El efectivo bajo presión: Hacienda decidirá dónde solo podrá pagarse digitalmente en México

Para millones de mexicanos que compran en una tienda, pagan transporte o viven del comercio diario, el efectivo podría dejar de ser una opción en determinadas actividades. El Senado abrió esa posibilidad al aprobar una ley que permite a Hacienda decidir dónde los pagos digitales serán obligatorios.

La legislación, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, fue avalada el 20 de octubre de 2026, entre protestas opositoras y una ruptura dentro de Morena. La votación registró 73 votos favorables y 34 contrarios en lo general, según el reporte legislativo de la jornada. En lo particular obtuvo 72 votos favorables y 37 contrarios.

El cambio no significa la desaparición inmediata de billetes y monedas. Sin embargo, la nueva Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos permite imponer medios electrónicos exclusivos en sectores específicos.

La diferencia es sustancial: el Estado no solo promoverá nuevas formas de pago, también podrá determinar cuándo dejarán de ser opcionales.

Hacienda tendrá la última palabra

El aspecto más controvertido está en las facultades de la Secretaría de Hacienda. Una vez vigente el decreto, dispondrá de 15 días hábiles para identificar sectores estratégicos y actividades sujetos a pagos exclusivamente digitales.

Después, las autoridades correspondientes tendrán otros 15 días hábiles para emitir disposiciones y definir mecanismos de transición.

La ley contempla excepciones cuando fallas técnicas o de conectividad impidan realizar operaciones electrónicas. En esas circunstancias podrán aceptarse temporalmente efectivo o cheques.

No obstante, el alcance de esas excepciones y los plazos aplicables serán decisivos para millones de negocios pequeños.

Una fractura dentro de Morena

El senador morenista Ricardo Sheffield rompió con su bancada al considerar la concentración de facultades un riesgo económico.

Calificó como “un gravísimo error” que “un tecnócrata que no fue electo sino designado, pueda generar de hecho un monopolio o un control de precios, fatales para el pueblo mexicano”.

Además, reclamó una revisión de fondo. Cuando la panista Verónica Rodríguez le preguntó si había votado contra el dictamen, respondió: “Sí, fui el único pendejo”.

Su desacuerdo reveló una tensión que trasciende las bancadas: quién debe decidir las condiciones bajo las cuales los ciudadanos utilizan su dinero.

Modernización con costos pendientes

El senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, defendió el propósito social.

“No se trata solamente de modernizar la manera de pagar, se trata de reducir las dificultades que enfrentan las personas y los pequeños negocios para participar en la economía”, sostuvo.

El legislador también reconoció los límites del cambio: “Digitalizar una operación no resuelve por sí mismo las desigualdades económicas, pero contar con instrumentos que faciliten las transacciones, reduzcan trámites y amplíe posibilidades de acceso a servicios financieros puede contribuir a enfrentarlas”.

Por su parte, Emmanuel Reyes, presidente de la Comisión de Economía, destacó las más de 7,300 millones de transferencias SPEI registradas durante 2025.

México dispone de herramientas como SPEI, CoDi y Dimo. Sin embargo, contar con infraestructura bancaria nacional no garantiza conectividad ni acceso universal.

Para una empresa formalizada, cobrar digitalmente puede facilitar registros, conciliaciones y solicitudes de crédito. Para un vendedor ambulante, también puede representar comisiones, dispositivos y dependencia de internet.

Ahí está el dilema: modernizar las transacciones sin trasladar los costos de esa transformación a quienes menos pueden absorberlos.

El efectivo como frontera

La oposición cuestionó precisamente esa desigualdad. José Máximo García, del PAN, reclamó garantías para los pequeños comercios y criticó la discrecionalidad de Hacienda.

La priista Carolina Viggiano fue más severa: “No puede ser que le demos esta facultad a hacienda, ya conocen Hacienda ni siquiera a ustedes los reciben, ni siquiera aceptan que cambien una coma, son autoritarios y ellos lo único que quieren es recaudar dinero”.

Mientras tanto, Claudia Anaya advirtió posibles contradicciones con la Ley Monetaria y cuestionó la falta de un periodo uniforme de transición.

La reforma también conecta los pagos electrónicos con la CURP Digital, el Expediente Digital Ciudadano y herramientas de gobierno electrónico.

En perspectiva, esa integración podría reducir trámites y facilitar operaciones. Pero también plantea preguntas sobre protección de datos, acceso financiero y supervisión de transacciones.

El verdadero alcance de la ley todavía depende de las determinaciones administrativas. Hacienda deberá demostrar que digitalizar no significa excluir.

Porque el problema no será únicamente cómo pagarán los mexicanos, sino qué sucederá con quienes todavía necesitan hacerlo en efectivo.