MIAMI.— En un país donde la justicia se mide por los silencios que deja y no por las condenas que produce, el reciente cierre del juicio civil en Miami contra los socios financieros de Genaro García Luna representa una mezcla desconcertante de avance, retroceso y ambigüedad.
La decisión de la jueza Lisa Walsh de dar por concluido el proceso sin una desestimación voluntaria de la parte demandante, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), sella un episodio judicial que buscaba recuperar el rastro de una de las tramas de corrupción más escandalosas del sexenio calderonista.
Lo noticioso es claro: el caso se cierra. Lo que queda es la promesa de un acuerdo, los bienes inmuebles ya vendidos y una jurisdicción judicial que se reserva para hacer cumplir los términos de ese pacto que, oficialmente, nadie ha hecho público.
EL JUICIO QUE PUDO SER EJEMPLAR
La UIF había acusado a los socios de García Luna –Mauricio Samuel Weinberg López, Jonathan Alexis Weinberg Pinto y Natan Wancier Taub– de haber acumulado, mediante empresas fantasma y contratos inflados, decenas de propiedades en Florida.
CLAVES DEL CIERRE DEL CASO
• Valor total estimado de inmuebles vendidos: más de 28 millones de dólares
• Fecha del cierre judicial: 9 de junio de 2025
• Monto original reclamado: 600 millones de dólares
• Sentencia en rebeldía contra García Luna: 2,488 millones de dólares
• Monto efectivamente recuperado: 3.2 millones de dólares
• Propiedades involucradas: 28
• Vendidas antes del juicio: 12
• Vendidas durante el juicio: 6
En total, la demanda inicial ascendía a 600 millones de dólares por contratos públicos presuntamente ilegales.
Durante el proceso, el gobierno mexicano logró que se sentenciara en rebeldía a García Luna y a su esposa, Linda Cristina Pereyra, a pagar 2 mil 488 millones de dólares, el triple del monto originalmente reclamado.
La condena se produjo luego de que ambos se negaran a comparecer. Sin embargo, el optimismo que podía despertar esa sentencia choca con los hechos: hasta ahora, sólo se han recuperado unos 3.2 millones de dólares.
UNA CIFRA Y MUCHOS VACÍOS
El litigio también reveló el interés prioritario del gobierno mexicano en los bienes de los Weinberg. De 28 propiedades identificadas, al menos 18 ya habían sido vendidas por un valor superior a los 28 millones de dólares, 12 de ellas incluso antes de que iniciara el proceso judicial.
En términos reales, el juicio ha quedado atado a una negociación confidencial que implica la comparecencia de los empresarios ante un juez federal en Almoloya, donde deberán concretar un criterio de oportunidad con la FGR a cambio de convertirse en testigos colaboradores.
EL PODER DE LO NO DICHO
La jueza Walsh cerró el caso bajo la idea de que todas las partes implicadas habían avanzado en un acuerdo, y se limitó a conservar jurisdicción para verificar que ese pacto se cumpla.
Desde enero, la Corte había urgido a las partes a resolver el juicio, y todo apunta a que la decisión final está marcada más por la diplomacia judicial que por la claridad jurídica.
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La UIF, por su parte, alega que hubo un error de cálculo de días en los plazos de la jueza y asegura que la situación se “aclarará”. Sin embargo, el expediente dice otra cosa: los reclamos pendientes han sido formalmente desestimados, y el juzgado ha ordenado cerrar el caso.
EL ACUERDO QUE NADIE EXPLICA
Según la UIF, el acuerdo con los Weinberg busca profundizar el conocimiento de la red de corrupción tejida por el exsecretario de Seguridad Pública. El problema es que no hay detalles públicos sobre ese entendimiento, ni garantías de que lo pactado conlleve una devolución sustancial de recursos ni justicia efectiva.
En el fondo, el cierre del juicio deja un sabor a derrota técnica disfrazada de victoria moral. El expediente que prometía desenredar una red de corrupción transnacional termina clausurado con un sello de “acuerdo extrajudicial”.
Para un país que ha exigido justicia y transparencia en el caso García Luna, la decisión judicial en Miami no despeja dudas: las multiplica.
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