La reforma electoral enviada por Claudia Sheinbaum abrió una disputa política más amplia que el cambio de reglas. El debate real se centra en quién controlará el acceso al Congreso y cómo se distribuirá el poder legislativo.
El INE defendió la permanencia de los OPLES ante la reforma electoral, advirtiendo que eliminarlos no generaría ahorros y sí riesgos operativos, al cargar al árbitro nacional funciones locales especializadas con impacto democrático directo.