Héctor I. Tapia
El IEPCT llegará a la preparación de las elecciones de 2027 con dos funcionarios que conocen desde dentro sus zonas más sensibles. Rigoberto de la O Gallegos acaba de asumir la Secretaría Ejecutiva y Blanca Eni Moreno Roa volverá, por mandato judicial, a la Dirección de Organización Electoral y Educación Cívica a partir del 2 de noviembre. No son incorporaciones nuevas: ambos formaron parte del organismo durante episodios que dejaron huella en elecciones anteriores.
El regreso de Moreno Roa ocurre cuatro años después de que la Contraloría interna la responsabilizara administrativamente por la impresión errónea de 761 mil 589 boletas de la elección de 2021, cuya reimpresión costó 865 mil 774 pesos. Después de una larga ruta judicial, la sanción fue anulada y el Tribunal de Justicia Administrativa ordenó su reinstalación y la reparación integral de los salarios que dejó de percibir durante su separación.
“Este órgano electoral acata de manera inmediata, madura y plena el mandato judicial”, explicó la presidenta Elizabeth Nava. El monto de los salarios caídos todavía no está definido: deberá fijarse mediante un incidente de cuantificación y, una vez determinado, el Instituto tendrá que solicitar a la Secretaría de Finanzas recursos extraordinarios porque ese gasto no está contemplado en el presupuesto ordinario.
La reinstalación tiene además una consecuencia inmediata: Ricardo Araiza González dejará la Dirección de Organización Electoral para que Moreno Roa retome el cargo. El episodio muestra que una sentencia no sólo repara la situación de una funcionaria; también modifica la estructura operativa con la que el Instituto venía preparando la siguiente elección.
Dos trayectorias que vuelven al centro operativo
Selecciona un nombre y recorre los momentos clave de su historia dentro del Instituto.
Blanca Eni Moreno Roa
Dirección de Organización Electoral y Educación Cívica
Dos historias que vuelven a cruzarse
Rigoberto de la O carga una historia distinta. Durante la elección de Centro de 2015 ocupaba responsabilidades en Organización Electoral, en un proceso que terminó anulado por irregularidades graves en el manejo de paquetes, documentación y cómputos. Salió del Instituto en 2016 y recibió una indemnización cercana al millón de pesos, aunque no existe una resolución que permita atribuirle personalmente un fraude electoral, como algunos actores políticos han afirmado.
Su retorno tampoco comenzó ahora. En abril de 2023 volvió al IEPCT como encargado de despacho de Organización Electoral, precisamente en sustitución de Blanca Eni Moreno. Tres años después fue designado secretario ejecutivo, el principal cargo operativo del organismo, tras la salida de Jorge Alberto Zavala Frías. La secuencia es reveladora: salió de Organización, regresó a Organización y terminó ascendiendo a la Secretaría Ejecutiva.
La trayectoria de Moreno forma una especie de espejo institucional. Fue destituida en 2022, litigó durante años, obtuvo protección federal en 2026 y consiguió la nulidad de la sanción que sustentó su salida. Su regreso, a diferencia del de Rigoberto, no deriva de una decisión discrecional del Consejo, sino del cumplimiento de una sentencia que obliga a restituirla y reparar los efectos de la sanción anulada.
La coincidencia obliga a mirar más allá de los nombres. Centro 2015 y las boletas de 2021 fueron dos de los episodios operativos más delicados del IEPCT durante la última década, y quienes estuvieron vinculados institucionalmente con aquellos procesos vuelven a ocupar posiciones centrales rumbo a 2027. Eso no los convierte automáticamente en responsables de aquellas crisis, pero sí obliga al Instituto a explicar qué cambió para que los errores no regresen con los funcionarios.
El examen será para el Instituto
El propio IEPCT sostiene que aprendió del caso de las boletas. Desde 2022, según la explicación de Elizabeth Nava, existe un esquema de supervisión en el que participan distintas áreas para revisar documentación, materiales y controles de calidad, de manera que una decisión crítica no dependa de una sola persona. La modificación contiene una admisión implícita: el problema de 2021 no podía resolverse únicamente buscando a quién sancionar; también había que corregir el sistema de controles.
Ahí aparece una pregunta que quedó pendiente durante años. Si la sanción contra Blanca Eni terminó anulada, el error material de las 761 mil 589 boletas no desaparece: ocurrió, obligó a reimprimir y generó un gasto público. La nulidad judicial modifica la validez de la responsabilidad administrativa que se le atribuyó, pero no borra el episodio. El vacío que queda es institucional: quién responde por una falla real cuando la sanción que buscaba individualizarla deja de existir.
El punto no es sólo quién vuelve: es qué cambió
Contrasta el problema que reveló 2021 con los controles que el Instituto dice haber incorporado.
Error operativo
La impresión de documentación electoral llegó a una etapa crítica con errores que obligaron a reimprimir boletas.
Responsabilidad individual
La Contraloría investigó responsabilidades personales dentro del área de Organización.
Falla de control
El episodio dejó abierta una pregunta sobre la capacidad institucional para detectar errores antes de imprimir.
También queda una cuenta abierta. El Instituto pagó primero 865 mil 774 pesos por la reimpresión y ahora deberá cubrir una cantidad todavía desconocida por salarios caídos. No son el mismo concepto ni deben sumarse como si provinieran de una sola obligación, pero ambos forman parte de una cadena administrativa iniciada con aquel proceso electoral. El error operativo tuvo un costo; la forma de sancionarlo tendrá otro.
El dirigente de SOMOS, Juan Enoc Alvarado Ribón, acusa una supuesta “mano oscura” del Gobierno estatal detrás de estos regresos y sostiene que ponen en riesgo la elección de 2027. Hasta ahora no existe evidencia pública que demuestre esa intervención, y la reinstalación de Moreno responde a una sentencia. Pero la acusación anticipa el ambiente político que acompañará a un árbitro electoral que tendrá que demostrar independencia no sólo en sus decisiones, sino también en la forma en que administra su propia memoria.
Un error, dos costos públicos
La cadena iniciada con las boletas de 2021 todavía no tiene una factura final.
Monto pagado por la reimpresión de las 761 mil 589 boletas que presentaron errores.
El tribunal deberá cuantificar los salarios que Blanca Eni Moreno dejó de percibir durante su separación.
El reto, por tanto, no consiste en comprobar si Rigoberto y Eni conocen el Instituto: lo conocen de sobra. La pregunta es si el IEPCT que hoy los recibe es institucionalmente distinto al que produjo las crisis de 2015 y 2021. Para 2027, el examen no será únicamente para dos funcionarios que vuelven al centro operativo; será para un organismo obligado a demostrar que aprendió de los errores que alguna vez los acompañaron.