CDMX.— En medio de la disputa política, económica y territorial por el recurso más sensible del país, la presidenta Claudia Sheinbaum colocó ayer el dedo en la llaga: el acaparamiento de agua no es un mito ni una exageración de funcionarios empeñados en regular el sector, sino una estructura de privilegios ancestrales sostenida por intereses privados, favores políticos y vacíos legales heredados de los viejos gobiernos.
La “defensa del campo” –como algunos líderes presentan las protestas contra la nueva Ley General de Aguas– es, en realidad, la defensa de un negocio redondo que durante décadas convirtió un derecho público en una mercancía con ganancias imposibles de justificar bajo el argumento agrícola.
El mensaje presidencial no sólo responde a la movilización de productores inconformes. Es un diagnóstico político: detrás del debate jurídico hay poderes locales que, bajo el paraguas del federalismo, ampliaron concesiones, concentraron volúmenes millonarios y transformaron las reglas del reparto hídrico en un mercado que favoreció a familias, industrias y operadores incrustados en oficinas estatales.
Lo que la mandataria denuncia –con cifras en la mano– es un sistema que permitió que agricultores con títulos de riego vendieran agua a municipios por ganancias anuales cercanas a los 300 millones de pesos, mientras regiones enteras sorteaban desabasto y perforaciones ilegales.
El punto central es que la discusión dejó de ser técnica. Se convirtió en una disputa ética sobre quién se apropió del recurso y quién lo utilizó para especular. Y ahí aparece un nombre que sintetiza el problema: los LeBarón, cuya red de concesiones en Chihuahua equivale al volumen de 19 mil albercas olímpicas.
No es sólo una cifra espectacular: es la evidencia de cómo el viejo arreglo institucional permitió que funcionarios con vínculos familiares autorizaran constancias, transmitieran derechos y consolidaran un poder hídrico que desbordó su propósito agrícola. En cualquier país, ese dato activaría alarmas políticas; en México, abre un debate que llevaba veinte años postergado.
TIERRA Y AGUA
A ese entramado se suma otro fenómeno menos visible pero igual de corrosivo: la transformación silenciosa de más de 1,500 ejidos y comunidades que, al calor de las reformas salinistas, dejaron de ser espacios productivos para convertirse en nodos de parques industriales, desarrollos inmobiliarios y zonas turísticas.
La tierra cambió de vocación y el agua también: aquello que nació como soporte del cultivo migró hacia la especulación urbana, guiado por mafias agrarias y operadores que vieron en los títulos de concesión una fortuna silenciosa a repartir al margen de la ley. La Procuraduría Agraria lo sintetizó sin rodeos: se generó un “mercado de agua” donde el interés colectivo fue desplazado por la compraventa discrecional.
Frente a ese contexto, Sheinbaum insiste en desmontar la narrativa de que la iniciativa afectará herencias o cancelará el uso comunitario. Su argumento es político y jurídico: el Estado debe recuperar la capacidad de ordenar la distribución del recurso, no para castigar a productores, sino para impedir que los grandes concesionarios sigan operando como intermediarios de un sistema que erosiona al resto del país.
La distinción es clave: regular no es expropiar, pero sí es desmontar el privilegio. Y esa precisión explica por qué ciertos actores, más que defender derechos, defienden intereses.
La oposición a la reforma no es menor. Exfuncionarios de la Conagua, líderes agrícolas y operadores políticos del pasado se movilizan para conservar el modelo que administraron y del cual obtuvieron beneficios.
Bajo ese espejo, el PRI y el PAN encuentran un tema para desgastar al gobierno: alertan sobre una supuesta “estatización del agua”, mientras evitan mencionar que fue en el sexenio de Felipe Calderón cuando se amplió el margen para autorizar concesiones indiscriminadas. Pero los números, como suele ocurrir, cuentan otra historia.
El gobierno intenta corregir esa inercia con una reforma que, aun con ajustes pendientes, busca transparentar y ordenar el acceso. Es un gesto político relevante: la mandataria se juega capital en un tema que, inevitablemente, toca a poderes reales.
No es sólo una batalla legislativa: es la reivindicación del agua como bien público en un país donde los privilegios sobreviven a los sexenios y donde el acaparamiento de agua parece haberse normalizado como parte del paisaje institucional.
La disputa aún no está resuelta. La Cámara de Diputados discutirá la iniciativa en los próximos días y los opositores ya preparan una estrategia de presión territorial. De fondo, sin embargo, se abre una discusión mayor: ¿quién decide el uso del agua en México? ¿El Estado, los concesionarios históricos o un mercado regulado por la especulación? La respuesta definirá no sólo una ley, sino el tipo de país que queremos construir en tiempos de escasez climática y urgencia social.
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