CDMX.— Por primera vez desde su captura en Paraguay, el Gobierno federal delineó el alcance real de la investigación contra La Barredora: no es sólo la caída de un jefe criminal, sino la reconstrucción judicial de una red con protección institucional, hoy debilitada por testimonios internos, cooperación regional y tropiezos legales del propio Hernán Bermúdez Requena.
El encargado del mensaje fue el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien confirmó que la carpeta ya integra declaraciones de ex mandos policiales, un elemento que marca la transición hacia una nueva etapa procesal.
Bermúdez Requena —detenido el 12 de septiembre de 2025 en Asunción y recluido desde hace 116 días en el Altiplano— es señalado como líder de La Barredora, estructura atribuida a extorsiones, secuestros exprés y control territorial en Villahermosa durante el sexenio estatal anterior.
Contra él pesan una orden de aprehensión estatal y otra federal por delincuencia organizada, esta última aún no cumplimentada por la FGR.
García Harfuch sostuvo que el caso no se agotó en su detención. Recordó la captura previa de Ulises “El Pinto”, su segundo al mando, y la reciente aprehensión de un ex director de la Policía Estatal, cuyo testimonio —junto con otras declaraciones— ya obra en la carpeta federal.
Aunque el Secretario evitó confirmar el uso formal de testigos protegidos, fuentes ministeriales indican que parte de la información proviene de colaboradores bajo resguardo, lo que evidencia una investigación que dejó atrás la persecución individual para enfocarse en la estructura completa.
COOPERACIÓN REGIONAL
El funcionario también reveló que México mantuvo comunicación constante con Panamá, Uruguay, Paraguay y Brasil durante la ubicación del ex secretario. La amplitud de la ruta sugiere no sólo un intento sofisticado de fuga, sino la posible existencia de una línea financiera transnacional, reforzada por el aseguramiento de efectivo en guaraníes, joyas y una camioneta de lujo en su residencia temporal en Asunción.
Aunque García Harfuch dejó la confirmación patrimonial en manos de la Fiscalía, su referencia a estos países —todos asociados a corredores de movilidad irregular y operaciones de lavado— abre una lectura más amplia: la red que sostenía a Bermúdez operaba más allá de Tabasco, con vínculos que hoy forman parte del análisis de inteligencia del Estado mexicano.
CERCO JUDICIAL
La solidez del caso también se reflejó en tribunales. El 19 de diciembre, la Juez Primera de Distrito en Tabasco, Sandra Adriana Carbajal, negó al acusado el amparo con el que buscaba anular su vinculación a proceso y la prisión preventiva impuesta en septiembre.
La resolución ratificó que las imputaciones —incluida la denuncia del empresario Ramón Martínez Armengol, presunta víctima de secuestro y despojo accionarial— están sustentadas en tiempo, modo y lugar para esta etapa procesal.
El frente financiero tampoco favoreció al círculo cercano del ex funcionario. En noviembre, la misma juez rechazó suspender el bloqueo de cuentas del hijo mayor de Bermúdez, ordenado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mientras el ex secretario se encontraba prófugo.
Una segunda hija también impugnó el congelamiento de sus activos, cuya audiencia está programada para resolverse este año.
- Outlander temporada 8 llega a Disney+ el 7 de marzo con el final de la historia de Claire y Jamie
- Credencialización del Servicio Universal de Salud iniciará en abril en Tabasco y México
- IAP Tabasco impulsa profesionalización del servicio público en el estado
En el fuero común, el caso sigue avanzando. El 23 de diciembre, el juez Ramón Adolfo Brown Ruiz amplió por tres meses más el plazo de investigación, ahora vigente hasta el 24 de marzo de 2026, para robustecer pruebas en torno al secuestro de Martínez Armengol. En este expediente permanecen prófugos Eduardo Vázquez Orellana “El Menchito” y el abogado Manuel de Atocha Romero.
Como contexto, la Secretaría de Seguridad Pública de Tabasco ubicó a Bermúdez entre las 27 detenciones más relevantes de 2025, dentro de un año en el que el Estado registró 105 generadores de violencia asegurados, entre ellos 15 miembros de La Barredora y nueve del CJNG.
Con las declaraciones internas, la cooperación sudamericana, los bloqueos financieros y los tropiezos jurídicos acumulados, el caso muestra señales de haber avanzado hacia la etapa de desarticulación institucional, donde las piezas clave ya no están en fuga, sino declarando ante la autoridad.
Falta por ver si la FGR cumplimenta la orden federal por delincuencia organizada o abre nuevas carpetas por el componente patrimonial. Por ahora, el expediente dejó de ser un caso de evasión para convertirse en un mapa completo de responsabilidades
Sigue nuestro canal de WhatsApp
Recibe las noticias más importantes del día. Haz clic aquí