CDMX.— El caso Segalmex volvió a los tribunales con una resolución que mezcla sanciones económicas, inhabilitaciones y responsabilidades administrativas por contratos irregulares relacionados con compras de maíz y frijol durante los primeros años de operación del organismo.
El Tribunal Federal de Justicia Administrativa determinó que tres ex funcionarios deberán responder patrimonialmente por operaciones que, según el fallo, fueron autorizadas sin acreditar una emergencia real de abasto en tiendas Diconsa.
La Sala Auxiliar en Materia de Responsabilidades Administrativas Graves del TFJA inhabilitó por 10 años a René Gavira Segreste, ex director de Administración y Finanzas de Segalmex; a Oliverio Pérez Santoyo, ex gerente de Operaciones, y a Miguel Carrillo Villarreal, ex director de Planeación, Precios de Garantía y Estímulos.
Además, ordenó el pago conjunto de 261 millones 211 mil 579 pesos como indemnización por daño patrimonial derivado de contratos observados por autoridades administrativas.
La sentencia, emitida el pasado 10 de abril, concluyó que los ex funcionarios incurrieron en abuso de funciones al aprobar compras emergentes sin documentación suficiente para justificar la urgencia de las adquisiciones. Los magistrados señalaron que no existían elementos comprobables que acreditaran una situación extraordinaria de desabasto, pese a que ese argumento fue utilizado para acelerar contrataciones y adquisiciones.
De acuerdo con el expediente, fueron autorizados 17 contratos para compra de maíz blanco y dos contratos de frijol, además de servicios de transporte, por montos que superaron los 261 millones de pesos. El tribunal sostuvo que las operaciones se realizaron incluso fuera del esquema de Precios de Garantía, mecanismo diseñado precisamente para subsidiar la adquisición de granos dentro del sistema alimentario federal.
Bajo revisión
La resolución todavía puede ser impugnada ante instancias federales, aunque el fallo ya representa una de las sanciones administrativas más relevantes derivadas de las observaciones hechas sobre Segalmex. El caso también refleja cómo las áreas de control interno comenzaron a endurecer revisiones sobre contratos celebrados durante la primera etapa del organismo creado en 2019 para fortalecer el abasto alimentario nacional.
La demanda que derivó en la sentencia fue presentada por el Órgano Interno de Control de Diconsa, luego de revisar contratos relacionados con compras emergentes que, según las investigaciones administrativas, no contaban con soporte documental suficiente para justificar las excepciones utilizadas en los procesos de adquisición.
LA SANCIÓN
Tribunal federal impuso indemnización millonaria e inhabilitación por contratos emergentes observados oficialmente.
| Concepto | Dato |
|---|---|
| Ex funcionarios sancionados | 3 |
| Inhabilitación | 10 años |
| Indemnización | 261.2 mdp |
| Contratos revisados | 19 |
Nota: El fallo todavía puede ser revisado por tribunales colegiados federales.
En paralelo, René Gavira enfrenta otros procesos judiciales relacionados con operaciones financieras, contratos y adquisiciones observadas por autoridades federales. Sin embargo, este nuevo fallo tiene un peso distinto porque establece responsabilidades administrativas graves y fija una obligación concreta de reparación patrimonial.
El expediente vuelve a colocar atención sobre los mecanismos de supervisión utilizados durante los primeros años de operación de Segalmex, organismo que nació como una apuesta para reforzar la política alimentaria federal y garantizar precios accesibles para productores y consumidores. Las investigaciones derivadas de auditorías y revisiones internas continúan avanzando por distintas vías legales, tanto administrativas como penales.
Efecto institucional
Más allá de los nombres involucrados, el fallo del TFJA también envía una señal institucional sobre el alcance que pueden tener las auditorías administrativas cuando derivan en sanciones económicas, inhabilitaciones y litigios de largo alcance en organismos públicos federales.
El caso Segalmex se mantiene así como uno de los expedientes de mayor dimensión financiera revisados en años recientes dentro de la administración pública federal, mientras continúan abiertos distintos procesos relacionados con contratos y manejo de recursos públicos.
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