Endurece Washington: presión, fentanilo y la línea roja de México
WASHINGTON.— Más que una disputa técnica sobre operativos antinarcóticos, lo que se juega hoy entre Estados Unidos y México es quién manda en el mapa de la seguridad en el norte del continente.
La filtración al New York Times sobre el interés del gobierno de Donald Trump en que tropas de operaciones especiales y agentes de la CIA acompañen a militares mexicanos, e incluso que drones estadunidenses ataquen laboratorios de fentanilo en territorio nacional, no es un globo de ensayo aislado: es un mensaje político antes de la próxima reunión bilateral de alto nivel en Washington.
Del lado mexicano, la respuesta ha sido clara en la superficie: la presidenta Claudia Sheinbaum ha repetido que siempre ha dicho “no” a la participación de fuerzas armadas estadunidenses en operativos dentro de México.
Del lado estadunidense, el tono se endurece: el Departamento de Estado advierte que considera “inaceptable” el avance gradual y exige “resultados concretos y verificables” contra las redes de narcotráfico, con énfasis en el fentanilo que cruza la frontera.
En medio, un país que depende de la relación con Washington, pero que no puede darse el lujo político de aceptar soldados extranjeros dando órdenes sobre su propio territorio.
UNA PRESIÓN ANUNCIADA
Según el New York Times, la propuesta de la Casa Blanca es que fuerzas de Estados Unidos —tropas de élite o oficiales de la CIA— acompañen a soldados mexicanos en redadas contra presuntos laboratorios y que, en los hechos, dirijan las misiones, tomando decisiones clave mientras los mexicanos aparecen en “primera línea”.
Como complemento, algunos funcionarios presionan para que aviones no tripulados de Washington puedan ejecutar ataques en territorio mexicano. El periódico admite que esto supondría una violación abierta de la soberanía.
Hasta ahora, el gobierno mexicano ha rechazado esa fórmula y ha respondido con contrapropuestas: más intercambio de información, un papel ampliado de Estados Unidos en centros de mando, asesores que compartan inteligencia con mandos nacionales y cooperación técnica, no operativa.
Ya hoy, reconoce el propio gabinete de seguridad, hay asesores estadunidenses desarmados en puestos de mando militares mexicanos, formalmente aprobados por las autoridades nacionales. La discusión ya no es si hay cooperación, sino hasta dónde.
Lo que revela la filtración es un intento de cambiar las reglas del juego: de una colaboración de bajo perfil, negociada caso por caso, a un esquema en el que Washington pretende estar “a cargo” de la persecución al narco, como el propio Trump ha dicho al presumir que tiene “las direcciones” de los cárteles y que pronto habrá “ataques terrestres”.
🚨No es buena idea.🚨
— Albert_Rudo (@Albert_Rudo) January 26, 2025
Mike Vigil ex agente de la DEA, piensa que EEUU, no podría invadir México, sin permiso del gobierno, ya que esto sería una declaración de guerra.
Resaltó la hipocresía de @POTUS, de armar a los cárteles Mexicanos y no reducir el consumo de fentanilo.🤦🏻♀️🤦🏻♀️ pic.twitter.com/Iz8PAMXWDO
UNA HISTORIA QUE NO SE CUENTA COMPLETA
La cooperación en seguridad entre México y Estados Unidos tiene una larga tradición de claroscuros. Durante el juicio a Joaquín “El Chapo” Guzmán en 2019, un agente de la DEA describió con detalle cómo participó en su captura en Mazatlán en 2014, armado y vestido con el mismo uniforme de los marinos mexicanos.
La imagen de un agente extranjero operando como uno más en un operativo “mexicano” ilustra lo que ambos gobiernos suelen negar en público: el papel activo de agencias estadunidenses en operaciones en territorio nacional.
Con el gobierno de Felipe Calderón, la DEA ganó presencia al amparo de la Iniciativa Mérida y de la llamada “guerra contra el narcotráfico”. Después, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador redujo esa injerencia, provocando tensiones con Washington. Pero la cooperación no desapareció: cambió de ventanilla.
Una investigación de Reuters documentó que en los últimos años se fortalecieron las operaciones encubiertas junto a unidades especiales del Ejército, con la CIA como socio privilegiado. La pregunta que ahora pone sobre la mesa el New York Times es si esas operaciones deben salir de la sombra y formalizarse como presencia operativa.
Analistas como Dan DePetris, de Defense Priorities, recuerdan que los gobiernos mexicanos, sin importar el partido, quieren información de inteligencia, pero a condición de que los agentes estadunidenses mantengan un perfil bajo. Lo que Trump y su círculo plantean va en sentido contrario: visibilizar ese papel, hacerlo tema de campaña y convertir la cooperación en trofeo político.
Hoy, Trump declara abiertamente su intención de atacar México
— Sasi Alejandre (@Sasialejandre) November 18, 2025
México ya está en la mira, junto a Colombia y Venezuela. La pantomima de Generación Z solo viene después de ataques a lanchas en Acapulco
Esto decíamos en el estreno de LA OTRA VOZ👉 https://t.co/X0e0sA6KT9 pic.twitter.com/C506eVtddn
LA LÍNEA FINA DE SHEINBAUM
En ese contexto, la posición de la presidenta Claudia Sheinbaum se vuelve un ejercicio de equilibrio complejo. Por un lado, su gobierno necesita mostrar que toma en serio la crisis del fentanilo y que está dispuesto a profundizar la cooperación bilateral: más inteligencia compartida, trabajo en los puertos, controles en aduanas, seguimiento financiero a las redes de narcotráfico, colaboración en los centros de mando.
La reciente llamada entre Sheinbaum y Donald Trump y la conversación posterior entre el canciller Juan Ramón de la Fuente y el secretario de Estado Marco Rubio apuntan en esa dirección: se acordó una reunión ministerial de seguridad en Washington en febrero y se reactivó el grupo de implementación bilateral con fecha del 23 de enero.
Por otro lado, Sheinbaum no puede ceder en el punto simbólicamente más sensible: la presencia de tropas estadounidenses o la autorización de ataques con drones en territorio mexicano.
Aceptar eso sería regalar a la oposición la imagen de un gobierno que entregó la soberanía a cambio de buenos modales diplomáticos, y romper un consenso histórico en la política exterior mexicana.
De ahí la insistencia pública en que la respuesta a ese ofrecimiento ha sido “no” y seguirá siéndolo, aun cuando se abra la puerta a fórmulas de cooperación más profundas en otros frentes.
En este punto, el matiz es relevante. El discurso del Departamento de Estado, que habla de “desmantelar redes de narcoterrorismo” y exige “resultados verificables”, convive con un comunicado conjunto más cuidadoso y con el tuit del embajador Ronald Johnson, que celebra la “profunda cooperación” impulsada por Trump y Sheinbaum y asegura que “juntos podemos construir un futuro más brillante”.
El lenguaje duro para consumo interno en Estados Unidos y el tono diplomático para la región forman parte del mismo juego.
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LA OBSESIÓN DE LOS BOMBARDEOS Y LA FIEBRE INTERNA
No es la primera vez que Donald Trump fantasea con bombardear cárteles en México. Ya en su primer gobierno lo planteó a sus mandos militares, que entonces lograron disuadirlo.
La idea ha regresado en estos años de campaña permanente: ataques con drones sobre laboratorios, incursiones relámpago de fuerzas especiales, acciones que puedan presentarse como “mano dura sin precedentes” contra el narco. El problema es que lo que podría venderse como éxito en Ohio o Texas sería leído en México como humillación histórica.
Mientras tanto, en el país se alimenta otra narrativa. Una parte de la oposición y de ciertos espacios mediáticos insiste en que la Casa Blanca exigiría listas de políticos de la Cuarta Transformación que deberían ser detenidos para demostrar compromiso con la lucha contra el narcotráfico.
Entre “filtraciones” y apuestas sobre el número y nivel de las eventuales capturas, se construye una expectativa tóxica: la idea de que la legitimidad del gobierno mexicano depende de satisfacer la demanda punitiva de Washington.
El escenario real es más prosaico, pero no menos delicado: en las próximas semanas, México tendrá que llegar a la mesa de negociación con una agenda propia y con resultados que no se limiten a cifras bonitas en los boletines.
La presión para “hacer más” contra el fentanilo no va a desaparecer. La pregunta es si ese “más” se traducirá en instituciones mexicanas más fuertes, o en una dependencia todavía mayor de la bota y la inteligencia ajenas.
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