Frente a un fin de semana de marchas, denuncias cruzadas y señalamientos en Paraíso, Javier May Rodríguez optó por la ruta menos ruidosa: fijar postura legal, respaldar a la alcaldesa temporal y devolver el caso al terreno de la Fiscalía.
En conferencia de prensa, el gobernador descartó que el proceso penal contra el alcalde con licencia, Alfonso Jesús Baca Sevilla, tenga motivación política, como acusó Movimiento Ciudadano (MC) tras la marcha del domingo.
“Nosotros no tenemos ninguna injerencia en ese tema, no es un tema político, nosotros no politizamos ninguna acción ni hay persecución política”, afirmó May. La frase busca cerrar, de un golpe, el relato que MC construyó durante el fin de semana.
El deslinde que blinda al proceso federal
May insistió en que la carpeta de investigación no la lleva la Fiscalía estatal, sino la Fiscalía General de la República (FGR). Esa precisión no es menor: separa al gobierno estatal del origen de las acusaciones contra Baca.
Además, el mandatario pidió que Baca enfrente el proceso “en el marco que corresponde” y evite litigar el caso en los medios. Reconoció, sin embargo, su derecho a la presunción de inocencia y a una defensa plena.
Respaldo institucional, no político
En este sentido, May reiteró su respaldo a María Eliza Hernández Flores, designada alcaldesa temporal por el Cabildo, y garantizó que los recursos presupuestales de Paraíso no se detendrán durante la transición. No obstante, evitó pronunciarse sobre las acusaciones que el exgobernador Manuel Andrade Díaz lanzó contra ella el fin de semana.
“Yo creo que a todos nos conviene que se sepa la verdad”, concluyó el gobernador, colocando el caso en el terreno de la legalidad y no de la confrontación partidista.
Morena entra al ring, contra MC
Por su parte, el dirigente estatal de Morena, Jesús Selván García, acusó a Movimiento Ciudadano de trasladar una investigación federal al terreno de la movilización política. “La legalidad no puede depender de hasta dónde llegue una investigación”, sostuvo el partido en un comunicado.
Morena fue más lejos: sostuvo que Paraíso “no es un episodio aislado”. El partido recordó la violencia armada durante la jornada electoral del 2 de junio de 2024 y la vinculación a proceso, en mayo de 2025, del entonces subdirector de Seguridad Pública Municipal.
Por ello, el partido guinda pidió que las autoridades hagan su trabajo sin condenas anticipadas ni trato especial, y acusó a MC de movilizar militantes ajenos al municipio.
La apuesta tiene un costo: menos control del relato
Optar por el silencio en lo político tiene una contrapartida. May no se pronunció sobre la denuncia que Andrade atribuyó a Hernández Flores, ni sobre la fecha del 5 de junio de 2026 que circula en redes como origen del expediente contra Baca. Al quedarse estrictamente en el terreno legal, el gobernador dejó esa disputa —la más delicada del caso— sin respuesta oficial.
Esa omisión deja sin resolver la pregunta que más pesa políticamente en Paraíso: si la alcaldesa temporal fue, en efecto, la denunciante original, su papel en el interinato quedará bajo sospecha permanente para el bloque emecista, más allá de lo que diga la Fiscalía.
En este sentido, la apuesta de May resuelve el frente institucional, pero no el frente narrativo: MC y Andrade siguen sosteniendo su versión sin que nadie del gobierno la haya desmentido punto por punto.
Para MC, el reto cambia de naturaleza. Ya no basta con marchar ni con calificar el caso de persecución: necesita, por ello, una respuesta distinta a la de Morena y May, o su relato quedará aislado entre el gobierno estatal, el partido en el poder y la propia Fiscalía federal que sostiene la acusación contra Baca.
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