Una oficina que la ley trataba como apoyo del gobernador será, a partir del 1 de enero de 2027, una dependencia más de la administración estatal. El Congreso local lo aprobó este jueves 22 de octubre con 32 votos a favor y uno en contra, el de Fabián Granier Calles, único diputado del PRI en la legislatura.
La reforma a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo la presentó el gobernador Javier May Rodríguez el 7 de octubre, y la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales la dictaminó el 15. El texto lo dice sin rodeos: se trata de reconocer a la Oficina de la Gubernatura “como una Dependencia de la Administración Pública Centralizada, sin alterar su naturaleza de órgano de apoyo directo a la persona Titular del Poder Ejecutivo ni las atribuciones que actualmente tiene conferidas”.
Esa última frase importa más que la primera. Nadie está inventando una oficina nueva ni repartiendo funciones nuevas. Lo que se mueve es la categoría. El dictamen argumenta que la oficina “no constituye únicamente una estructura auxiliar de carácter administrativo”, porque tiene organización interna, titular, unidades y atribuciones previstas en la ley, y que por eso conviene “armonizar la denominación y naturaleza jurídica” con lo que hace todos los días.
Cómo opera hoy y cómo operará
Hasta ahora, la Oficina de la Gubernatura despachaba la agenda del gobernador, organizaba sus giras, daba seguimiento a los acuerdos, convocaba al gabinete y conducía la comunicación del Ejecutivo. Pero su dinero lo administraba la Secretaría de Administración y Finanzas. Esa es la parte que cambia.
Los transitorios arman una transición con calendario. Finanzas seguirá ejerciendo el presupuesto de la oficina hasta el cierre de 2026 y deberá gestionar, este mismo año, que su estructura orgánica quede aprobada y que aparezca como dependencia en el proyecto de Presupuesto de Egresos de 2027. Después, en un máximo de 90 días naturales desde el 1 de enero, se transferirán a la nueva dependencia los recursos financieros, materiales, técnicos, documentales y humanos, con actas de entrega-recepción.
El gobernador, por su parte, tendrá otros 90 días, contados desde que se apruebe la estructura, para emitir el reglamento interior. Al personal se le garantizan antigüedad, derechos laborales y seguridad social. Nuestra lectura: es una transición cuidadosa, de las que dejan los papeles en orden antes de mover la silla.
Transparencia con nombre propio
El transitorio cuarto es el de mayor alcance para el ciudadano y el menos comentado. A partir del 1 de enero de 2027, la oficina entra al padrón de sujetos obligados del Instituto de Transparencia. Hasta hoy, quien preguntaba por ella le preguntaba a Finanzas.
En adelante, la oficina contestará por sí misma, con su gasto y su operación a la vista. Finanzas cerrará las solicitudes que reciba hasta el último día hábil de 2026 y publicará la información del cuarto trimestre de ese año.
Para una administración que ha puesto la austeridad y la rendición de cuentas en el centro de su discurso, el cambio juega a su favor. Una oficina con renglón propio en el presupuesto y obligación propia de responder se explica mejor ante el ciudadano que una cuyo costo vive repartido en otra dependencia.
Quién la conduce
La titular es Sylvia Aylin Olvera Pérez, quien asumió el 30 de diciembre de 2025, tras la salida de Fernando Vázquez Rosas, que dirigió la oficina de enero a diciembre de ese año. Cuando se anunció el relevo, el gobernador fue claro: ella ocuparía el cargo que dejaba Vázquez Rosas: “ahí estará en el encargo que tenía Fernando”. A Olvera le tocará conducir lo que viene, desde los trámites de 2026 hasta la entrega-recepción de 2027.
La historia tiene varios capítulos. Según el dictamen, la Ley Orgánica de 2018 retiró la categoría de dependencia a las oficinas que integraban la Gubernatura, para tener “áreas administrativas ágiles” y evitar “estructuras burocráticas excesivas”. La reforma publicada el 16 de diciembre de 2024 incorporó a la oficina de forma expresa a la administración centralizada, dentro de la reingeniería que May anunció al asumir el cargo: la nueva ley de noviembre de 2024 redujo las dependencias de 16 a 14 y las subsecretarías de 34 a 25.
Desde entonces, la oficina ha crecido en tareas. En diciembre de 2025 se le adscribió la Agencia Estatal de Transformación Digital, con atribuciones en simplificación de trámites y gobierno digital. Con más funciones y más personal, el reconocimiento formal que llega ahora responde a esa evolución.
1. Hasta el 31 de diciembre de 2026
2. 1 de enero de 2027
3. En 90 días naturales desde el 1 de enero
4. En 90 días naturales desde que se apruebe la estructura
5. Para el personal
Hacia dónde va
El año 2027 mostrará el tamaño real de la oficina. Habrá que mirar tres papeles: la estructura orgánica que se apruebe, el renglón que reciba en el Presupuesto de Egresos y el reglamento interior. Con el artículo 20 derogado, la ley ya no enlista las unidades de la oficina, y eso quedará en esos documentos, como ocurre con otras dependencias. Es una lectura nuestra del texto, que aún debe publicarse en el Periódico Oficial.
En la misma sesión, el Congreso aprobó con 33 votos a favor la ley que crea el Instituto de Educación para Adultos de Tabasco.