Durante casi cuatro años, Hernán Bermúdez Requena tuvo bajo su mando a los policías encargados de proteger a los tabasqueños. Hoy, desde una prisión federal, enfrenta una acusación formal por desaparición forzada: uno de los delitos que las corporaciones a su cargo tenían la obligación de prevenir, investigar y combatir.
La Fiscalía General del Estado formalizó este jueves 22 de octubre la acusación contra el antiguo secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. El expediente apunta hacia una presunta estructura criminal que habría utilizado agentes estatales y municipales para realizar detenciones ilegales, extorsiones y desapariciones. Pero la historia no comenzó con su captura en Paraguay, ni con su llegada al penal del Altiplano.
Para encontrar sus primeros antecedentes judiciales hay que retroceder 20 años. Para entender cómo llegó al poder, basta revisar una declaración de Adán Augusto López Hernández en diciembre de 2019. Y para dimensionar lo que ocurrió después, es necesario volver sobre los informes de inteligencia que señalaban al jefe policial mientras seguía ocupando uno de los cargos más delicados del gobierno estatal.
La primera advertencia llegó en 2006
El 12 de junio de 2006, agentes federales detuvieron a Hernán Bermúdez Requena y lo trasladaron a la Ciudad de México. Su nombre aparecía en las investigaciones relacionadas con el asesinato del ganadero Ponciano Vázquez Lagunes, hermano de Cirilo Vázquez Lagunes, personaje de considerable influencia política en el sur de Veracruz. El crimen había involucrado a hombres que presuntamente utilizaron uniformes de corporaciones federales.
Según una reconstrucción publicada por Reforma, Bermúdez permaneció arraigado durante varios días antes de recuperar su libertad. No existe en los antecedentes citados constancia de una sentencia condenatoria por aquel episodio. Sin embargo, la detención formó parte de una trayectoria que después continuaría dentro de las instituciones de seguridad. El funcionario señalado en aquella investigación no quedó apartado definitivamente del servicio público.
Bermúdez conocía desde años atrás los mecanismos del poder tabasqueño. Había desempeñado responsabilidades en seguridad pública durante el gobierno interino de Manuel Gurría Ordóñez y posteriormente en el sistema penitenciario estatal. Su carrera atravesó administraciones de distinto signo político. Trece años después de aquella detención, recibiría el encargo más importante de su trayectoria: dirigir la seguridad de todo Tabasco.
DE LA ACUSACIÓN AL JUICIO
El caso Bermúdez entra en una fase decisiva. La acusación formal no equivale a una condena: todavía debe superar el examen judicial.
El Ministerio Público reúne los elementos para sostener los hechos atribuidos al exsecretario.
CONCLUIDALa Fiscalía formalizó la acusación por desaparición forzada el 22 de octubre de 2026.
REPORTADA COMO PRESENTADAFiscalía y defensa deberán debatir la admisión de los medios de prueba.
SIGUIENTE FASEUn tribunal examinará las pruebas admitidas, si se dicta el auto de apertura a juicio.
PENDIENTEEl tribunal deberá determinar si se acredita responsabilidad penal y, en su caso, la sanción.
SIN RESOLUCIÓNEl hombre que Adán Augusto consideró necesario
Era diciembre de 2019 y el gobierno de Adán Augusto López preparaba otro relevo en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Ángel Mario Balcázar Martínez dejaba el cargo por motivos personales. El gobernador eligió a Bermúdez, quien había trabajado en el área de investigaciones de la Fiscalía estatal y contaba con una larga trayectoria en las corporaciones policiales.
López Hernández defendió públicamente su decisión. “Es una gente que conoce la Secretaría, ya estuvo en alguna época, cuando era dirección de Seguridad Pública, y había venido trabajando muy bien en el área de investigaciones en la Fiscalía y creo en estos momentos que requerimos a alguien con ese perfil”, declaró entonces. La experiencia del nuevo funcionario fue presentada como una garantía para fortalecer la estrategia contra la delincuencia.
Aquella frase adquiere otra dimensión frente a los acontecimientos posteriores. El mandatario nombró a un funcionario que había enfrentado una investigación criminal años atrás, aunque ese antecedente no constituía una condena ni demostraba responsabilidad en los delitos actuales. La cuestión política es diferente: qué evaluaciones se realizaron antes del nombramiento, qué información estaba disponible y cuáles fueron los mecanismos utilizados para supervisar después al responsable de la seguridad estatal.
PODER BAJO EXAMEN
El caso no solo involucra a un exsecretario. También plantea preguntas sobre la vigilancia institucional de los cuerpos policiales.
Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco
Diciembre de 2019 – enero de 2024
2019–2021
2021–2024
Presunta utilización de policías estatales y municipales en retenes ilegales, privaciones de la libertad y otras conductas delictivas.
Según la información ministerial sobre la causa relacionada con desaparición forzada.
Los informes que señalaban al jefe policial
Mientras Bermúdez permanecía en la Secretaría, documentos militares posteriormente conocidos mediante Guacamaya Leaks registraban señalamientos sobre presuntos vínculos entre mandos policiales y organizaciones criminales. Los reportes atribuidos a la Secretaría de la Defensa Nacional identificaban al funcionario con el alias de Comandante H y lo relacionaban con La Barredora, una organización vinculada con extorsiones, tráfico de combustible y otras actividades ilícitas.
Las investigaciones de inteligencia describían una posible red integrada por antiguos policías, agentes en funciones y operadores criminales. Según la reconstrucción periodística de Reforma, existían informes elaborados entre 2019 y 2022 que advertían sobre esa presunta infiltración institucional. Eran señalamientos de inteligencia, no sentencias judiciales. Tampoco está demostrado, por su sola existencia, quiénes dentro del gobierno conocieron su contenido o qué decisiones tomaron.
Sin embargo, las advertencias coincidieron con un deterioro de la seguridad que alcanzó un momento especialmente visible en diciembre de 2023. Villahermosa padeció balaceras, incendios de vehículos y hechos violentos que también alcanzaron centros penitenciarios. Bermúdez minimizó entonces la existencia de estructuras criminales formalmente organizadas. Un mes después dejó la Secretaría, tras haber permanecido en el puesto durante los gobiernos de Adán Augusto López y Carlos Manuel Merino Campos.
La acusación que alcanza al antiguo mando
Casi tres años después de aquellas jornadas de violencia, el expediente judicial ha colocado al exsecretario ante una acusación concreta. El fiscal Óscar Tonatiuh Vázquez Landeros confirmó que el Ministerio Público presentaría el escrito correspondiente antes del vencimiento del plazo procesal, fijado para el 23 de octubre de 2026. La investigación complementaria concluyó y ahora corresponde discutir las pruebas que podrían llegar a juicio.
20 AÑOS BAJO SOSPECHA
De una detención en 2006 al despacho de Seguridad Pública y la acusación de 2026. Cuatro momentos para entender la trayectoria de Hernán Bermúdez Requena y las preguntas que persisten.
Agentes federales detienen a Hernán Bermúdez en una investigación relacionada con el asesinato del ganadero Ponciano Vázquez Lagunes. El entonces funcionario es trasladado a la Ciudad de México, permanece arraigado y recupera posteriormente su libertad. No se acredita aquí una condena por ese caso.
ANTECEDENTE DE INVESTIGACIÓN“Creo en estos momentos que requerimos a alguien con ese perfil”.Adán Augusto López Hernández, diciembre de 2019, al explicar el nombramiento de Bermúdez como secretario de Seguridad.
Fuentes: Antecedentes periodísticos de Grupo Reforma, documentos atribuidos a Sedena difundidos mediante Guacamaya Leaks y declaraciones de la Fiscalía General del Estado de Tabasco.
“Así es, el día de hoy estará el Fiscal del Ministerio Público correspondiente presentando la acusación en contra de la persona que usted me refiere, que todavía se presume inocente”, declaró el fiscal. Preguntado sobre lo que seguía, respondió: “Vamos a esperar la apertura. En este momento le hago referencia por desaparición”. La precisión jurídica resulta indispensable: acusar no significa demostrar culpabilidad, y la apertura de juicio tampoco equivale a una sentencia.
En la misma causa aparecen implicadas otras 18 personas, de acuerdo con la información ministerial. Bermúdez enfrenta además procedimientos relacionados con secuestro agravado, extorsión y asociación delictuosa, por los cuales se ha solicitado una pena acumulada de hasta 154 años de prisión. Son expedientes cuya resolución dependerá de las pruebas admitidas y valoradas judicialmente. La Fiscalía deberá demostrar no solamente la comisión de los delitos, sino la responsabilidad específica de los acusados.
Las preguntas que siguen abiertas
Detenido en Paraguay en septiembre de 2025, Bermúdez permanece recluido en el penal federal del Altiplano. En agosto de 2026 difundió un escrito donde rechazó pertenecer a la delincuencia organizada y denunció una presunta persecución política. Su defensa tiene derecho a controvertir las acusaciones y presentar pruebas. Ninguno de los señalamientos actuales puede considerarse una culpabilidad establecida mientras no exista una sentencia condenatoria.
Pero el proceso también deja preguntas que difícilmente quedarán resueltas con una sola sentencia. ¿Qué conocían las autoridades sobre los antecedentes del secretario? ¿Quién recibió los informes de inteligencia? ¿Se investigaron sus contenidos? ¿Cómo se supervisaban las operaciones policiales? La responsabilidad penal de sus antiguos superiores no puede presumirse por haberlo nombrado o mantenido en el cargo. La responsabilidad política e institucional, en cambio, exige explicaciones sobre esas decisiones y controles.
La justicia tiene ahora la tarea de esclarecer las desapariciones investigadas, identificar a sus responsables y contribuir a determinar el destino de las víctimas. El poder público enfrenta otra obligación: explicar cómo funcionaba la institución que Bermúdez dirigió. Entre la detención de 2006, el nombramiento de 2019 y la acusación de 2026 transcurrieron dos décadas. Lo que todavía falta establecer es cuánto se sabía, quién lo sabía y por qué aquellas advertencias no impidieron que la historia llegara hasta aquí.