El asesinato de Alejandro Gallegos León, abogado, catedrático y periodista, ha sacudido a Tabasco y expuesto una crisis que el gobierno estatal no deseaba enfrentar. Aunque Gallegos no ejercía ya de tiempo completo la labor informativa, su pasado periodístico genera un ruido inevitable. Nadie gana con su muerte, pero algunos parecen servirse de esta tragedia para empañar logros recientes de la administración local.
A pesar de que el gobierno de Javier May Rodríguez, difícilmente podría hallar beneficio en un crimen tan atroz. Aun así, los reflectores se han posado sobre él, reforzando la idea de que su gobierno no ha podido contener el avance delictivo. Hoy, medios y redes sociales disparan críticas, apuntando una supuesta debilidad de las instituciones estatales.
Resulta absurdo señalar al mandatario como si fuera el policía exclusivo del estado. Existe un equipo de seguridad que debe rendir cuentas y actuar con toda contundencia. La consigna de «cero impunidad» no basta si no se ve reflejada en resultados tangibles. La muerte de Gallegos León ensancha la herida social y exige que se profundice en las investigaciones hasta sus últimas consecuencias.
En el plano político, cada avance de la Cuarta Transformación en Tabasco parece verse ensombrecido por sucesos violentos. La entrega de tarjetas de Bienestar, la detención de un líder criminal de «La Barredora» o las marchas pacíficas en apoyo a May son inmediatamente contrarrestadas por balas que siembran temor. ¿Será coincidencia, o se opera para desestabilizar la imagen de un gobierno que intenta exhibir resultados?
SOMBRAS SOBRE LA VIOLENCIA
Alejandro Gallegos, menos vinculado al periodismo de lo que se ha mencionado, llevaba una vida centrada en la docencia y la abogacía. Sus redes sociales mostraban un perfil discreto, alejado del activismo reporteril.
Entonces, ¿qué motivó a sus agresores? La ONU y Artículo 19 han exigido explorar posibles conexiones con su rol de comunicador, pero no se deben descartar conflictos derivados de su quehacer profesional y personal.
La muerte de quien fuera un catedrático, con siete años de trayectoria educativa en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y en la Universidad Alfa y Omega, expone la frágil seguridad no solo de los periodistas, sino también de los formadores de opinión en general. Este crimen enluta a la academia local y despierta el temor de que cualquier figura pública pueda ser el siguiente objetivo.
No es la primera vez que la violencia golpea a quienes, de una u otra forma, inciden en el debate público. México ha visto caer a múltiples periodistas, líderes sociales y ahora académicos con perfil de opinión. La inseguridad pasa factura a las instituciones, pero sobre todo a la confianza ciudadana, pues cada asesinato que queda impune desdibuja la esperanza de una paz duradera.
Para el gobierno de May, el reto consiste en demostrar que su discurso de «cero impunidad» es más que una consigna. Debe dar seguimiento puntual a la investigación y actuar con celeridad para evitar que el caso de Gallegos se sume a la larga lista de expedientes estancados. Tabasco necesita ver un mensaje claro: no se tolerará la violencia contra nadie que ejerza o haya ejercido la crítica pública.
LA LUPA SOBRE MAY RODRÍGUEZ
En este contexto, también se filtra la sombra de Claudia Sheinbaum, figura nacional de la 4T, a quien la oposición quiere salpicar con los mismos señalamientos de inseguridad. Acusarla de la lejanía es una jugada política que aprovecha cualquier hecho para sembrar duda sobre la capacidad del bloque oficialista. Así, se construye una narrativa de caos que ignora matices y realidades estatales.
Apenas el 19 de enero en Teoloyucan, Estado de México, un tercer periodista fue asesinado (Gallegos es el cuarto en los primeros cuatro meses del gobierno de Sheinbaum), aunque en ese caso Cayetano de Jesús Guerrero contaba con medidas de protección federal por amenazas. Los otros dos casos se registraron a finales de octubre de 2024: el de Mauricio Cruz Solís, ocurrido en Uruapan, Michoacán, y el de Patricia Ramírez González, ultimada en Colima, Colima. Hasta que se esclarezca lo sucedido con Gallegos, no es posible afirmar con certeza que este crimen está relacionado con la delincuencia organizada.
La gran incógnita sigue siendo: ¿a quién le sirve este crimen? Las autoridades no ganan nada con la muerte de un hombre que no representaba un frente mediático poderoso. Es más viable que intereses ocultos busquen agitar las aguas y cuestionar cada paso que se dé en pos de la gobernabilidad. La violencia se convierte en un arma sucia: desacredita programas sociales y exhibe vacíos de seguridad.
Mientras tanto, la percepción ciudadana empeora cada vez que un hecho de sangre se suma al conteo fatal de la impunidad. La confianza en el aparato judicial pende de un hilo, y Tabasco no puede permitirse que se repita la historia de tantos casos sin resolver. La exigencia popular es clara: un esclarecimiento real, no solo para honrar la memoria de Gallegos, sino para proteger a la comunidad.
Las investigaciones deben abarcar no solo la posible conexión con su pasado periodístico, sino ahondar en su labor como abogado y catedrático. La figura de Gallegos León podría haber sido vista como incómoda en ámbitos lejanos a la comunicación. De ahí la urgencia por abrir todas las líneas de pesquisa y evitar la tentación de cerrarlo todo en torno a su etapa como comunicador.
RESPONSABILIDAD COMPARTIDA
Simultáneamente, es innegable que ciertos actores políticos y mediáticos aprovechan la coyuntura para disparar contra el gobierno estatal. Sin importar que May no sea el responsable directo, la insinuación constante daña su imagen y sostiene la narrativa de un estado en crisis permanente. Todo ello, sin ofrecer soluciones, solo capitalizando el dolor que este homicidio ha generado.
En las redes sociales, algunos grupos han ido más allá, afirmando que la inseguridad es el sello de la administración de May. Este discurso simplista ignora la complejidad de la delincuencia organizada y la responsabilidad colectiva de diversos niveles de gobierno. Convertir al gobernador en chivo expiatorio no resuelve nada: es una estrategia que busca desestabilizar y no el bienestar del estado.
El verdadero desafío yace en fortalecer la estrategia de seguridad estatal de forma integral. Es imperativo un plan que combine inteligencia, depuración policial, inversión social y cooperación con el gobierno federal. La protección a periodistas y catedráticos no debe verse como un favor, sino como un deber inexcusable. Solo así se comenzará a revertir la creciente ola de violencia.
Este lamentable hecho conmociona no solo a Tabasco, sino a toda la República. Cada asesinato de un líder de opinión o figura pública funciona como un recordatorio macabro de la vulnerabilidad en la que vivimos. El mensaje hacia la sociedad es demoledor: ni el periodismo ni la cátedra son actividades seguras en el México actual, y el impacto psicológico trasciende fronteras estatales.
LOGROS OPACADOS POR LA SANGRE
La violencia mina la credibilidad de cualquier logro político, por legítimo que sea. Si bien la Cuarta Transformación ha impulsado programas sociales relevantes en Tabasco, cada homicidio tapa esos avances.
Los tabasqueños anhelan respuestas claras y contundentes de la Fiscalía. Javier May, pese a no ser el ejecutor de las labores de seguridad, queda obligado a presionar para que la investigación sea ejemplar.
No se puede permitir que el caso Gallegos León quede impune, pues eso alimentaría aún más a los grupos que buscan dar un revés político al gobierno. Esta vez, la verdad es urgente.
En síntesis, la muerte de Gallegos León exhibe las fisuras de un entorno donde la violencia se ha vuelto arma política. Culpar directamente al gobernador no resuelve el crimen; solo perpetúa un circo mediático sin soluciones de fondo. La comunidad requiere certezas y resultados, no retórica. Cada día que pasa sin hallar a los culpables es un golpe al corazón de Tabasco y a la esperanza de todos.
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