Héctor I. Tapia
Al presidente del Tribunal Electoral de Tabasco (TET) no le quitaron el cargo, tampoco una sola de sus facultades como magistrado ni la posibilidad de seguir conduciendo al organismo. Pero desde ahora tendrá dentro de casa unos ojos que no dependen de él para revisar cómo se gasta, cómo se administra y cómo se responde por las cuentas del Tribunal.
El Congreso local designó este martes a Edgar Iván Oropeza Díaz como nuevo titular del Órgano Interno de Control del TET. Lo hizo por mayoría, con 33 votos, y la presidenta de la Mesa Directiva, Claudia Vélez Lanz, le tomó inmediatamente la protesta de ley.
Visto como trámite legislativo, el movimiento podría pasar como uno más entre nombramientos, dictámenes y votaciones. Visto desde lo que está ocurriendo en el Tribunal, adquiere otra dimensión: Oropeza llega cuando la administración que encabeza Oswald Lara Borges tiene todavía encima las observaciones de la Cuenta Pública 2025 y mantiene una confrontación abierta con el OSFE por $19.4 millones pendientes de solventar en el Informe de Resultados.
La coincidencia tiene además una vuelta institucional difícil de ignorar. Oropeza fue director jurídico del Órgano Superior de Fiscalización del Estado, el mismo organismo cuyo trabajo Lara acaba de calificar como un “despropósito técnico” y al que atribuye errores de auditoría e interpretaciones sin sustento.
El nuevo control dentro del TET
Edgar Iván Oropeza llega a un órgano con autonomía funcional y facultades para revisar gasto, patrimonio y responsabilidades administrativas.
No es un cargo de adorno
El Órgano Interno de Control ya existía en la estructura legal del TET. El Congreso no inventó ahora un contrapeso ni creó una oficina para vigilar a Lara. Lo que hizo fue nombrar a quien ejercerá facultades que la ley ya había reservado a una instancia de control que no está subordinada funcionalmente al presidente del Tribunal.
La diferencia es importante porque la Ley Orgánica del TET no describe a la Contraloría Interna como una ventanilla administrativa. Le entrega atribuciones para inspeccionar el ejercicio del gasto y la administración del patrimonio, comprobar que los recursos se utilicen conforme a las disposiciones aplicables y revisar la manera en que las operaciones financieras quedan registradas contable y presupuestalmente.
También puede practicar auditorías financieras, integrar los expedientes correspondientes, evaluar áreas administrativas, vigilar adquisiciones y contrataciones y dar seguimiento a las observaciones que surjan de sus revisiones. En otras palabras: puede entrar precisamente a la zona donde se originó el problema que hoy enfrenta el Tribunal con sus cuentas de 2025.
Lo que puede revisar el contralor del TET
Hay una atribución particularmente relevante en este momento. La propia legislación faculta al órgano interno para desahogar las observaciones y recomendaciones que formule el OSFE y para intervenir, dentro de su competencia, en procedimientos relacionados con responsabilidades administrativas de servidores públicos del Tribunal.
Y todavía hay una condición que modifica la relación interna de poder: el titular del órgano de control depende directamente del Pleno y goza de autonomía funcional en el ejercicio de sus atribuciones. Lara conserva la Presidencia; lo que no tiene es subordinado al funcionario encargado de revisar internamente el ejercicio administrativo del organismo.
Diecinueve millones después
La llegada de Oropeza tampoco ocurre sobre una hoja en blanco. Hace apenas unos días, El Tabasqueño documentó que el Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2025 dejó $19 millones 428 mil 066.69 pendientes de solventar, después de que el OSFE revisara el gasto seleccionado del Tribunal.
El informe registró 19 hallazgos y solamente uno había sido solventado antes de integrar el documento final. Los otros 18 quedaron sujetos a seguimiento. Eso no significa que el Tribunal haya desviado $19.4 millones ni que exista ya un daño patrimonial determinado por esa cantidad; significa que, al cierre de la revisión, el órgano fiscalizador no consideró suficientemente aclaradas las observaciones.
La más grande correspondió a $17 millones 574 mil 365.33 vinculados con comprobantes fiscales de nómina que aparecían cancelados ante el SAT. Esa sola observación representó alrededor de nueve de cada diez pesos del monto que permaneció pendiente.
El control cambia con las cuentas todavía en disputa
El OSFE dejó observaciones monetarias pendientes de solventar en el Informe de Resultados del TET.
El presidente sostiene que las observaciones derivan de errores técnicos y afirma que no existe daño patrimonial.
El Congreso designa a Edgar Iván Oropeza, exdirector jurídico del OSFE, al frente del control interno del Tribunal.
A ella se agregaron observaciones por pagos superiores al tabulador, diferencias en aguinaldos, inconsistencias entre nómina y comprobantes fiscales, documentación faltante de gastos operativos y recursos pendientes de reintegrar, entre otros conceptos.
El problema para el TET nunca fue sólo el tamaño de la cifra. Fue que el propio Informe de Resultados consignó en distintos apartados que habían vencido etapas de aclaración sin que la documentación entregada resultara suficiente para desvirtuar los hallazgos.
Lara vuelve a responder
Oswald Lara salió nuevamente a defender su administración. Esta vez endureció el tono. Calificó las observaciones del OSFE como un “despropósito técnico”, dijo que carecen de sustento y aseguró que la comprobación financiera y el cumplimiento administrativo del Tribunal se encuentran solventados al cien por ciento.
“No toleraré que acciones dolosas o presuntos errores técnicos de auditoría pongan en duda la integridad del Tribunal Electoral de Tabasco, la honorabilidad de sus integrantes, la entrega del personal que aquí labora ni la transparencia de mi gestión”, declaró.
Su defensa vuelve a concentrarse en el principal señalamiento: los $17.574 millones de nómina correspondientes al segundo semestre de 2025. Lara sostiene que los comprobantes fiscales fueron cancelados únicamente para corregir la clave relacionada con el origen de los recursos y sustituirlos por documentos válidos.
También rechazó que existan pagos indebidos por $732 mil 336.42 en sueldos y $162 mil 396.26 en aguinaldos. Según su explicación, el OSFE habría utilizado un tabulador que no consideró ascensos, promociones y prestaciones autorizadas.
El magistrado afirma que el Tribunal tiene comprobantes fiscales, estados de cuenta, pólizas, tabuladores y demás documentación necesaria para demostrar que no existe afectación a la Hacienda Pública.
Decirlo y probarlo
Ahí sigue estando el punto que separa la defensa pública del expediente administrativo. Una cosa es que Lara asegure que las 19 observaciones están desvirtuadas y otra que el órgano fiscalizador determine formalmente que quedaron solventadas. El presidente del TET puede explicar públicamente por qué considera equivocada la auditoría; lo que define el cierre de una observación es que las pruebas sean suficientes dentro del procedimiento correspondiente.
Ese matiz importa porque el Informe de Resultados conocido hasta ahora sostiene otra cosa: al momento de su integración permanecían $19.4 millones pendientes de solventar y 18 hallazgos sujetos a seguimiento.
Lara puede tener razón al afirmar que los CFDI cancelados fueron sustituidos, que las dispersiones bancarias acreditan el pago de las nóminas y que los supuestos excesos salariales se explican mediante prestaciones y movimientos de personal. Pero esas explicaciones necesitan convertirse en documentos aceptados dentro del expediente, no únicamente en argumentos pronunciados frente a los medios. Y allí aparece el nuevo contralor.
Un ex-OSFE adentro
Edgar Iván Oropeza no llega al TET como un extraño a la fiscalización. Durante la gestión de José del Carmen López Carrera se desempeñó como director jurídico del OSFE, posición desde la cual participó en expedientes que terminaron incluso en denuncias penales.
Entre sus antecedentes se encuentra su intervención en las acciones relacionadas con la controvertida compra del edificio del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, así como denuncias contra exfuncionarios de la CEAS por irregularidades detectadas durante la administración de Andrés Granier.
Ese pasado profesional no permite afirmar que Oropeza llegue al Tribunal con una encomienda contra Lara. Tampoco existe, hasta ahora, evidencia de que el Congreso lo haya nombrado específicamente para revisar las observaciones de 2025.
Pero el dato institucional sí es relevante: un abogado formado en el órgano que hoy sostiene las observaciones contra la administración del TET estará encargado del control interno de ese mismo Tribunal.
No llega a juzgar sentencias electorales. No podrá modificar un fallo ni interferir en cómo voten los magistrados. Su territorio es otro y, en este momento, resulta particularmente sensible: presupuesto, gasto, patrimonio, auditorías, documentación y responsabilidades administrativas.
La vigilancia cambia de manos
La pregunta inmediata es si alguna de las observaciones de la Cuenta Pública 2025 llegará formalmente al nuevo Órgano Interno de Control.
La respuesta todavía no puede darse por anticipado. Para que Oropeza intervenga en un expediente específico tendría que existir la actuación correspondiente dentro de las competencias legales del órgano que ahora encabezará.
Pero la posibilidad institucional está ahí. La Ley Orgánica contempla expresamente que la Contraloría Interna atienda observaciones del OSFE y participe en procedimientos de responsabilidades administrativas cuando corresponda.
Por eso el nombramiento adquiere una dimensión distinta a la de una simple sustitución burocrática. El hombre que tendrá capacidad para revisar desde dentro las cuentas del Tribunal llega cuando desde fuera todavía se discute cómo fueron comprobadas esas mismas cuentas.
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La cuenta aprobada sigue viva
El Congreso ya aprobó la Cuenta Pública 2025 del Tribunal Electoral. Esa votación, sin embargo, no borra las observaciones ni extingue eventuales responsabilidades.
La aprobación legislativa cierra una etapa política de revisión de la Cuenta Pública, pero los asuntos no solventados pueden continuar su ruta de fiscalización y seguimiento. Esa diferencia resulta fundamental para entender por qué los $19.4 millones siguen formando parte del debate aun después de que los diputados avalaran el ejercicio.
De modo que en el TET ocurren ahora dos cosas al mismo tiempo: su presidente sostiene que las observaciones quedaron desvirtuadas y la estructura de control interno cambia de titular mientras el procedimiento fiscalizador todavía puede producir consecuencias administrativas.
No es una intervención del Congreso sobre las decisiones jurisdiccionales del Tribunal. Tampoco puede afirmarse que Oropeza llegue para investigar a Lara. Pero sí significa que la administración del TET tendrá frente a sí un control interno encabezado por alguien que no recibió el nombramiento del presidente y cuya autonomía funcional está prevista en la ley.
El margen se estrecha
En unos meses el Tribunal Electoral de Tabasco será una de las instituciones centrales del proceso de 2027. Resolverá impugnaciones, calificará pruebas, revisará plazos y determinará si partidos, candidatos y autoridades actuaron dentro de la legalidad.
Antes de llegar a ese momento, el propio Tribunal atraviesa una discusión sobre las pruebas de sus cuentas.
Oswald Lara sostiene que todo está comprobado. El OSFE dejó asentado, al cierre de su Informe de Resultados, que $19.4 millones permanecían pendientes de solventar. Y ahora el Congreso ha colocado al frente del control interno a un exdirector jurídico de ese organismo fiscalizador.
No le quitaron a Lara las manos del Tribunal. Le pusieron otros ojos sobre las cuentas.