Héctor I. Tapia
En el papel, todo era impecable. En 2010, la sociedad mercantil Grupo Comercializadora de Tabasco, S.A. de C.V. fue registrada ante una notaría de Villahermosa. El expediente, consultado en el Tribunal Superior de Justicia de Tabasco, documenta una empresa con socios definidos, objeto social amplio, domicilio formal y la firma de un fedatario. Su constitución parecía idéntica a cientos de actos mercantiles que se redactan anualmente en el estado.
Siete años después, esa misma sociedad apareció en un listado muy distinto: en la relación definitiva de Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS), publicada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en 2017. La autoridad fiscal concluyó que sus operaciones eran inexistentes.
No hubo apelación posible. Para entonces, la empresa ya había participado en contratos, cobrado facturas y dejado un rastro de fraude. “Una empresa puede nacer legal y morir criminal; el problema es que el SAT tarda años en detectarla”, explica el fiscalista Raúl López Deantes.
Un notario tabasqueño —quien pidió anonimato— añade un punto ciego clave: “El acta constitutiva es un acto de fe pública, no una investigación criminal. Nosotros certificamos documentos, pero no investigamos a los socios, ni tenemos acceso automático al INE o al SAT. Así funciona el sistema, no es un secreto”.
La revisión para este trabajo confirma lo que ambos advierten: la legalidad del inicio no garantiza la legalidad del destino. De un universo de 26 sociedades vinculadas a operaciones simuladas, todas fueron constituidas en notarías de Tabasco. No nacieron en la clandestinidad, sino en escritorios con sello y protocolo.
Las fechas son reveladoras: 2010 para la constitución; 2017 para la resolución fiscal definitiva. Siete años de distancia, un periodo en el que el fraude fiscal avanzó más rápido que la supervisión. Este desfase no es una excepción: es el origen silencioso de un patrón que se repite en la entidad.
MATRIZ DEL PROBLEMA
Antes de que una empresa fantasma aparezca en el radar del SAT, existe un patrón recurrente. El fiscalista Raúl López Deantes lo describe sin rodeos: “Estas empresas son cascarones: no tienen trabajadores, no tienen activos y sus domicilios no existen”. Esta triada —sin nómina, sin maquinaria, sin presencia física real— es el sello con el que nacen la mayoría de las sociedades que, años después, terminan en la lista negra del SAT.
Lo más revelador es dónde comienza ese proceso: en la constitución. Las empresas que después serían clasificadas como EFOS se registraron en notarías formales, cumplieron el protocolo de ley y recibieron su nombre, RFC y cuenta bancaria sin obstáculos. “El notario no puede saber si esa sociedad será usada para un acto criminal o para trabajar de verdad”, explica López Deantes.
La falla estructural ocurre después: en la incapacidad del SAT para investigar a fondo a los socios, verificar giros, confirmar activos o contrastar domicilios fiscales. En ese vacío —entre la constitución y la primera declaración anual— ha florecido la facturación ilícita.
Empresas que jamás tuvieron un obrero registrado aseguran construir, transportar, suministrar o asesorar en sectores millonarios como petróleo, salud, agricultura u obra pública. “Están en todos lados porque se dedican a una sola cosa: vender facturas”, sentencia el fiscalista.
El mecanismo se perfecciona con velocidad: la sociedad se constituye, abre cuenta, emite sus primeras facturas y, ante cualquier reclamo, se mueve a otro domicilio fiscal o desaparece digitalmente. Así, Tabasco se convierte, sin proponérselo, en un punto de origen para sociedades que luego operan en Tampico, Monterrey, Campeche o CDMX. “El derecho va atrás y ellos van adelante. Con un teclado cambian de estado”, resume López Deantes.
HALLAZGO CENTRAL
La revisión de 26 actas constitutivas registradas en Tabasco, todas ellas vinculadas a listas oficiales del SAT, reveló un patrón incómodo: tres notarías concentran el 61.5% de las empresas que posteriormente fueron declaradas EFOS. En un ecosistema con más de 90 fedatarios, la recurrencia se estrecha peligrosamente a tres despachos jurídicos.
- Narciso T. Oropeza Andrade: seis sociedades que terminaron clasificadas como EFOS.
- Miguel Cachón Álvarez: cinco constituciones vinculadas a empresas presuntas o definitivas EFOS.
- Adán Augusto López Hernández / Adela Ramos López: cinco empresas hoy señaladas por el SAT.
El cruce completo arroja un dato objetivo: 16 de 26 empresas analizadas fueron constituidas en apenas tres notarías tabasqueñas. Esto no implica acusación penal directa, pero confirma que la arquitectura de las EFOS nació en escritorios formales.
El caso de Grupo Comercializadora de Tabasco —2010 constitución, 2017 EFOS definitiva— ilustra la distancia entre el acto constitutivo y la detección del fraude fiscal. Este salto temporal, repetido en empresas registradas entre 2019 y 2020, demuestra que el patrón sigue vigente.
¿Cómo detecta el SAT a una empresa fantasma?
El artículo 69-B del Código Fiscal establece el camino para identificar a las sociedades que simulan operaciones. El proceso es lento —puede tomar meses o años— y ese desfase explica por qué tantas empresas nacen legales y terminan como EFOS.
PRESUNCIÓN.
El SAT detecta señales de alerta: domicilios falsos, sin empleados, sin activos o con operaciones imposibles de comprobar. Con esos indicios, la empresa se publica en el listado presunto.
DEFENSA.
La compañía tiene 15 días hábiles para demostrar actividad real con contratos,
activos, nómina o entregas de bienes y servicios. En la práctica, muchas ya no existen cuando llega el aviso.
DEFINITIVO.
Si no acredita sus operaciones, el SAT la declara EFOS definitiva. Desde ese momento, todas sus facturas se consideran falsas, y los clientes que las usaron pueden enfrentar consecuencias fiscales.
POR QUÉ TARDA.
“El SAT llega tarde: cuando revisa, la empresa ya desapareció”, resume el fiscalista Raúl López Deantes. El ciclo del 69-B revela el verdadero hueco del sistema: la falla ocurre al inicio, en el acto constitutivo. Por eso tantas empresas fantasma nacen en notarías y mueren en los listados del SAT.
DEBILIDAD ESTRUCTURAL
La proliferación de empresas fantasma no se explica solo por su movilidad, sino por la fragilidad del sistema notarial. Tabasco funciona como una puerta abierta: certifica documentos, formaliza sociedades, pero no verifica identidades, capitales sociales, domicilios, ni giros reales.
“Muchos notarios no están preparados para las auditorías que la UIF comenzará a hacer en 2026. No hicieron la tarea”, advierte López Deantes.
Tabasco ofreció el terreno ideal: contratos petroleros, obra pública, proveedores exprés, dependencia institucional y falta de verificación fiscal. “Una empresa de Tabasco puede operar en cualquier estado con solo cambiar un domicilio digital”, explica el fiscalista.
Varias de las empresas identificadas fueron utilizadas posteriormente en licitaciones públicas, incluso fuera del estado.
COSTO PÚBLICO
Cada factura falsa implica recursos desviados, obras inconclusas y responsabilidades administrativas.
“Los funcionarios no verifican domicilios ni activos, y luego el problema cae sobre ellos”, señala López Deantes.
A partir de 2026, la UIF revisará despachos notariales y el SAT cancelará sellos digitales ante patrones sospechosos. Tabasco deberá reformar su Ley del Notariado y cerrar los huecos que abrieron la puerta al fraude.
Las empresas fantasma que nacieron aquí ya figuran en expedientes nacionales. La decisión ahora es simple: seguir abriendo la puerta o empezar a cerrarla.
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