CDMX.— El Gobierno federal volvió a mover ficha contra el crimen organizado, pero esta vez en un terreno donde las balas se cambian por fichas y la violencia se lava con apuestas.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) clausuró y bloqueó 13 casinos ubicados en ocho estados del país, tras detectar operaciones financieras millonarias vinculadas con lavado de dinero y presunta colaboración con grupos criminales.
Entre ellos se encuentran dos establecimientos pertenecientes a filiales de Grupo Salinas, lo que elevó la tensión política y mediática del caso.
OPERACIÓN FINANCIERA
El operativo, encabezado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Procuraduría Fiscal de la Federación, representa uno de los movimientos más firmes en lo que va del sexenio para cerrar el paso al capital ilícito en el sector de entretenimiento y apuestas.
Según información confirmada por Hacienda, los casinos detectados realizaron transferencias internacionales hacia Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta y Panamá, además de operaciones en efectivo a gran escala mediante plataformas digitales no reguladas, usadas para ocultar la procedencia del dinero.
El diagnóstico fue claro: los establecimientos servían como mecanismo de dispersión, ocultamiento y reinserción de recursos ilegales al sistema financiero.
En varios de ellos, se identificaron personas físicas —amas de casa, jubilados, estudiantes— que actuaban como prestanombres para mover fondos a cuentas en el extranjero. A cambio de una comisión, transferían todo el dinero a los verdaderos beneficiarios, lo que aparentaba ingresos legítimos procedentes de apuestas.
“El objetivo es evitar que los casinos se conviertan en lavadoras del crimen”, dijo un funcionario del gabinete de seguridad.
La investigación tomó meses. El rastreo de los flujos financieros involucró a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI) y la Unidad de Inteligencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN).
En conjunto, se aplicó la figura de bloqueo financiero inmediato para impedir movimientos y congelar cuentas. La medida fue acompañada por la Secretaría de Gobernación, que ordenó la suspensión inmediata de los establecimientos.
POLÉMICA CORPORATIVA
El caso cobró fuerza cuando se confirmó que entre los casinos bloqueados estaban Ganador Azteca SAPI de CV y Operadora Ganador TV Azteca SAPI de CV, filiales del consorcio de Ricardo Salinas Pliego.
El grupo empresarial reconoció haber sido notificado por la Procuraduría Fiscal y la UIF, pero denunció “acoso y persecución sistemática del Estado”, asegurando que sus empresas cumplen con los más altos estándares internacionales contra el lavado de dinero.
La respuesta encendió una nueva polémica entre la autoridad hacendaria y el grupo mediático, que ya mantiene litigios con el fisco federal por adeudos superiores a los 25 mil millones de pesos.
Para analistas del sector financiero, la investigación marca un cambio en la estrategia del gobierno: el enfoque ya no está solo en las rutas del narcotráfico, sino en los circuitos financieros que lo sostienen.
En palabras de un alto funcionario consultado, “no se trata solo de cerrar un casino, sino de cortar una vía de legitimación del dinero del crimen organizado”. La acción también fortalece la cooperación con organismos internacionales como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que ha exigido a México mayor vigilancia sobre sectores vulnerables.
La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la revisión de los casinos continuará “desde las perspectivas financiera, de seguridad y de cumplimiento legal”. En su equipo reconocen que la operación busca evitar lo que en sexenios anteriores ocurrió con los permisos otorgados en masa bajo la administración de Enrique Peña Nieto, cuando los juegos de azar se expandieron sin regulación estricta ni mecanismos de control efectivos.
MENSAJE AL PODER
A diferencia de otras investigaciones que se diluyen en la burocracia, esta vez los pasos son visibles. Las cuentas fueron congeladas, las actividades suspendidas y las denuncias formales ante la Fiscalía General de la República (FGR) están en curso.
Además, Hacienda confirmó que se dará vista a la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) para rastrear posibles delitos fiscales y asociación delictuosa.
El golpe tiene un sentido simbólico: después de los escándalos de corrupción y evasión, el gobierno envía un mensaje a los grandes capitales. Nadie está por encima del radar financiero.
En esta partida, el Estado no apuesta, regula. Y si el mensaje se sostiene con investigación sólida y debido proceso, el resultado podría significar un punto de inflexión en la forma de combatir la economía criminal.
CAJA DE DATOS | PUNTO POR PUNTO
| Medida aplicada | Resultado | Autoridad responsable |
|---|---|---|
| Clausura de 13 casinos | Suspensión inmediata de operaciones | Segob y SHCP |
| Bloqueo financiero | Cuentas congeladas de 13 empresas | UIF |
| Denuncias ante FGR | Lavado, asociación delictuosa y delitos fiscales | Procuraduría Fiscal |
| Cooperación internacional | FinCEN y OFAC del Tesoro estadounidense | SHCP |
| Empresas vinculadas | Ganador Azteca y Operadora Ganador TV Azteca | Grupo Salinas |
Nota: La investigación incluye plataformas digitales no reguladas y operaciones internacionales.
Fuente: Secretaría de Hacienda, UIF y Procuraduría Fiscal, corte octubre 2025.