Recibe Montaño $9.4 mdp del INE; sus bienes, bajo reserva

Héctor I. Tapia

Mientras la reforma electoral volvió a poner sobre la mesa cuánto cuesta mantener al árbitro de las elecciones, las declaraciones patrimoniales de Jorge Montaño Ventura muestran la otra cara de esa discusión. El consejero tabasqueño reportó 9 millones 448 mil 756 pesos netos en remuneraciones del INE durante 2024 y 2025. Casi 9.5 millones en dos ejercicios completos.

En 2024 declaró 4 millones 752 mil 668 pesos por su cargo público. Ese año agregó otros 140 mil pesos por la venta de tres vehículos, por lo que sus ingresos personales llegaron a 4 millones 892 mil 668 pesos. Para 2025 volvió a rozar los cinco millones: 4 millones 696 mil 88 pesos, esta vez exclusivamente provenientes de su responsabilidad dentro del organismo electoral.

Las cuentas dejan poco espacio para el discurso: únicamente por remuneraciones públicas, Montaño recibió un promedio aritmético cercano a 393 mil 700 pesos mensuales durante esos dos años. No se trata de su sueldo mensual —la remuneración anual incorpora otros componentes—, sino de dimensionar los 9.45 millones netos que él mismo asentó en sus declaraciones.

El dato pega justo cuando desde el poder se insiste en abaratar las elecciones, reducir estructuras y terminar con los excesos del sistema electoral. La austeridad podrá discutirse en leyes, presupuestos y reformas. Pero durante 2024 y 2025, cuando llegó a la cuenta de uno de los once integrantes del Consejo General del INE, los millones siguieron corriendo.

Lo que no vemos

Hasta el peso se puede saber cuánto recibió Montaño del INE. Seguir el rastro completo de sus bienes resulta bastante más difícil.

Las versiones públicas de sus declaraciones patrimoniales contienen registros de bienes inmuebles y vehículos, pero información que permitiría reconstruir con precisión parte de ese patrimonio aparece testada. Valores, características y otros datos relevantes no están disponibles de manera íntegra para consulta pública. No significa, por sí mismo, que exista una irregularidad. Significa algo más sencillo: el ciudadano conoce cuánto dinero público entró, pero no puede conocer con el mismo detalle todo lo que integra el patrimonio declarado.

Hay un dato nuevo en 2025 que merece atención. Montaño reportó un crédito hipotecario adquirido el 21 de abril de ese año. La deuda existe en la declaración; sin embargo, tanto el monto original como el saldo insoluto aparecen testados en la versión pública. Es decir, puede conocerse que contrató la hipoteca, pero no cuánto pidió ni cuánto debía al momento de declarar.

Ese es el límite documental de esta revisión y también una de sus preguntas centrales. Las declaraciones consultadas no prueban enriquecimiento inexplicable ni ocultamiento ilegal de bienes. Pero tampoco permiten reconstruir peso por peso cómo evolucionó el patrimonio de un funcionario que recibió casi 9.5 millones netos del erario en apenas dos ejercicios.

Austeridad pendiente

La contradicción aparece sola. México lleva años discutiendo el costo de sus elecciones. Sueldos, prestaciones, presupuestos del INE y gasto de los organismos electorales locales han quedado bajo la lupa de una reforma que promete adelgazar una democracia considerada demasiado cara.

Montaño llegó al Consejo General en abril de 2023 y permanecerá ahí hasta 2032. En sus dos últimos ejercicios completos declaró 9.45 millones de pesos netos solamente por remuneraciones públicas. No hay ilegalidad acreditada en cobrar lo que corresponde al cargo. La pregunta es política: ¿hasta dónde puede hablarse de austeridad electoral si el ajuste no alcanza las remuneraciones de quienes administran las elecciones?

Porque una cosa es adelgazar al árbitro en el discurso. Otra, bastante distinta, es meter la tijera donde están los millones.

Jorge Montaño Ventura no llegó al INE desde fuera del sistema electoral. Creció dentro de él. Su carrera pública puede seguirse desde Tabasco hasta uno de los once asientos del Consejo General del organismo que conduce las elecciones nacionales. En poco más de una década pasó por prácticamente todos los pisos de la estructura electoral: instituto local, tribunal, fiscalía especializada y, finalmente, el INE.

Su trayectoria arrancó desde abajo. Fue vocal ejecutivo y presidente de un consejo municipal en Nacajuca; después ocupó una consejería en el IEPCT y en 2014 dio el salto al Tribunal Electoral de Tabasco, donde llegó a ocupar la presidencia. Más tarde apareció como fiscal especializado en Delitos Electorales, responsabilidad que desempeñó hasta el 3 de abril de 2023. Al día siguiente comenzó otra historia: asumió como consejero electoral nacional.

Su llegada tampoco fue convencional. Después del proceso de selección en la Cámara de Diputados, Montaño terminó convertido en consejero mediante insaculación —sorteo—, realizada el 31 de marzo de 2023. El azar decidió entre quienes habían llegado a la etapa final, pero el premio político fue enorme: un asiento de nueve años en el INE, hasta abril de 2032.

La fotografía completa importa. Montaño no es solamente el funcionario que declaró 9.45 millones de pesos netos en remuneraciones del INE durante 2024 y 2025. Es un tabasqueño que hizo carrera dentro del aparato electoral hasta alcanzar uno de los puestos desde donde hoy se toman decisiones que repercuten en todo el país.

Poder sobre OPLES

Y su poder no termina en levantar la mano durante las sesiones del Consejo General. Montaño preside actualmente la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, la puerta institucional mediante la cual el INE mantiene relación con los árbitros electorales de los estados.

Ahí está una de las posiciones más sensibles de su carrera. La comisión participa en los procedimientos de selección y designación de presidencias y consejerías de los OPLE. Dicho sin lenguaje burocrático: por esa ventanilla pasan quienes aspiran a convertirse en árbitros electorales de los estados. En 2026, Montaño ha intervenido desde esa responsabilidad en procedimientos de designación y convocatorias para organismos electorales locales.

Para Tabasco, el dato tiene una lectura adicional. Montaño conoce el IEPCT desde adentro y ahora ocupa en el INE una posición directamente relacionada con los organismos locales. Ese recorrido le ha dado algo que no aparece en ninguna declaración patrimonial: capacidad de influencia institucional sobre la estructura electoral que alguna vez integró.

Por eso su perfil rebasa los millones que recibe. El dinero permite medir cuánto cuesta su cargo; la posición que ocupa permite entender cuánto pesa.

Huella en Tabasco

Ese peso ya provoca ruido en Tabasco. Roberto Romero del Valle, vocero de Morena y representante del partido ante el IEPCT, confirmó en entrevista para El Tabasqueño que desde hace tiempo existen señalamientos sobre la intervención política de Montaño en la conformación del órgano electoral local.

“Varios consejeros fueron apoyados o han sido respaldados por Montaño”, sostuvo Romero del Valle al ser interrogado sobre las designaciones realizadas desde el INE. La acusación adquiere relevancia ahora que dentro del IEPCT se revisa el registro de Unión Democrática por Tabasco, el partido promovido por Humberto de los Santos Bertruy. Morena sostiene que algunos integrantes del instituto actúan con intereses que rebasan la función estrictamente electoral.

En esa discusión aparecen cuatro nombres que fuentes políticas han identificado como parte del grupo de consejeros impulsados por Montaño: Hernán González Sala, Ángela Guadalupe Araujo Segura, Monserrat Martínez Beaurregard y Ruth Lizette Toledo Peral. El señalamiento político existe; los documentos patrimoniales analizados no prueban subordinación de esos consejeros a Montaño, ni sería serio presentarla como un hecho acreditado.

Pero el contexto permite dimensionar al personaje. El mismo hombre que salió del sistema electoral tabasqueño, llegó por sorteo al Consejo General del INE y hoy preside la vinculación con los OPLE conserva su nombre en las disputas por la integración del árbitro de su estado.

Así se completa otra parte de la radiografía: Montaño no solamente acumula casi 9.5 millones de pesos netos en dos años de remuneraciones públicas. También acumuló algo menos sencillo de declarar y mucho más difícil de medir: poder electoral.

El costo real

Los 9 millones 448 mil 756 pesos que Jorge Montaño Ventura declaró por su cargo en el INE durante 2024 y 2025 no deben confundirse con sueldo base multiplicado por 24 meses. Las declaraciones patrimoniales registran la remuneración neta anual por el empleo público, donde pueden confluir sueldo y las prestaciones correspondientes al cargo. El dato correcto —y suficientemente fuerte— es el documentado: 4 millones 752 mil 668 pesos en 2024 y 4 millones 696 mil 88 pesos en 2025.

La dimensión aparece al mirar el cargo. No estamos hablando del presidente del INE ni del responsable de conducir todo el organismo, sino de uno de los once integrantes de su Consejo General. Montaño tiene voz y voto en las decisiones nacionales y, como presidente de la Comisión de Vinculación con los OPLE, una posición relevante en la relación del instituto nacional con los árbitros estatales.

Por eso el debate sobre cuánto cuesta el sistema electoral deja de ser abstracto. Los recortes pueden bajar presupuestos, desaparecer plazas o adelgazar estructuras, pero existe un piso menos discutido: lo que cuesta la cúpula que gobierna al árbitro. En el caso de Montaño, sus propias declaraciones ya pusieron cifra a dos años: casi 9.5 millones netos provenientes del INE.

Cuentas abiertas

La historia patrimonial de Jorge Montaño no termina con una suma. Empieza ahí. Sus declaraciones permiten conocer con precisión cuánto recibió por su función pública, pero las versiones disponibles al ciudadano no ofrecen el mismo grado de detalle para reconstruir el valor y evolución de parte de sus bienes. Esa diferencia importa cuando se habla de transparencia de funcionarios colocados en posiciones de enorme poder público.

En 2025, por ejemplo, aparece un crédito hipotecario contratado el 21 de abril. Sabemos que existe porque Montaño lo declaró. Lo que no puede conocerse en la versión pública consultada es cuánto recibió originalmente ni cuál era el saldo pendiente: ambos datos aparecen testados. Lo mismo ocurre con información relevante en apartados patrimoniales.

Nada de eso permite afirmar que exista enriquecimiento ilícito. Este reportaje no lo sostiene porque los documentos no lo prueban. Lo que sí prueban es una paradoja difícil de ignorar: el sistema puede decirle al ciudadano, hasta el último peso, cuánto recibió Montaño del erario, mientras deja fuera de la versión pública información que permitiría observar con mayor detalle la composición y evolución de su patrimonio.

Y hay una última capa. Montaño no permaneció nueve años en un mismo escritorio tabasqueño. Escaló. Pasó del sistema electoral local al tribunal, de ahí a la fiscalía electoral y finalmente al INE, donde permanecerá hasta 2032. Hoy, además, preside la comisión que vincula al organismo nacional con los institutos electorales estatales. Su patrimonio se declara; su poder también puede medirse siguiendo los cargos que ha acumulado.

La discusión llega en un momento incómodo para el sistema electoral mexicano. Mientras desde la política se vuelve a preguntar cuánto debe costar la democracia, las declaraciones de Montaño ofrecen una respuesta concreta sobre uno de sus administradores: 9.45 millones de pesos netos en dos años.

La otra respuesta sigue incompleta. Porque conocemos cuánto entró. Lo que las versiones públicas no permiten conocer con la misma precisión es cuánto hay, cuánto vale y cómo evolucionó todo lo declarado. Esa también es una cuenta que la transparencia electoral tiene pendiente.