pesos en una factura aérea y una comisión global cercana a 69 mil pesos permiten dimensionar el costo de una actividad institucional fuera del país. No prueban un exceso normativo, pero sí colocan la decisión de gasto bajo una exigencia concreta: demostrar que las condiciones de traslado y alojamiento correspondían a las necesidades del servicio público.
Beverly Hills y la cuenta hotelera
La siguiente escala internacional comenzó apenas después. Del 31 de octubre al 6 de noviembre, Montaño estuvo comisionado a Los Ángeles, California. Uno de los comprobantes originales corresponde al Sofitel Los Angeles at Beverly Hills, establecimiento en el que se documenta una estancia del 3 al 6 de noviembre, con cargos por 1,035.20 dólares. El registro hotelero consigna el importe y su liquidación dentro de la cuenta del huésped.
El comprobante no abarca todos los días de la comisión y tampoco identifica, por sí solo, quién asumió finalmente el costo del hospedaje. Esa distinción resulta indispensable para reconstruir correctamente el expediente. Lo que sí permite establecer es la utilización del establecimiento durante parte del viaje, así como el precio documentado por las tres noches. El resto del desplazamiento debe interpretarse conforme a los demás registros oficiales disponibles.
Insertar el comprobante original del hotel, señalando discretamente las fechas del 3 al 6 de noviembre y el importe de US$1,035.20. No repetir la galería fotográfica completa del establecimiento publicada en la primera entrega.
La estancia en Beverly Hills aporta una imagen poderosa, pero el problema de fondo no es la fama del barrio ni la categoría comercial del hotel. Es la necesidad de conocer qué criterios institucionales se utilizaron para elegir los servicios y cómo se relacionaban con el motivo de la comisión. La austeridad no se demuestra mediante discursos: también se expresa en las decisiones concretas de contratación y consumo.
La revisión de estos expedientes tampoco permite convertir todos los hospedajes en una misma categoría de gasto. Las condiciones de disponibilidad, los precios, las tarifas institucionales y los compromisos de las agendas pueden variar entre destinos. Por eso la documentación debe presentarse con precisión. Exhibir cuánto costó una habitación resulta informativo; determinar si fue excesiva requiere contrastarla con las reglas y circunstancias aplicables.
Bolivia: restaurante, minibar y hospedaje
La última comisión internacional del año llevó a Montaño a La Paz, Bolivia, del 12 al 17 de diciembre. El INE registró para ese desplazamiento un gasto total de 58 mil 668 pesos. Las facturas aéreas, una vez considerados los ajustes documentados mediante notas de crédito, permiten reconstruir 46 mil 245 pesos en pasajes. El expediente incluye además un estado de cuenta del Hotel Mitru Sur.
El documento hotelero registra cinco noches de estancia y cargos por 3 mil 634 bolivianos. De esa cantidad, 2 mil 610 corresponden al hospedaje y 1 mil 24 a consumos adicionales asociados con restaurante y minibar. El estado de cuenta consigna también un anticipo para cubrir el alojamiento y una cantidad pendiente vinculada con los consumos, según la información registrada al momento de su expedición.
Reproducir la página del expediente que muestra alojamiento, restaurante, minibar, anticipo y total. Mantener los importes en bolivianos y especificar que el documento no determina por sí solo cuáles cargos fueron cubiertos finalmente por el INE.
La distinción es importante. No hay elementos suficientes en ese estado de cuenta para afirmar que la institución terminó pagando todos los consumos adicionales, ni para establecer que éstos incumplieron las reglas. Pero el documento sí muestra el nivel de detalle que debe examinarse cuando se revisan viáticos. Entre el costo de una comisión y el gasto efectivamente reconocido hay una cadena administrativa que debe poder reconstruirse.
Para un organismo que exige comprobaciones detalladas a quienes participan en los procesos electorales, conocer esa cadena no debería ser una concesión extraordinaria. La factura muestra la operación comercial; la autorización administrativa debe explicar su pertinencia. La revisión de Bolivia expone precisamente la distancia que puede existir entre un consumo documentado y su tratamiento definitivo dentro del presupuesto público.
Tres viajes, tres cuentas distintas
Vuelos, hospedajes y ajustes contables en tres comisiones internacionales de 2024. Selecciona un destino para examinar sus principales cifras.
Saltillo, Mérida y los gastos nacionales
Los expedientes nacionales ofrecen otra perspectiva. Durante mayo, Montaño realizó una comisión que comprendió Saltillo y Mérida, con documentación de traslados y hospedaje. En junio volvió a Saltillo, donde aparecen facturas de alimentación y una estancia en Monterrey. El recorrido muestra que las comisiones no siempre se desarrollaron en una sola ciudad y que algunos servicios se contrataron en puntos relacionados con la ruta de transporte.
En el expediente de junio destacan dos consumos por 1,569 y 1,679 pesos, registrados en establecimientos de Nuevo León y Coahuila. Entre ellos se encuentran La Silla, en Apodaca, y Pour la France!, en Saltillo. Las facturas identifican los negocios y los importes, aunque no permiten concluir que todos los alimentos hayan sido consumidos individualmente por el consejero ni que cada comprobante constituya un gasto improcedente.
También existen documentos de hospedaje, transporte terrestre y servicios relacionados con otras comisiones nacionales. En Morelia figuran comprobantes de alimentación, combustible y peajes. En Chiapas aparecen facturas de restaurante y traslado aéreo. Son operaciones de menor espectacularidad que los vuelos internacionales, pero necesarias para reconstruir cuánto costaron las actividades oficiales durante el año.
Los diez expedientes de 2024
Una relación oficial del INE permite reconstruir las comisiones de Jorge Montaño Ventura. Selecciona un destino para revisar las fechas y el alcance de cada registro.
Esta relación identifica diez carpetas documentales. No equivale al total de desplazamientos o gastos registrados por el INE durante 2024.
Explorador con los diez viajes. Cada comisión debe mostrar fechas, destinos, motivo oficial, importe registrado cuando esté identificado y documentos disponibles. El lector podrá seleccionar un expediente sin abandonar la narración principal.
El interés de estas operaciones no reside únicamente en que existan facturas de restaurantes. Se encuentra en su tratamiento institucional. Un gasto de alimentación puede ser perfectamente procedente; lo que debe poder establecerse es la actividad que lo justifica y la forma en que fue autorizado. Ese criterio vale tanto para un consumo nacional de poco más de mil pesos como para una estancia internacional considerablemente más costosa.
La ruta del dinero
La documentación de viajes tiene una característica que se repite: la participación de Viajes Premier en la emisión de boletos. Las facturas incluyen distintos itinerarios, conceptos tarifarios e impuestos, mientras algunas carpetas contienen notas de crédito que ajustan las cantidades originalmente facturadas. La presencia recurrente de una agencia no acredita por sí misma irregularidad; su intervención puede responder a acuerdos contractuales del instituto.
Pero también permite formular preguntas sobre las compras. ¿Qué condiciones tarifarias estaban disponibles cuando se emitieron los boletos? ¿Qué criterios se utilizaron para seleccionar los horarios y conexiones? ¿Cómo se verificaba la aplicación de bonificaciones y ajustes? ¿Quién revisaba que los importes finales coincidieran con las cantidades registradas? Son preguntas de control presupuestal que no desaparecen porque exista un comprobante fiscal.
El caso de Montevideo es ilustrativo: una factura original por 58 mil 902 pesos, una nota de crédito y un importe resultante menor. En Bolivia, la reconstrucción requiere considerar más de una operación aérea. Un expediente fiscal no se interpreta correctamente sumando cada papel que contiene. Deben identificarse anticipos, sustituciones, créditos, pagos efectivos y su relación con el registro oficial.
El INE dispone de áreas administrativas encargadas de realizar esos procesos. La oficina del propio Montaño informó, en septiembre de 2026, que no conservaba las facturas solicitadas y remitió la competencia a la Dirección Ejecutiva de Administración. Esa área proporcionó información y mecanismos de consulta de los comprobantes. La respuesta no demuestra ocultamiento, pero confirma que para reconstruir la cuenta fue necesario acudir a distintas instancias del instituto.
La primera investigación de El Tabasqueño documentó esa separación de responsabilidades. La segunda permite observar por qué importa: detrás de cada comisión existe una serie de decisiones administrativas que deben producir algo más que una carpeta con facturas. Debe quedar claro para qué se realizó el desplazamiento, qué recursos se autorizaron, cuáles se ejercieron y qué actividad institucional se desarrolló.
El lodazal del INE
La dimensión de la crisis del INE comenzó a conocerse con mayor precisión este lunes. El titular del Órgano Interno de Control, Víctor Hugo Carvente Contreras, informó a la Cámara de Diputados que durante 2025 y 2026 se iniciaron 16 expedientes de investigación relacionados con hechos recientemente denunciados. Once corresponden a contrataciones públicas y comprenden, por lo menos, a 15 servidores y exservidores públicos, ocho personas físicas y 18 empresas.
El funcionario también reportó otras 25 investigaciones en materia de contrataciones, derivadas de seis auditorías y ocho revisiones de control. Entre las conductas examinadas figuran posibles conflictos de interés, uso irregular de recursos públicos, incumplimiento de obligaciones de supervisión y anomalías en procedimientos de contratación. Se trata de indagatorias administrativas cuyos resultados todavía deben determinar responsabilidades individuales.
Los señalamientos adquirieron relevancia después de las revelaciones sobre la relación personal atribuida a Taddei con el empresario José Alfredo Hernández Casillas, vinculado con compañías proveedoras del instituto. La investigación periodística también identificó a una persona relacionada con una de esas empresas que figuraba en la nómina del INE. Las autoridades deberán determinar si existieron contratos irregulares, aprovechamiento indebido de cargos o beneficios incompatibles con la función pública.
La gravedad del escenario alcanzó incluso a la Cámara de Diputados. Su coordinador de Morena, Ricardo Monreal, pidió una «sacudida» en el organismo y planteó que quien asuma provisionalmente la presidencia revise la permanencia de funcionarios vinculados con proveedores denunciados o con la administración saliente. Advirtió, además, que la renuncia de Taddei no debe cerrar las investigaciones ni extinguir las responsabilidades que pudieran determinarse.
Ahí se encuentra la contradicción política que rodea a Montaño. Mientras el Congreso exige revisar la estructura heredada de Taddei, uno de los consejeros más identificados con ella aparece buscando respaldos para ocupar temporalmente la presidencia. Las investigaciones del OIC no lo señalan, con la información disponible, como responsable de las contrataciones cuestionadas. Pero sus propios expedientes de viaje colocan otra discusión sobre la mesa: la rendición de cuentas de quienes aspiran a conducir una institución sometida a escrutinio público.
Del bloque de Taddei a la oposición
Mientras sus expedientes de gastos quedan expuestos, Montaño aparece en una nueva disputa de poder. La Política Online informó este 26 de octubre que el consejero busca respaldos entre sectores de la oposición para competir por la presidencia provisional del INE. La versión, atribuida a fuentes consultadas por ese medio, representa un movimiento políticamente significativo para un funcionario identificado durante años con el entorno de Adán Augusto López Hernández y con el grupo que respaldó a Taddei.
Su trayectoria permite comprender la lectura política de ese acercamiento. Montaño llegó al INE en marzo de 2023 mediante la insaculación de la Cámara de Diputados, el mismo procedimiento que llevó a Taddei a la presidencia. En aquella negociación legislativa, Ignacio Mier encabezaba la coordinación de Morena y presidía la Junta de Coordinación Política, mientras Adán Augusto ocupaba la Secretaría de Gobernación. Ambos mantenían una afinidad política pública.
Del círculo de Taddei a la disputa por el INE
La crisis de la presidencia electoral coloca a Jorge Montaño ante una nueva negociación política, mientras persiste el escrutinio sobre sus gastos oficiales.
Consejero del INE desde 2023, identificado políticamente con el entorno de Guadalupe Taddei y mencionado entre quienes buscan apoyos para la sucesión provisional.
El vínculo con Taddei
Montaño integró el grupo de consejeros próximos a la expresidenta durante su gestión. Ambos llegaron al Consejo General mediante la insaculación legislativa de 2023.
Acercamiento opositor
La Política Online reportó el 26 de octubre de 2026 que Montaño sondeaba respaldos entre sectores de la oposición. No equivale a una candidatura formal confirmada.
El relevo provisional
Los diez consejeros restantes deben alcanzar una mayoría para elegir a quien asuma temporalmente la presidencia, mientras la Cámara de Diputados resuelve el relevo definitivo.
Un consejero vinculado con la conducción saliente aparece en las negociaciones para renovar el instituto, cuando sus propios registros de viáticos y representación permanecen bajo examen público.
Mier había manifestado abiertamente su preferencia por Adán Augusto en la contienda interna de Morena por la candidatura presidencial. El secretario de Gobernación participó en conversaciones con el coordinador parlamentario cuando se discutía la integración del órgano electoral. La posterior insaculación no acredita manipulación del sorteo, pero el contexto permite entender por qué la llegada de Montaño, antiguo funcionario electoral de Tabasco, atrajo atención sobre sus vínculos políticos.
A ese historial se añade la controversia por la adquisición de un inmueble para el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. Durante su trayectoria local, Montaño estuvo involucrado en un procedimiento de responsabilidad administrativa relacionado con una compra por 32.6 millones de pesos, frente a un avalúo comercial menor. El Tribunal Electoral federal estableció posteriormente que no existía una sanción individualizada firme y definitiva que le impidiera ocupar una magistratura electoral. No se trata de una condena penal por fraude, pero sí de un antecedente relevante de escrutinio sobre decisiones administrativas.
Ya en el INE, Montaño se convirtió en uno de los integrantes del bloque más próximo a Taddei. Durante 2026, la presidenta designó en áreas estratégicas a funcionarios vinculados profesionalmente con el entorno tabasqueño, entre ellos Mario Alberto Alejo García, antiguo asesor del consejero, al frente de la Unidad Técnica de Fiscalización. Aquellos nombramientos acentuaron las diferencias internas sobre las facultades presidenciales y el control de áreas fundamentales del instituto.
Ahora, con Taddei fuera de la presidencia, la búsqueda de apoyos opositores atribuida a Montaño representa un movimiento de supervivencia política. El consejero identificado con una mayoría interna intenta, según la versión publicada, construir acuerdos más allá del grupo que lo acompañó durante la administración anterior. La negociación no demuestra que cuente con los votos necesarios, pero revela el nuevo terreno en el que se disputará la conducción del INE.
El relevo que no consigue consenso
La salida de Guadalupe Taddei se formalizó el lunes 26 de octubre, después de las investigaciones y señalamientos sobre contrataciones millonarias y posibles conflictos de interés relacionados con proveedores del instituto. Las responsabilidades por esas operaciones permanecen sujetas a investigación. La renuncia abrió, en paralelo, una disputa por el mando provisional de un organismo que se encuentra en plena preparación de las elecciones de 2027.
Los diez consejeros restantes celebraron una reunión que concluyó sin acuerdo sobre quién debía asumir temporalmente la presidencia. Acordaron retomar las conversaciones el martes 27 de octubre, antes de formalizar una eventual designación en el Consejo General. El procedimiento contempla una decisión por mayoría simple, mientras la Cámara de Diputados desarrolla el mecanismo para nombrar a quien ejercerá la presidencia durante el periodo restante, previsto hasta 2032.
Las diferencias internas no son menores. El bloque que respaldó a Taddei conserva integrantes con capacidad de negociación, pero ya no cuenta con la conducción de la expresidenta. Entre los nombres mencionados para el relevo aparecen Montaño, Carla Humphrey, Frida Gómez Puga y otros consejeros. La distribución de apoyos y las posiciones adoptadas durante la gestión anterior serán determinantes para construir una mayoría.
En ese escenario, la pregunta sobre Montaño adquiere una relevancia incómoda. ¿Puede un consejero identificado con la conducción que acaba de entrar en crisis presentarse como alternativa de renovación institucional? La respuesta corresponde a quienes participen en la designación. Pero el debate público tiene derecho a incorporar también su trayectoria, sus decisiones y la manera en que se ejercieron recursos asociados a sus actividades oficiales.
No se trata de exigir que un funcionario deje de participar en un proceso por haber realizado comisiones de trabajo. Tampoco existe evidencia de que los gastos analizados estén vinculados con los contratos que provocaron la crisis de Taddei. El contraste es político e institucional: el posible aspirante a encabezar el organismo es el mismo consejero cuya cuenta de viáticos y representación está siendo examinada públicamente.
La presidencia y las cuentas pendientes
En el expediente de Jorge Montaño aparecen diez comisiones de 2024 que permiten recorrer aeropuertos, hoteles y restaurantes de México y el extranjero. La documentación también permite identificar motivos oficiales, fechas de desplazamiento, facturas originales y ajustes. No constituye, por sí sola, una prueba de desvío de dinero. Sí ofrece una radiografía suficientemente concreta para exigir que la pertinencia de los gastos sea explicada con el mismo rigor que sus importes.
La pregunta trasciende los viajes. El INE atraviesa una crisis de confianza después de las revelaciones sobre contrataciones cuestionadas durante la presidencia de Taddei. Su futuro inmediato dependerá de que los consejeros puedan construir acuerdos y recuperar credibilidad frente a partidos, autoridades y ciudadanos. En esas condiciones, la revisión de los recursos públicos utilizados por quienes pretenden dirigirlo deja de ser un asunto secundario.
Montaño conoce bien los mecanismos del poder electoral. Ha pasado por instituciones locales, por controversias administrativas, por negociaciones políticas y por el Consejo General del organismo nacional. Fue identificado con el entorno de Adán Augusto, respaldó la gestión de Taddei y ahora es mencionado entre quienes buscan acuerdos con la oposición para sucederla. Esa trayectoria explica su capacidad de interlocución, pero también el peso de las preguntas que acompañan sus decisiones.
La primera investigación de El Tabasqueño dejó expuesta una cuenta de 1.15 millones de pesos en gastos registrados entre 2024 y junio de 2026. Esta segunda entrega abrió los expedientes de diez comisiones de 2024 para mostrar sus destinos, servicios contratados y comprobantes. La institución cuenta con los mecanismos para explicar las autorizaciones y resultados de esos viajes. Lo que permanece abierto es el escrutinio público sobre la forma en que se utilizaron los recursos.
El INE se dispone a elegir una nueva conducción mientras su órgano de vigilancia investiga una extensa trama de posibles irregularidades administrativas. La salida de Taddei abrió una vacante, pero también dejó una pregunta sobre el poder que construyó durante su gestión: ¿pueden quienes integraron su círculo político presentarse ahora como responsables de la renovación que exige la institución?
Montaño aparece buscando nuevas alianzas mientras El Tabasqueño documenta los vuelos, hoteles y gastos asociados a diez comisiones oficiales de 2024. Ninguno de esos comprobantes acredita por sí mismo una conducta ilícita. Pero la disputa por la presidencia tampoco vuelve irrelevante su historial de erogaciones.
En un instituto donde se investigan contratos, proveedores y funcionarios, la renovación no puede reducirse a cambiar a quien ocupa la silla principal. También exige revisar las cuentas de quienes pretenden sentarse en ella.
Las alianzas cambian. Las facturas permanecen.
El Tabasqueño. Periodismo Bien Hecho.