CDMX.— Cuando una autoridad electoral como el Consejo General del INE decide intervenir de manera extraordinaria y directa para frenar la distribución de “acordeones” electorales, lo que está en juego no es solo la legalidad de una elección, sino su legitimidad social.
Esa es la señal que el Instituto Nacional Electoral lanza al país en vísperas de los comicios judiciales del 1º de junio: evitar que la operación silenciosa del clientelismo electoral distorsione el sentido del sufragio y mine uno de los pocos intentos formales de democratizar el Poder Judicial.
Lo que en apariencia es una simple “guía de voto” se perfila en realidad como una herramienta de coacción, financiamiento ilegal y manipulación política, según el propio órgano electoral.
ADVERTENCIA NACIONAL
El Consejo General del INE aprobará este jueves una advertencia de carácter nacional contra la distribución de acordeones, como se ha llamado a las listas impresas o digitales que indican a quién marcar en la boleta durante la elección judicial. A diferencia de otros procesos, en esta ocasión no bastó con que la Comisión de Quejas y Denuncias emitiera medidas cautelares.
La magnitud del riesgo detectado obligó al pleno del Consejo a actuar directamente, señal inequívoca de que el problema trasciende lo administrativo y se coloca en el plano de lo estructural.
Según el proyecto de acuerdo —al que este medio tuvo acceso— la práctica de distribuir estos materiales representa una “presunta difusión de propaganda electoral” que puede configurar delitos como la inducción al voto, la coacción, e incluso el financiamiento prohibido, dado que las reglas electorales impiden recibir apoyo de personas físicas o morales, partidos políticos o gobiernos.
Apenas a unas horas de que inicie la veda electoral, el INE ha querido cerrar el paso a estas prácticas mediante una medida cautelar inhibitoria: evitar que el ilícito se repita o continúe, no esperar a que se concrete.
LA OPERACIÓN DETECTADA
La raíz de esta decisión está en las denuncias ciudadanas y en la distribución documentada de acordeones en entidades como Nuevo León, donde se ha señalado directamente al gobernador Samuel García y a estructuras del partido Movimiento Ciudadano por participar en su elaboración y diseminación.
A la par, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE también analizó otro caso donde presuntamente se vulneró el principio de equidad por difundir propaganda a favor de nueve candidaturas a la Suprema Corte, entre ellas las de ministras en funciones.
Aunque cinco de las candidatas ya se deslindaron formalmente de las listas, el daño ya está hecho: las imágenes circularon, las guías se compartieron, y el efecto de inducción al voto quedó sembrado.
El argumento del INE es que no se requiere esperar más denuncias formales, porque el riesgo está plenamente actualizado: hay conductas sistemáticas, visibles, con suficiente evidencia en redes y medios, para activar una medida de contención sin demora.
MÁS ALLÁ DE LO LEGAL: LO POLÍTICO
Este acuerdo del INE es también un mensaje político, no partidista, pero sí de Estado: la elección judicial no puede ser reducida a una simulación de democracia. El voto libre implica libertad informativa, autonomía de decisión y protección contra el acarreo. Los acordeones representan exactamente lo contrario: listas prehechas para votaciones masivas, diseñadas para ejecutar instrucciones, no para reflexionar.
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Si bien el instituto no ha identificado con precisión a todos los responsables, la decisión de emitir una tutela inhibitoria preventiva confirma que la institucionalidad está dispuesta a actuar incluso sin culpables definidos, cuando está en riesgo el principio del sufragio libre.
EL RIESGO DE NORMALIZAR LA COACCIÓN
El contexto no es menor. Esta elección judicial, inédita en México, ha sido ya cuestionada por siete ministros de la Suprema Corte, quienes se han negado a participar, señalando que la reforma está mal diseñada y el proceso electoral carece de garantías de equidad e información.
A esto se suman preocupaciones sobre acarreo organizado, uso de recursos públicos y falta de transparencia en el financiamiento de propaganda. En ese sentido, los acordeones no son un fenómeno aislado, sino parte de una arquitectura de manipulación electoral que puede socavar la legitimidad de los resultados.
El INE advierte que, incluso si se desconoce la autoría directa de los materiales, su difusión activa mecanismos de control del voto, vulnera la equidad del proceso, y altera el escenario legal del financiamiento de campañas judiciales, lo que también será investigado.
CRONOLOGÍA DEL CASO “ACORDEONES”
Mayo 2025: Ciudadanos denuncian en redes y medios la distribución de acordeones.
28 de mayo: INE confirma análisis de casos en Nuevo León y otras entidades.
29 de mayo: Inicia la veda electoral en todo el país.
30 de mayo: Consejo General aprobará tutela inhibitoria para frenar la distribución.
1º de junio: Día de la elección judicial, con vigilancia especial.
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