El cateo realizado a la Unión Ganadera Regional de Tabasco (UGRT) y a la Unión Ganadera Local de Balancán no fue un operativo aislado ni preventivo.
Se trató, según confirmó el gobernador Javier May Rodríguez, de una diligencia vinculada a carpetas de investigación ya abiertas, relacionadas con abigeato y con la introducción irregular de ganado procedente de Centroamérica.
Sin precisar si las indagatorias se siguen en el ámbito estatal o federal, el mandatario sostuvo que las investigaciones permanecerán activas hasta esclarecer por completo las inconsistencias detectadas en el actuar de las organizaciones ganaderas cateadas, y reiteró que su gobierno no permitirá espacios de impunidad, aun cuando se trate de sectores históricamente influyentes.
El señalamiento central apunta a una práctica conocida en el sector: la introducción clandestina de ganado mediante el tráfico de aretes ganaderos, un mecanismo que busca dar apariencia de legalidad a animales ingresados ilegalmente al país y que, además de afectar la sanidad animal, distorsiona el mercado y daña a productores formales.
INTEGRAN INFORMACIÓN
De acuerdo con el gobernador, el caso aún se encuentra en fase de integración, pero el objetivo es cerrar el expediente con una resolución completa, que permita deslindar responsabilidades administrativas y penales. La investigación, dijo, no se limitará al cateo inicial ni a un solo municipio.
El trasfondo del caso conecta con un problema de alcance nacional. El Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado (SINIIGA), operado por AGRICULTURA, establece el uso obligatorio de aretes oficiales para la trazabilidad del ganado bovino.
Sin embargo, en la frontera sur se ha documentado un mercado negro de aretes, utilizados para “legalizar” ganado introducido de manera ilegal, principalmente desde Guatemala y otros países de Centroamérica.
Productores del sureste han advertido que esta práctica no solo facilita el contrabando, sino que se asocia al robo de ganado, al uso de documentación apócrifa y a riesgos sanitarios graves.
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REFUERZAN CONTROLES
En respuesta, SENASICA reforzó desde 2025 los controles zoosanitarios, limitando la validez de aretes y estableciendo corrales autorizados en puntos estratégicos de la frontera.
En este contexto, el caso Tabasco se vuelve una prueba de aplicación local de una estrategia federal más amplia. El mensaje político del gobierno estatal es claro: las uniones ganaderas no están exentas de fiscalización, y cualquier irregularidad será investigada con el mismo rigor que en otros sectores.
Más allá del resultado jurídico, el episodio coloca bajo escrutinio un sistema que durante años operó con opacidad, y abre una discusión incómoda pero necesaria sobre la responsabilidad institucional en la trazabilidad del ganado y la defensa de los productores que cumplen la ley.
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