CDMX.— La escena duró apenas unos segundos, pero cargó el peso de una época. La Presidenta caminaba por una calle del Centro Histórico cuando un hombre, alterado, se acercó y la tocó sin consentimiento.
No hubo forcejeo violento ni dramatismo evidente. Hubo algo más grave: la naturalización de la invasión del cuerpo de una mujer, aun cuando esa mujer ocupa el cargo más alto del país.
El episodio no se mide únicamente en términos de seguridad personal. Se mide en el terreno donde se decide qué es tolerable en la vida pública y qué define la dignidad colectiva.
La mandataria denunció el acto como acoso sexual, un delito tipificado en la Ciudad de México. Y lo hizo con un argumento que trascendió la coyuntura: “Si esto le hacen a la Presidenta, ¿qué va a pasar con las demás mujeres?” La frase no buscaba conmover: ofrecía un diagnóstico.
La violencia que enfrentan las mujeres en México no es abstracta. Está en la calle, en el transporte, en la oficina, en la escuela. Está en el espacio público que se supone pertenece a todos, pero donde ellas caminan en alerta permanente.
UN ACTO QUE REVELA AL PAÍS
Habrá quienes miren la escena con ligereza. Un toque no consentido, dirán, no es un atentado ni un problema de Estado. Sin embargo, la discusión de fondo no se trata de la figura presidencial, sino de la normalización.
Cuando el cuerpo de una mujer puede ser tomado, abrazado, empujado o invadido sin permiso —sin que nadie lo considere un quiebre moral— el problema no es individual, sino cultural.
La Presidenta lo expresó con claridad: esto le ocurre a millones. La diferencia es que su caso fue grabado, difundido y ubicado en un contexto político. En la mayoría de las historias, no hay cámaras, no hay denuncia, no hay castigo. Solo silencio.
La mandataria descartó aumentar su seguridad personal. Mantiene una lógica política: el poder debe caminar, tocar manos, mirar a los ojos, no encerrarse tras vallas. Su decisión no es improvisada. Forma parte de la narrativa histórica que sostiene su legitimidad y la del movimiento que representa: el contacto directo como signo de origen popular.
Sin embargo, el episodio abona a una pregunta incómoda: ¿cómo garantizar cercanía sin poner en riesgo la integridad física, simbólica y política de quien gobierna? El caso de la Presidenta recuerda que el liderazgo público femenino está obligado, además, a navegar la violencia normalizada contra las mujeres en los espacios abiertos. Es un costo que no eligen, pero que enfrentan.
UNA DECISIÓN POLÍTICA: DENUNCIAR
La denuncia ante la Fiscalía no fue un gesto reactivo. Fue un trazo político. La Presidenta evitó que el caso se leyera como un acto personal. Lo inscribió en la conversación nacional sobre violencia de género. También subrayó un segundo problema: la revictimización en la difusión y consumo de imágenes donde el cuerpo agredido se vuelve espectáculo.
La alusión a la Ley Olimpia no fue casual. El mensaje gubernamental apuntó al ecosistema que rodea la violencia: grabar, compartir, opinar, convertir lo íntimo en mercancía. El acoso no se termina con la agresión; se prolonga en la mirada social.
El gobierno anunció una revisión para homologar el delito de acoso sexual en todas las entidades. Hoy, en México, lo que es delito en un estado puede ser mera falta administrativa en otro. La consecuencia es una desigualdad en el acceso a la justicia, marcada por el código postal y no por la ley.
El diagnóstico de la Secretaría de las Mujeres reveló el mapa fragmentado:
– 19 entidades con avances parciales
– 9 con tipificación incompleta
– 4 donde el delito ni siquiera se reconoce como tal
La iniciativa no resolverá el problema cultural. Pero sí establece algo imprescindible: que el Estado nombre el daño.
EL DILEMA DE FONDO
El episodio expone una tensión que no desaparecerá pronto: ¿cómo ejercer el poder sin blindarlo? ¿Cómo garantizar cercanía sin renunciar a la seguridad ni naturalizar el abuso? ¿Cómo gobernar en un país donde la violencia contra las mujeres es cotidiana, pero donde el liderazgo femenino no quiere traducirse en distancia ni autoridad vertical?
La Presidenta eligió mantenerse en la calle. La pregunta es si el país está dispuesto a acompañarla —no solo físicamente— sino cultural y éticamente. Porque lo que está en juego no es su seguridad personal, sino la medida en que la dignidad de una mujer puede convertirse en patrimonio público sin ser violentada.
Este episodio no es menor. Es una señal. De qué estamos hechos. Y de lo que estamos dispuestos a permitir.
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