La lógica del operativo era válida. Las llamadas cámaras parásito —sistemas de videovigilancia instalados de forma clandestina por grupos delictivos para monitorear movimientos en zonas estratégicas— representan un problema real de seguridad en ciudades de todo el país. Detectarlas y retirarlas es una tarea legítima. El problema de “Halcón Ciego» no fue el objetivo: fue la ejecución.
Fuentes oficiales consultadas por El Tabasqueño confirmaron que el operativo de la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT) Olmeca se realizó sin que mediara un trabajo previo de investigación e inteligencia que acreditara, cámara por cámara, si los equipos eran efectivamente manipulados por estructuras criminales. Se localizaron los dispositivos sobre la avenida Zaragoza y se retiraron. Así de simple. Así de riesgoso.
Cronología · Seguridad
Cinco días que convirtieron un operativo en un conflicto institucional
Del retiro de cámaras sin inteligencia previa a la mesa de diálogo que el gobierno estatal tuvo que abrir para evitar que el error del Ejército escale hacia la feligresía.
Fuente: El Tabasqueño con información de fuentes oficiales y comunicados institucionales · Junio 2025
El costo de saltarse la inteligencia
La ausencia de ese filtro investigativo produjo el resultado previsible: entre los 53 equipos desmantelados había cámaras domiciliarias de vecinos comunes y, sobre todo, el sistema de videovigilancia de la Iglesia Presbiteriana Nueva Jerusalén, instalado desde hace diez años y que —dato que vuelve el episodio todavía más incómodo para las autoridades— había sido utilizado apenas en octubre pasado por la propia Fiscalía General del Estado, que solicitó sus grabaciones para integrar una carpeta de investigación.
El operativo, en lugar de neutralizar silenciosamente una amenaza, generó el efecto contrario: abrió un frente público con una institución religiosa de presencia nacional, la Iglesia Nacional Presbiteriana de México (INPM), que exigió disculpa pública, presentó un recurso de queja ante la SSPC federal y advirtió que activará otros mecanismos legales si no recibe respuesta por escrito en un plazo razonable.
“Todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado, no bajo sospecha”, advirtió el asesor jurídico de la congregación, Carlos Castellanos.

El gobierno estatal absorbe el golpe
Las fuerzas armadas ejecutaron. El gobierno del estado recoge los fragmentos. La Secretaría de Gobierno de Tabasco convocó a una mesa de diálogo con autoridades de la iglesia afectada y emitió un comunicado en el que reconoció la labor social de la INPM y precisó que no existe información que la vincule con actividades ilícitas. El subsecretario José Pablo Mora Gómez encabezó el encuentro.
Fuentes oficiales consultadas por El Tabasqueño señalaron que la preocupación central del gobierno estatal es evitar que el conflicto escale hacia la feligresía y se convierta en un frente de inconformidad ciudadana contra las autoridades. La INPM tiene presencia en los 32 estados de la república. Su red de congregaciones es amplia. Su capacidad de movilización, también.
El comunicado oficial cuidó el lenguaje: reconoció, reiteró, precisó. Lo que no hizo fue disculparse. Esa omisión mantiene abierto el proceso legal y deja pendiente la resolución real del conflicto.
Análisis de actores · Seguridad
Quién ejecutó, quién protestó y quién paga el costo político
Las fuerzas federales dispararon el operativo. El gobierno de Javier May absorbe las consecuencias de un error que no cometió pero que ocurrió en su territorio.
Ejecutaron
FIRT Olmeca
Comando del operativo
Sedena / Semar
Fuerza de campo
FGR / FGE
Respaldo jurídico
SSPC federal
Coordinación general
Absorbió el costo político
Secretaría de Gobierno
Mesa de diálogo · comunicado oficial · subsecretario Mora Gómez
Gobierno de Javier May
Daño reputacional por un operativo federal ejecutado en su territorio
La disculpa pública sigue pendiente. El proceso legal ante la SSPC federal permanece abierto.
Fuente: El Tabasqueño con información de fuentes oficiales y comunicados institucionales · Junio 2025
La pregunta que quedó en el aire
En redes sociales, la polémica desbordó el caso de la iglesia. Ciudadanos preguntaron si colocar una cámara domiciliaria para vigilar la entrada de su vivienda desde la calle se convierte ahora en un acto irregular. La pregunta no es menor: en una ciudad donde la percepción de inseguridad sigue siendo alta, muchas familias han invertido en sistemas propios de vigilancia precisamente porque confían poco en la vigilancia institucional.
“Halcón Ciego” tenía como propósito quitarle ojos al crimen organizado. La ironía es que, al actuar sin los suyos propios, terminó quitándoselos también a quienes nada tienen que ver con él.
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