El gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, celebró lo que calificó como “un triunfo histórico del pueblo” tras la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de confirmar la reforma judicial, abriendo paso a la elección popular de jueces, magistrados y ministros.
En la conferencia matutina del 6 de noviembre, May no solo defendió la medida como un avance democratizador, sino que la equiparó con las reformas juaristas, subrayando que ahora “no hay poder por encima del pueblo”.
Para él, esta es una señal de justicia democrática; Sin embargo, otros ven en la reforma un riesgo de politización que podría alterar la imparcialidad de la justicia en México.
Además, esta resolución llega en un momento clave para la presidenta, quien con este fallo gana un capital político importante al lograr consolidar uno de los ejes de su agenda de transformación.
Al ver validada la reforma, la administración federal obtiene un respaldo de la Corte que fortalece la narrativa de una “justicia soberana” y alineada con el interés ciudadano, lo que refuerza el liderazgo de la mandataria.
EL ECO DE JUÁREZ Y LA BANDERA DE LA SOBERANÍA POPULAR
La reforma judicial, aprobada en septiembre, ha sido objeto de fuertes críticas y varios intentos de freno por parte de la oposición y algunos ministros de la Corte, quienes presentaron acciones de inconstitucionalidad alegando que la elección popular de jueces compromete la independencia judicial.
De acuerdo con estas voces críticas, permitir que los jueces sean elegidos por votación popular no solo atenta contra la autonomía de la justicia, sino que abre la puerta a la politización del sistema judicial. La Corte, sin embargo, desestimó estas objeciones y dio luz verde al cambio, validando el poder de la mayoría legislativa que impulsó la reforma.
Para May, el fallo va mucho más allá de un simple ajuste administrativo. Al describir la decisión de la Corte como una reafirmación de que “no hay poder por encima del pueblo”, el gobernador de Tabasco alineó su mensaje con la narrativa del Ejecutivo federal, que defiende esta reforma como una medida para erradicar el nepotismo y la corrupción. en el sistema de justicia.
La referencia a la época de Benito Juárez no es accidental: May busca proyectar este cambio como parte de una transformación profunda, similar a la que Juárez emprendió en su tiempo.
¿DEMOCRACIA O RIESGO DE MANIPULACIÓN?
Mientras May define esta reforma como un avance hacia una justicia democrática, sus críticos advierten sobre el peligro que supone para la autonomía judicial.
La idea de que jueces, magistrados y ministros sean elegidos en las urnas abre la posibilidad de que las decisiones judiciales respondan más a la presión de la opinión pública que a un análisis imparcial de la ley.
Incluso, podría significar que la carrera judicial termine politizándose, alterando uno de los principios fundamentales de la justicia: la independencia.
Si bien May y sus partidarios defienden la reforma como una herramienta para combatir el nepotismo y la corrupción en el sistema judicial, esto también plantea el riesgo de que la justicia se vea condicionada por vaivenes políticos.
En muchos sistemas, la politización del Poder Judicial se ha señalado como un peligro que afecta la imparcialidad, favoreciendo a candidatos judiciales más por su imagen o filiación que por su competencia y compromiso con la justicia.
PREPARARSE PARA UN PROCESO INÉDITO
Con el aval de la SCJN, la próxima tarea será implementar el proceso de selección popular de jueces y magistrados, con las primeras elecciones previstas para junio de 2025.
May hizo un llamado a la ciudadanía a participar activamente, asegurando que su administración trabajará en garantizar un proceso que prioriza la justicia.
Sin embargo, la transición a este nuevo modelo implica una serie de retos: el sistema debe establecer parámetros claros para evaluar las credenciales y competencias de los candidatos, y los ciudadanos deberán contar con información adecuada para elegir con responsabilidad.
Este cambio implica una gran apuesta en términos de logística y organización, además de un escrutinio constante para evitar que la justicia se contamine de favoritismos y responda a intereses partidistas. La afirmación de mayo de que “el pueblo gana y México avanza en democracia” es ambiciosa, pero solo el tiempo dirá si esta visión logrará consolidarse.
¿A LA ALTURA DE JUÁREZ O EN LA MIRA DE LA CRÍTICA?
Para Javier May, la reforma judicial que permite la elección de jueces es una victoria para la soberanía popular y una medida que pondrá freno a los privilegios de una “élite judicial”.
Al comparar este momento con las reformas juaristas, la administración federal busca dotar a este cambio de un peso histórico. No obstante, la euforia de este primer triunfo judicial podría desvanecerse si los riesgos de politización se materializan en el sistema judicial y debilitan su independencia.