La presidenta Claudia Sheinbaum no dudó al señalar que el nombramiento de Hugo Aguilar Ortiz como próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) representa más que un relevo institucional: es un gesto político cargado de simbolismo.
“Me da mucho gusto que el próximo presidente de la Suprema Corte sea un indígena mixteco de Oaxaca, muy buen abogado… con una enorme inteligencia y sensibilidad social”, dijo en su conferencia mañanera del martes.
La frase no sólo celebraba el origen y la trayectoria del jurista, sino que planteaba una narrativa de ruptura: por primera vez, la Corte no será encabezada por un ministro designado desde el poder, sino por uno elegido por voto popular. Y no uno cualquiera, sino uno que “tiene conocimiento general, es modesto, sencillo y con sensibilidad social”, insistió la mandataria.
Detrás del entusiasmo hay una lectura política: el máximo tribunal judicial del país inicia una transición que podría sacudir inercias históricas. Aguilar Ortiz obtuvo más de 6 millones de votos, cifra que la propia Sheinbaum usó como argumento para desactivar las críticas por la baja participación ciudadana: “Tuvo más votos que los que obtuvo el PRI en 2024”, dijo con cierta ironía.
QUÉ DIJO EL INE, QUÉ IMPLICA
Desde el Instituto Nacional Electoral (INE), la consejera presidenta Guadalupe Taddei aclaró que no hay confusión legal sobre quién debe presidir la Corte: la Constitución, dijo, “es clarísima” al establecer que quien obtenga más votos en la contienda será quien presida los primeros dos años de la SCJN.
“Entiendo que así lo haremos”, respondió Taddei al ser cuestionada sobre si el acta dirá “presidente” o “presidenta”. Con ello, cerró una controversia que algunos actores políticos intentaron abrir sobre la paridad de género, descartando que pudiera haber una reinterpretación para dar el cargo a una mujer.
Además, Taddei fue enfática en defender el proceso: “Cada etapa de este procedimiento está perfectamente observada, documentada, resguardada y supervisada. No hay espacio para dudas ni manipulaciones”.
Lo que hay, en todo caso, es un ejercicio inédito, complejo y aún con retos. Con más de 507 millones de votos emitidos en seis elecciones judiciales simultáneas, se trató —como subrayó el propio INE— de la elección más grande en la historia del país.
DE LA CORTE DEL PACTO A LA CORTE DEL VOTO
El nombramiento de Aguilar Ortiz no se reduce a una elección exitosa. Es una ruptura de fondo con el viejo esquema de designaciones cupulares. Hasta hace apenas unos meses, la presidencia del Poder Judicial se decidía tras acuerdos discretos entre el Ejecutivo, el Senado y las élites judiciales. Hoy, ese poder llega a manos de una figura con respaldo directo, amplio —aunque no masivo— del electorado.
Desde esa perspectiva, la elección de ministros por voto popular significa un cambio profundo en la estructura institucional. No sólo porque transforma la forma de acceso al poder, sino porque redefine la legitimidad con la que se ejercerá.
Y aquí el mensaje de la presidenta Sheinbaum vuelve a ser clave. Pidió a los nuevos ministros dar un ejemplo “de austeridad, comparado con la parafernalia del poder actual”; y exigió que muestren profesionalismo, honestidad y justicia para todos, no sólo para “grupos de interés o con dinero de por medio”.
En otras palabras, les encomendó que sean el rostro judicial de la Cuarta Transformación.
¿Y AHORA QUÉ?
Aunque el INE aún debe entregar las constancias oficiales el 15 de junio, el resultado es irreversible: Hugo Aguilar presidirá la SCJN. Y con él, ingresan cinco mujeres y tres hombres más, entre ellos perfiles cercanos al lopezobradorismo como Lenia Batres, Yasmín Esquivel y María Estela Ríos.
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Esto reconfigura completamente el equilibrio interno del Poder Judicial. Hasta ahora, la Corte había sido percibida como un dique institucional frente al Ejecutivo. El nuevo rostro de la SCJN podría dar paso a una etapa de sincronía entre la justicia y el proyecto político en curso. El riesgo, sin embargo, está en el exceso: que esa cercanía derive en subordinación.
Por lo pronto, lo que está en juego es más que un cargo. Es la legitimidad de una nueva forma de construir el poder judicial, no desde la élite, sino desde las urnas.
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