CDMX.— El Instituto Nacional Electoral (INE) enfrenta una crisis que ya rebasó los despachos de sus consejeros. Mientras la Auditoría Superior de la Federación investiga presuntas contrataciones amañadas, miles de trabajadores reclaman mejores salarios. La inconformidad paralizó buena parte de los módulos donde los ciudadanos tramitan su credencial para votar.
Los tres frentes coinciden en un momento delicado: la salida de Guadalupe Taddei Zavala, la llegada de una presidencia provisional y los preparativos para las elecciones de 2027. El problema no se limita a cuánto dinero gasta el instituto, sino a quién beneficia y cómo lo administra.
La trama de los contratos
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó el 9 de noviembre de 2026 que recibió testimonios, documentos, fotografías, videos, información financiera y conversaciones de WhatsApp. El material procede de colaboradores que buscan reducir posibles sanciones mediante un programa previsto en la legislación administrativa.
La información, según el órgano fiscalizador, permitió confirmar “múltiples irregularidades cometidas durante años en la contratación de bienes y servicios”. La investigación examina cómo determinadas empresas habrían influido en las decisiones de compra del organismo electoral.
El señalamiento más delicado no consiste solamente en posibles sobreprecios. La ASF documentó indicios de que beneficiarios finales de empresas habrían intervenido en la selección de proveedores y en la elaboración de requisitos técnicos para favorecer sus intereses.
De acreditarse, significaría que particulares pudieron influir en las reglas de concursos donde ellos mismos buscaban resultar beneficiados. La diferencia es sustancial: no sería únicamente una falla de supervisión, sino una posible captura de los procedimientos de contratación.
PRUEBAS BAJO LUPA
La ASF recibió información confidencial para investigar posibles contrataciones irregulares del INE.
Clave: se investigan posibles irregularidades; los indicios no equivalen a responsabilidades judiciales acreditadas.
La investigación alcanza procedimientos vinculados con organismos electorales nacionales y estatales. La ASF busca identificar a los involucrados, seguir el destino de los recursos y establecer responsabilidades. Los indicios documentados todavía deben distinguirse de las responsabilidades que determinen las autoridades competentes.
MÓDULOS PARALIZADOS
Casi dos tercios de los módulos electorales suspendieron operaciones durante el paro.
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Alcance: 841 módulos en todo el país. Los datos corresponden al 9 de noviembre, no a una situación de cierre permanente.
Salarios bajo presión
La crisis administrativa encontró otro frente dentro del instituto. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió reducir las remuneraciones de consejeros y directivos, así como transparentar las adquisiciones electorales.
“Que los consejeros se bajen más el sueldo”, reclamó la mandataria. También advirtió sobre posibles omisiones en la vigilancia de las contrataciones y llamó a revisar las reglas que, según señaló, favorecieron la concentración de proveedores.
SUELDOS EN DISPUTA
Los reclamos salariales evidencian diferencias entre personal operativo y altos funcionarios electorales.
La presidenta provisional, Blanca Yassahara Cruz García, respondió que el presupuesto para 2027 contempla ajustes para impedir que consejeros y altos mandos perciban remuneraciones superiores a las de la titular del Ejecutivo federal. No precisó el ahorro total que producirían los recortes.
La discusión tiene una consecuencia política. La autonomía constitucional protege al INE frente a interferencias externas, pero no lo exime de rendir cuentas sobre sus recursos. El desafío consiste en corregir los mecanismos internos sin debilitar su independencia.
La rebelión desde abajo
Mientras se discutían los ingresos de la alta burocracia, empleados de los Módulos de Atención Ciudadana iniciaron un paro nacional. El 9 de noviembre, 544 de los 841 módulos dejaron de operar, equivalentes al 64.7% de la red nacional.
Otros 297 módulos mantuvieron actividades. La suspensión total afectó a Baja California Sur, Nuevo León y Tlaxcala. El conflicto alcanzó directamente a los usuarios de un servicio indispensable para obtener o renovar la credencial electoral.
Los inconformes denunciaron sueldos cercanos a 9,800 pesos mensuales, jornadas prolongadas, vacantes sin cubrir y carencias de mantenimiento. También reclamaron insumos básicos, personal de limpieza y condiciones adecuadas para desarrollar sus funciones.
La protesta expuso una contradicción interna: mientras existen cuestionamientos sobre remuneraciones elevadas y contratos millonarios, trabajadores de atención ciudadana denuncian limitaciones materiales para cumplir sus tareas
Tras negociar con sus representantes, Blanca Cruz García anunció un incremento salarial mínimo del 6% a partir de enero de 2027, sujeto a revisión para determinar posibles aumentos adicionales.
“Vamos a revisar con la base mínima del seis por ciento y hasta donde podamos crecerlo”, explicó. El INE también comprometió mejoras de infraestructura y garantías contra represalias. Los módulos tenían previsto reanudar operaciones este 10 de noviembre.
La confianza en juego
La salida de Guadalupe Taddei y la transición provisional colocan al organismo frente a una reorganización institucional. La nueva dirigencia deberá atender simultáneamente las investigaciones, las condiciones de trabajo y las restricciones presupuestales.
El momento resulta especialmente sensible porque 2027 será un año electoral. Una institución responsable de organizar elecciones necesita procedimientos de contratación confiables, personal suficiente y continuidad en sus servicios.
La ASF deberá esclarecer las posibles responsabilidades. El Consejo General tendrá que demostrar que puede revisar sus propios procedimientos y corregir deficiencias sin sacrificar su autonomía.
El acuerdo laboral ofrece una salida inmediata al paro, pero no resuelve las investigaciones pendientes. La prueba de fondo será que los cambios anunciados se traduzcan en adquisiciones transparentes, condiciones laborales verificables y cuentas claras ante la ciudadanía.