Cuando las crisis dejan de ser noticia, suelen volverse costumbre. En Tabasco, los apagones —constantes, en silencio, sin importar el reloj ni el clima— son parte de la rutina doméstica y del deterioro institucional.
Lo que antes fue incidente, hoy es normalidad. Por eso, la visita de la directora general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Emilia Calleja Alor, y la postura del gobernador Javier May no deben leerse como un acto más del protocolo oficial, sino como un intento por romper ese ciclo donde todo se reporta y nada se corrige.
Esta vez, a diferencia de otras, hay un plazo, una agenda y un compromiso de fondo: en menos de un mes, la CFE presentará un diagnóstico completo de la red eléctrica de Tabasco.
No una promesa política, sino un documento técnico que, de cumplirse, significaría el inicio de una reingeniería estructural para uno de los sistemas más deteriorados del sur del país.
DE LA CRISIS AL DIAGNÓSTICO
La declaración vino del secretario de Gobierno, José Ramiro López Obrador: “El ofrecimiento es que, a más tardar en un mes, se presentará un programa de trabajo de la CFE para todo Tabasco”, detalló tras reunirse con funcionarios de la empresa pública y de Petróleos Mexicanos.
El compromiso, derivado del encuentro entre Javier May y la directora de la CFE el viernes 6 de junio, va más allá del diagnóstico. Incluye la permanencia de las 29 brigadas que ya están trabajando en campo y la confirmación de que al menos cinco subestaciones eléctricas —entre ellas las de Cárdenas, Cunduacán, Nacajuca, Tamulté y Centla— están firmes para su construcción.
El secretario fue enfático: “Todas van a salir. Claro, el periodo de construcción toma tiempo. Nos explicaron que estos grandes transformadores que requieren las subestaciones tardan hasta 500 días en ser entregados… no son transformadores normales, son mucho más grandes”, explicó.
LO QUE SE ESTÁ HACIENDO
La acción inmediata ya está en marcha. La intervención de la red eléctrica incluye más de 800 kilómetros de líneas y una red de monitoreo con drones equipados con cámaras termográficas, capaces de detectar sobrecalentamientos y prevenir fallas mayores.
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“Vamos a llevar a cabo todo un plan de mantenimiento que no se ha dado”, reconoció el gobernador en Villa Cuauhtémoc. “Se dejó de darle mantenimiento a toda la red y hoy lo estamos padeciendo”, añadió.
En paralelo, se instalará un Centro de Monitoreo y Respuesta Inmediata que supervisará 33 circuitos prioritarios, con atención especial a comunidades rurales que históricamente han estado fuera del radar federal.
CONTEXTO Y SENTIDO
Lo verdaderamente relevante de este movimiento no es la suma de kilómetros ni la cantidad de cuadrillas. Lo central es que, por primera vez, el gobierno estatal está exigiendo institucionalmente lo que durante años se resolvía con giras, excusas o culpas cruzadas.
El editorial de El Tabasqueño, que coincidió con la visita de la directora de la CFE, lo dijo con crudeza: “Mientras la CFE rinda cuentas solo a la caja central y los estados paguen el costo político de los apagones, el sureste seguirá mendigando voltios”.
Por eso, la propuesta de convertir el mantenimiento en un compromiso público, sexenal y verificable, cobra fuerza. No como amenaza ni chantaje, sino como un modo de institucionalizar la exigencia ciudadana y trasladar la presión social a la planeación energética.
MÁS ALLÁ DE LA ANÉCDOTA
Lo que está en juego no es un diagnóstico: es una oportunidad para transformar una queja histórica en política pública. En un estado que ha sido estratégico para el discurso, pero marginal en la ejecución, este puede ser el primer paso para redefinir la relación entre Tabasco y la infraestructura energética nacional.
“Estamos en buena coordinación con el Gobierno Federal”, señaló May.
“La presidenta Claudia Sheinbaum nos ha apoyado desde el primer momento, y este plan va con respaldo de Pemex, la Sener y la CFE”, subrayó.
Queda ahora el reto de convertir esa coordinación en cronograma. De que el acuerdo no se disuelva en boletines. De que el papel no aguante más apagones.
ANÁLISIS FINAL
Tabasco ha aprendido a vivir en el margen de la red eléctrica nacional. Ha sido generador, pero no beneficiario. Esta vez, el gobierno estatal parece haber entendido que no basta con administrar el enojo: hay que convertirlo en hoja de ruta.
El reto no es menor. Si el diagnóstico se entrega, y si se hace público, será un instrumento de presión legítima. Si no se cumple, solo habrá más sombra. Pero si se convierte en contrato, entonces sí, Tabasco podría inaugurar el primer presupuesto con amperaje del país.