Cuando un juez tabasqueño renuncie o muera, el pueblo no decidirá quién ocupa su lugar. Al menos no de inmediato. Esa es la letra fina de la reforma que el Congreso local aprobó esta semana.
Con el voto mayoritario de Morena y sus aliados del PVEM y el PT, el Pleno avaló cambios a la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley de Revocación de Mandato y la Ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado.
El primer dictamen eleva el actual Centro de Especialización Judicial a Universidad Judicial, encargada de formar, evaluar, certificar y actualizar a los servidores del Poder Judicial. Además, redefine algo más sensible: quién llena las vacantes cuando un cargo se libera antes de tiempo.
La letra fina que incomoda
El diputado del PRD Nelson Gallegos Vaca puso el dedo en la llaga. Ante una vacante de juez, será el Órgano de Control Administrativo quien nombre al interino; si se trata de un magistrado, decidirá el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, a propuesta de su presidente. En ambos casos, la persona designada permanece en el cargo hasta la siguiente elección judicial.
“Se nos dijo que ya no deberían ser las élites las que decidieran quién ocupa los cargos judiciales. Se nos dijo que ahora el pueblo iba a decidir. Pues resulta que cuando aparece una vacante, el pueblo desaparece de la ecuación”, denunció Gallegos Vaca desde la tribuna.
Por Morena, el diputado Manuel Gurría Reséndez defendió el dictamen como parte de una agenda de actualización institucional que camina junto al Ejecutivo estatal. Según explicó, la reforma busca personas juzgadoras mejor formadas y procedimientos con plazos ciertos, “a la altura de los tiempos”.
No obstante, ahí está el punto de fondo: la modernización que persigue el dictamen no necesariamente contradice el reclamo opositor. Ambas cosas conviven en la misma reforma, y de esa tensión se alimenta el debate.
Revocación de mandato: un año más de espera
El segundo frente fue la Ley de Revocación de Mandato. Cuando Javier May Rodríguez tomó protesta en octubre de 2024, anunció que sometería su gestión a este ejercicio al tercer año de gobierno, es decir, hacia 2027. La reforma aprobada ahora traslada la consulta al primer domingo del cuarto año, un corrimiento de un año dentro del mismo periodo constitucional.
Para la diputada del PRD Claudia Gómez, ese ajuste viola la legislación electoral. “Estamos a las puertas del proceso electoral local 2026-2027 y el Congreso pretende cambiar una regla electoral fundamental cuando el plazo previsto por el artículo 105 de la Constitución Federal ya transcurrió”, advirtió.
Revocación de Mandato
Del tercer al cuarto año: así se recorre la consulta de revocación. Toca un botón para comparar.
Javier May anunció al tomar protesta que su gobierno se sometería a revocación de mandato en el tercer año, hacia 2027.
El corrimiento de un año aleja la consulta de la coyuntura electoral de 2027, según advierte la oposición.
Por ello, insistió en que el propósito real de la reforma es evitar que la consulta se celebre en 2027 y hacerla coincidir con una jornada electoral posterior. La discusión, dijo, no es si la reforma aplica, sino qué consecuencia busca producir.
En este sentido, la diputada de Morena Verónica Castillo respondió que no hay truco alguno. “Las reformas y adiciones que estamos discutiendo no tienen sorpresas ni trucos para nadie. Simplemente integran a la legislación secundaria lo que establece la Constitución Federal y la Constitución Local”, sostuvo, y acusó a la oposición de buscar confundir a la población.
El fondo del asunto
Tabasco llega a este debate en plena antesala del proceso electoral 2026-2027. Cualquier ajuste al calendario institucional, por técnico que se presente, se lee en clave política.
La tensión no es nueva en la historia institucional del estado. Desde la centralización del poder en la era madracista hasta la construcción del actual aparato morenista, Tabasco ha vivido ciclos donde el diseño legal termina moldeando quién manda y por cuánto tiempo.
Lo que hoy se vota en el Congreso no cierra el debate. Lo traslada a los tribunales electorales, donde probablemente se resolverá la distancia entre el calendario original de la revocación y el que ahora propone la reforma.
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