Con la entrega de los primeros 100 certificados de Viviendas del Bienestar “Construyendo Esperanza” 2026, el Gobierno del Pueblo colocó la vivienda como una política social prioritaria y medible.
No fue un acto simbólico: marcó el arranque formal de un paquete de mil casas que se edificarán este año en el municipio de Centro, con un criterio que busca romper inercias históricas de pobreza y precariedad patrimonial.
El gobernador Javier May Rodríguez afirmó que el objetivo no es únicamente levantar muros, sino garantizar certeza jurídica a familias que durante años construyeron sin respaldo legal.
En el fondo del mensaje hay una definición clara de política pública: combatir la pobreza no sólo con transferencias, sino con patrimonio que otorgue estabilidad y futuro.
EJECUCIÓN LOCAL
Acompañado de la alcaldesa de Centro, Yolanda Osuna Huerta, el mandatario subrayó que las acciones de vivienda forman parte de una estrategia coordinada entre estado y municipio.
La entrega de certificados se realizó en las instalaciones de DOFYAS, donde se confirmó que el primer paquete de casas estará listo para habitarse a finales de marzo, lo que introduce un elemento clave: calendario y cumplimiento.
May insistió en que se trata de una política de igualdad de oportunidades, no de asistencialismo.
En ese sentido, reiteró una decisión que ya se aplicó en 2025: las escrituras saldrán a nombre de las jefas de familia, como una medida concreta para reducir la brecha de género y reconocer el papel central de las mujeres en la economía del hogar y la vida comunitaria.
ESCALA Y RECURSOS
El secretario de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, Daniel Arturo Casasús Ruz, aportó el dato financiero que da dimensión al programa: alrededor de 1,200 millones de pesos destinados en 2025 a la construcción de viviendas, una inversión sin precedente en la administración estatal reciente.
La cifra no es menor: refleja una decisión presupuestal que privilegia infraestructura social sobre gasto inercial.
Casasús Ruz fue enfático al señalar que la política de vivienda busca erradicar condiciones que durante décadas normalizaron la pobreza: hacinamiento, pisos de tierra y viviendas vulnerables a las lluvias.
El enfoque, dijo, es elevar la calidad de vida, no sólo aumentar el número de acciones reportadas.
MODELO ESTATAL
Desde el Invitab, su director Daniel Fernández Valenzuela precisó las características técnicas del programa: viviendas de 58 metros cuadrados, diseñadas para cumplir estándares de habitabilidad.
Recordó que tan sólo en 2025 se entregaron 3,200 certificados en los 17 municipios, lo que permitió a miles de familias regularizar su situación y acceder a mejores condiciones de vida.
El gobernador añadió que el plan contempla la construcción de 20 mil viviendas rurales en seis años, alineadas con la política nacional de vivienda de la Cuarta Transformación, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum.
El mensaje implícito es de continuidad institucional: una política social que se ejecuta localmente, pero con respaldo federal.
IMPACTO SOCIAL
La voz de las beneficiarias cerró el acto con un recordatorio del impacto real del programa. Josefina del Carmen Palacio Rivero agradeció la entrega de viviendas dignas y subrayó que el beneficio trasciende lo material: significa tranquilidad, seguridad y un cambio profundo en la vida familiar.
En términos de política pública, el programa deja una señal clara: cuando la vivienda se concibe como derecho y no como favor, se convierte en una herramienta estructural contra la pobreza. El reto, como siempre, estará en la escala, la continuidad y la capacidad de sostener el ritmo de ejecución.
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