Héctor I. Tapia
Hay un registro que México no presume, pero que existe: el de los ex gobernadores presos que gobernaron con la impunidad como paraguas y terminaron, tarde o temprano, ante un juez. No son diez exactamente —la lista real es más larga y más incómoda—, pero diez ex gobernadores concentran los delitos más graves, los montos más escandalosos y las tramas más retorcidas. Cada uno tuvo, en su momento, control del presupuesto estatal, de la policía, del aparato de justicia local. Cada uno usó ese control, según las acusaciones que hoy enfrentan, para enriquecerse, para encubrir, para callar a quien estorbara. Y cada uno, también, descubrió que ese poder tenía fecha de caducidad.
Son, además, un termómetro de cómo funciona la justicia en México: lenta, porosa, negociable; pero que a veces llega. Hay quien cumplió condena completa y sigue preso porque le abrieron otra causa el último día. Hay quien salió absuelto del cargo más grave después de nueve años de cárcel y hoy reparte su tiempo entre un domicilio y un brazalete electrónico. Hay quien nunca pisó una celda y gobierna su fuga desde otro país, protegido por abogados, amparos y, según las propias fiscalías estatales, por el crimen organizado. La diferencia entre estos destinos no siempre la marca la gravedad del delito: la marca el dinero, el tiempo y la red de protección que cada uno logró tejer antes de que se cerrara la puerta.
Ocho de los diez vienen del PRI, el partido que gobernó la mayoría de estos estados durante las décadas en que se cometieron los delitos que hoy se juzgan. Pero los dos casos más recientes rompen esa columna: uno es del PRD, el otro del PAN, y ambos comparten un capítulo que ningún priista de esta lista tiene todavía documentado de forma tan directa —la presunta ayuda de un cártel para escapar de la justicia. El club que nadie quiso fundar ya no tiene un solo color político. Solo tiene, cada vez más, el mismo patrón: el poder primero, la cuenta después.
Javier Duarte: la sentencia cumplida que no alcanza para salir
El 15 de abril de 2026, Javier Duarte de Ochoa cumplió su condena de nueve años por asociación delictuosa y lavado de dinero, pero no recuperó la libertad. Es el caso más emblemático y el más enredado jurídicamente.
Fue gobernador de Veracruz del 1 de diciembre de 2012 al 12 de octubre de 2016, fecha en que solicitó licencia al cargo. Su administración dejó una deuda de al menos 62 mil millones de pesos al erario veracruzano, además de hospitales abandonados, nóminas infladas con miles de plazas fantasma y acusaciones de que recursos destinados a niños con cáncer fueron desviados a empresas fantasma.
En noviembre de 2025, la jueza de control Ángela Zamorano Herrera resolvió que era infundada su solicitud de libertad anticipada: Duarte incumplió dos de los seis requisitos que establece la Ley de Ejecución Penal, entre ellos no contar con proceso penal pendiente.
Y en efecto, los tiene. En febrero de 2026, el juez de control Gustavo Aquiles Villaseñor lo vinculó a proceso por el delito de peculado por 5 millones de pesos en daño a un fondo destinado a obras de salud en beneficio de niños y adultos mayores, y ratificó la prisión preventiva justificada hasta que concluya este nuevo proceso. La FGR busca para él una sentencia de 21 años adicionales de prisión.
Hay además otro expediente abierto: Duarte aún enfrenta la acusación por su presunta participación en la desaparición forzada del policía estatal David Lara Cruz, registrada en enero de 2016.
El ex gobernador veracruzano ha intentado todo: la libertad anticipada, el amparo, la suspensión del procedimiento. Su abogado Pablo Campuzano de la Mora señaló que apelaron la vinculación a proceso, y un juzgado en materia penal concedió la suspensión para que el procedimiento se aplace hasta que se resuelva el amparo. El reloj jurídico corre, pero Duarte sigue en el Reclusorio Norte.
César Duarte: de la libertad con brazalete al Altiplano otra vez
El trayecto de César Duarte, ex gobernador de Chihuahua (2010-2016), es un vaivén que ilustra la fragilidad —y la permeabilidad— del sistema penitenciario mexicano.
Fue detenido por primera vez en julio de 2020 en Miami, Florida, y extraditado a México en junio de 2022 por los delitos de peculado y asociación delictuosa. Pero tras estar dos años en la cárcel, un Tribunal de Control aprobó en junio de 2024 que enfrentara el proceso en libertad, con el uso de brazalete electrónico. La acusación acumulada señala el desvío de más de 1,200 millones de pesos para financiar campañas del PRI.
La tregua duró poco. El 4 de diciembre de 2025, el gobierno de Estados Unidos autorizó procesarlo por un delito distinto a los de extradición original: lavado de dinero, al haber pretendido ocultar el origen de 73 millones 925 mil pesos. Con esa autorización, fue reaprehendido y trasladado al penal de máxima seguridad del Altiplano, en Almoloya de Juárez.
La FGR presentó más de 120 datos de prueba para inculparlo. Una jueza dictó prisión preventiva, y su defensa alegó que la detención es ilegal por las restricciones del tratado de extradición. El debate jurídico continúa, pero César Duarte está nuevamente entre rejas.
Mario Marín: el “góber precioso” y el crimen que no prescribió
Mario Marín Torres gobernó Puebla de 2005 a 2011. Su apodo —”el góber precioso”— lo acuñó él mismo en una llamada telefónica filtrada en 2006, cuando presumía, en términos obscenos, sus gestiones para lograr la detención y tortura de la periodista Lydia Cacho, quien había expuesto una red de pederastas con vínculos políticos. La grabación fue pública, el escándalo enorme, y la impunidad, por años, completa.
Hasta que no lo fue. En abril de 2025, Marín reingresó al Cefereso del Altiplano después de que le revocaron la prisión domiciliaria, por su presunta participación en el delito de tortura contra Cacho. Es uno de los casos más simbólicos del acervo: un gobernador que usó el aparato estatal para silenciar a una periodista, procesado décadas después por ese mismo delito.
El proceso sigue abierto. Lydia Cacho ha señalado que detrás de la trama había más actores que aún no han enfrentado consecuencias.
Tomás Yarrington: de la mazmorra italiana al Altiplano
El itinerario de Tomás Yarrington, ex gobernador de Tamaulipas (1999-2004), es el más internacional de todos. Fue arrestado el 9 de abril de 2017 en Florencia, Italia, con documentación falsa que lo identificaba como José Ángel Márquez Pérez. Extraditado a Estados Unidos en 2019, fue condenado a 9 años de cárcel tras declararse culpable de lavado de dinero —recibió más de 3.5 millones de dólares en sobornos del Cártel del Golfo— y liberado por las autoridades estadounidenses el 3 de julio de 2024.
El 9 de abril de 2025 fue deportado a México e ingresado ese mismo día al Altiplano. Desde entonces, los juicios se acumulan y también los amparos. La FGR obtuvo autos de formal prisión en su contra en tres procesos: delincuencia organizada, delitos contra la salud en su modalidad de colaboración al fomento, y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Los presuntos vínculos señalados son con el Cártel del Golfo y Los Zetas.
En enero de 2026, un tribunal federal ordenó reponer el procedimiento por narcotráfico al advertir fallas en el debido proceso y en la valoración de pruebas de descargo. Aun si consiguiera cancelar ese proceso, el exmandatario continuará preso porque tiene otros dos en curso. Al 7 de abril de 2026, Yarrington permanece recluido en el Altiplano bajo prisión preventiva, y su equipo legal pele con los tribunales expediente por expediente.
Roberto Sandoval: el primer juicio oral a un ex gobernador
Roberto Sandoval Castañeda gobernó Nayarit de 2011 a 2017. Fue declarado prófugo de la justicia en noviembre de 2020 y capturado el 6 de junio de 2021 en Linares, Nuevo León, junto con su hija. Desde entonces permaneció en el Cefereso El Rincón, en Tepic.
El 9 de septiembre de 2025 fue emitido el primer fallo condenatorio de un juicio oral en contra de un exgobernador en México, por el delito de falsificación de documentos: utilizó un documento apócrifo para adjudicarse un terreno de 58 hectáreas en el ejido Aután, municipio de San Blas, y registrarse como ejidatario en tres predios adicionales durante su mandato. La pena fue de siete años de prisión.
Pero hay más. El 11 de septiembre de 2025, la FGR logró por segunda ocasión que un juez de control lo vinculara a proceso por lavado de dinero, en este caso por más de 156 millones de pesos. Enfrenta también otros dos procesos: uno relacionado con el presunto desvío de recursos a través del programa PROSA para fines electorales, y otro por mal uso de fondos del FIRCAES por 82 millones 914 mil pesos. El gobierno de Estados Unidos señaló además que Sandoval habría recibido sobornos del Cártel Jalisco Nueva Generación.
Ney González: el único prófugo con ficha roja
Francisco Ney González Sánchez, ex gobernador de Nayarit (2005-2011), es el único de esta lista que sigue libre —o al menos, no detenido. La FGR informó en noviembre de 2024 la existencia de una ficha roja de Interpol en su contra, acusado del megafraude contra el Fideicomiso Bahía de Banderas. Tiene pendientes además otras dos órdenes de captura.
Su caso tiene un dato relevante que no siempre se anota: Roberto Sandoval, su sucesor en la gubernatura, comenzó su carrera política como director del rastro municipal precisamente durante el gobierno de González. Los nexos entre ambos administraciones son un hilo que los investigadores no han terminado de jalar.
Roberto Borge: absuelto de lo peor, pero no libre
Roberto Borge Angulo gobernó Quintana Roo de 2011 a 2016. Fue detenido el 4 de junio de 2017 en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en Panamá, cuando intentaba abordar un vuelo a París. Extraditado a México en enero de 2018, pasó casi nueve años en el Ceferepsi de Ayala, Morelos.
La entonces PGR acusó que cometió irregularidades que causaron un daño total de 900 millones 99 mil 418 pesos al erario, mediante la venta de predios estatales a precios inferiores a familiares y personas cercanas.
El giro llegó el 28 de mayo de 2026: el juez federal Gustavo Eduardo Alonso Ortiz determinó que la FGR no logró acreditar la responsabilidad penal de Borge en el delito de delincuencia organizada, relacionado con operaciones con recursos de procedencia ilícita. De haber sido condenado, habría enfrentado entre 20 y 40 años de prisión.
La absolución no es libertad plena. La madrugada del 26 de junio de 2026, Borge abandonó el Ceferepsi tras nueve años de reclusión para cumplir prisión domiciliaria con brazalete electrónico en un inmueble del Estado de México, mientras continúa el proceso por lavado de dinero que permanece abierto. Las condiciones impuestas incluyen vigilancia electrónica permanente, restricciones de movilidad y disponibilidad para cualquier requerimiento del juzgado.
Los procesos del fuero común —peculado, aprovechamiento ilícito del poder, desempeño irregular de la función pública— ya no tienen procedimientos activos.
Silvano Aureoles: el fugitivo con ayuda del CJNG
Silvano Aureoles Conejo gobernó Michoacán de 2015 a 2021 por el PRD —el primer caso de este expediente que rompe la hegemonía priista. Las autoridades lo acusan de presunto peculado por más de 3 mil 400 millones de pesos, relacionados con el manejo de recursos públicos durante su administración. El dinero, según la acusación, estaba destinado a la construcción de siete cuarteles para la entonces Policía Michoacán, hoy Guardia Civil.
Pero hay algo más grave: un juez de control libró 16 órdenes de aprehensión contra Aureoles y exfuncionarios de su gobierno por homicidio calificado, abuso de autoridad y tortura, derivados de un operativo de seguridad en 2017 en la comunidad indígena de Arantepacua, municipio de Nahuatzen, donde murieron cuatro comuneros.
La Fiscalía de Michoacán asegura que el Cártel Jalisco Nueva Generación ayudó a huir a Aureoles, quien escapó de un operativo en su contra el 1 y 2 de marzo de 2025 tras ser ubicado en el estado de Jalisco. Sobre él pesan 22 denuncias penales, tiene ficha roja de Interpol y su paradero, presumiblemente fuera de México, se desconoce.
Cabeza de Vaca: renunció a nacionalidad para evitar la cárcel
Francisco Javier García Cabeza de Vaca gobernó Tamaulipas de 2016 a 2022 por el PAN. El Gobierno de México solicitó a Estados Unidos la detención provisional con fines de extradición, después de que un juez federal mexicano rechazara el recurso con el que buscaba evitar su arresto por acusaciones de delincuencia organizada, lavado de dinero y fraude fiscal.
Enfrenta dos órdenes de captura pendientes de ejecución: una emitida en 2022 por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, y otra de 2024, también por delincuencia organizada. En 2025 afirmó que Interpol retiró la ficha roja en su contra, aunque la Fiscalía sostuvo que solo fue suspendida temporalmente por resoluciones judiciales.
Su caso tiene un capítulo casi cómico de no ser tan grave: al salir del gobierno de Tamaulipas, buscó ser diputado de representación proporcional para obtener fuero y evitar ser detenido, registrando un domicilio en Reynosa cuando en realidad ya residía en Estados Unidos. El Tribunal Electoral le negó el registro.
Mario Villanueva Madrid: el más viejo del club
Mario Villanueva Madrid, conocido como "El Chueco", gobernó Quintana Roo de 1993 a 1999. Fue uno de los primeros casos de un gobernador mexicano detenido en Estados Unidos por nexos con el narcotráfico, específicamente con el Cártel de Juárez, del que se dice recibió millones de dólares para facilitar el paso de cocaína.
En 2020 fue sentenciado por delitos contra la salud. Debido a su avanzada edad y a los problemas de salud que arrastra, obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria en Chetumal. Es el decano de este club involuntario y, también, el que más tiempo lleva transitando por las grietas del sistema judicial.
Lo que el mapa revela
De los diez casos, ocho son priistas, uno del PRD y uno del PAN: la corrupción y el crimen organizado no distinguen membresía partidista, solo oportunidad. Todos gobernaron entre 1993 y 2022. Los delitos son un catálogo de lo que se puede hacer cuando el poder estatal se ejerce sin contrapesos: desviar recursos de hospitales, fabricar plazas fantasma, vender el patrimonio del Estado a cómplices, facilitar el trasiego de drogas, torturar periodistas, falsificar documentos para quedarse con tierras ajenas.
Desde el año 2000, al menos una veintena de exmandatarios estatales han sido procesados. La lista de los que aún enfrentan procedimientos activos sin haber pisado la cárcel es igualmente larga: Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Silvano Aureoles, Eugenio Hernández, Jorge Torres López, entre otros.
Lo que los nueve casos juntos dejan en claro es que la justicia mexicana puede llegar, pero lo hace tarde, con tropiezos, con amparos que la ralentizan, con negociaciones que la desvían. Roberto Borge duró nueve años preso y salió absuelto del cargo más grave. Javier Duarte cumplió su condena y no puede salir porque le abrieron otra causa. César Duarte estaba libre con brazalete y lo regresaron al Altiplano.
No hay un patrón limpio de justicia. Hay, más bien, un sistema que avanza a sacudidas, que a veces acierta y a veces negocia, que acumula expedientes como quien acumula deudas sin certeza de cuándo ni cómo las cobrará. El club que nadie quiso fundar sigue creciendo.
El Tabasqueño. Periodismo Bien Hecho.
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