Héctor I. Tapia
En Comalcalco no anunciaron solamente una planta procesadora de cacao. Lo que apareció este sábado, frente a unos 500 productores de Sembrando Vida reunidos en la finca El Morralero, fue algo mucho más grande: el regreso del Estado al corazón del negocio cacaotero.
El gobernador Javier May Rodríguez pidió públicamente un precio de garantía para el cacao tabasqueño y la presidenta Claudia Sheinbaum respondió comprometiéndose a construir un esquema federal de “precio justo” junto con una Planta Agroindustrial de Chocolate Bienestar valuada ya en 110 millones de pesos.
La escena tuvo algo de promesa económica y algo de ajuste histórico. Durante décadas Tabasco exportó cacao barato mientras otros industrializaron, empaquetaron y vendieron chocolate con ganancias mucho mayores. El productor secaba grano. Otros construían marcas. Por eso la apuesta federal no se limita a una fábrica. El gobierno quiere participar ahora en toda la cadena: acopio, procesamiento, industrialización, distribución y eventual exportación.
La planta fue presentada con una inversión actualizada superior a los 80 millones anunciados originalmente en 2025. De acuerdo con las láminas técnicas mostradas durante la visita presidencial, el complejo ocupará 2.3 hectáreas en Ranchería Oriente, Comalcalco, y tendrá una superficie construida de 6 mil 400 metros cuadrados.
El proyecto contempla almacenes, patios de maniobra, planta de tratamiento, áreas logísticas y capacidad inicial para procesar 600 toneladas de cacao, con meta de llegar a mil toneladas hacia 2030.
Por ahora, sin embargo, la planta sigue existiendo solamente en renders, planos y promesas oficiales. En El Morralero todavía no hay estructuras levantadas ni maquinaria instalada. Apenas un terreno vacío donde el gobierno federal intenta sembrar una nueva narrativa económica para Tabasco.
RADIOGRAFÍA PLANTA
La chocolatera pública concentra inversión, capacidad industrial y apuesta territorial.
110 mdp
Inversión actualizada para construir la Planta Agroindustrial de Chocolate Bienestar.
Cacao barato
Tabasco produce más de 17 mil toneladas de cacao al año. El problema nunca ha sido sembrarlo. El problema ha sido quién gana dinero con él. Miles de pequeños productores sobreviven vendiendo cacao seco mientras la mayor parte del valor agregado termina fuera del estado. El gobernador Javier May lo resumió frente a Sheinbaum cuando pidió un esquema que permita acopiar toda esa producción “sin intermediarios”.
“Si logramos poner un precio todo el año, todo el ciclo, es decir, hablo en voz alta, de 100 pesos el kilo, podemos recuperar esa inversión”, dijo el mandatario estatal. La frase no fue menor. Hoy el kilo de cacao puede pagarse entre 40 y 50 pesos dependiendo de temporada, calidad y coyotaje. Muchos productores apenas poseen media hectárea o una hectárea sembrada. El margen real termina diluyéndose entre compradores, revendedores y comercializadores.
La respuesta presidencial abrió otra dimensión del proyecto. “Firmamos un tratado comercial con Europa. ¿Pero de qué le sirve a Tabasco ese acuerdo comercial?”, preguntó Claudia Sheinbaum. Y enseguida planteó la idea central de la nueva apuesta federal: usar el acuerdo comercial con la Unión Europea para exportar cacao y chocolate con mayor valor agregado.
La presidenta instruyó entonces al gobernador Javier May, al alcalde Ovidio Peralta y a María Luisa Albores, directora general de Alimentación para el Bienestar, a construir en dos semanas un proyecto denominado “Precio justo para el cacao de Tabasco”. El objetivo, dijo, es que el productor deje de vender únicamente materia prima y pueda beneficiarse también de la transformación industrial. “Eso es construir la economía desde abajo”, sostuvo.
El proyecto contempla producir Chocolate Bienestar en distintas presentaciones: chocolate de mesa, chocolate en polvo y barras con 50 y 75 por ciento de cacao. María Luisa Albores explicó frente a productores de la Chontalpa que “de esta tierra serán responsables de la creación de nuestro Chocolate Bienestar”. La idea es utilizar principalmente cacao proveniente de Sembrando Vida y distribuir parte de la producción mediante la red nacional de Tiendas Bienestar.
Detrás del discurso social existe una apuesta económica mucho más profunda. El gobierno federal intenta construir una agroindustria regional donde el Estado ayude a ordenar producción, precio y comercialización. El modelo no es nuevo en el mundo. El café colombiano, el cacao de Ghana o los sistemas lácteos protegidos en Nueva Zelanda muestran que la intervención estatal puede reorganizar sectores agrícolas completos cuando existe control técnico, disciplina financiera y mercado real.
El problema comienza cuando la política invade el negocio. Y Tabasco conoce demasiado bien esa historia.
El fantasma del PRI
La incredulidad que hoy rodea al proyecto no nació en la oposición ni en redes sociales. Nació en el propio campo tabasqueño. Muchos productores escucharon hablar de precio justo, acopio estatal y chocolateras públicas recordando inmediatamente otra historia: cooperativas quebradas, líderes enriquecidos y organizaciones cacaoteras capturadas por la política priista durante décadas.
Tabasco ya conoció antes un modelo donde el poder político se mezcló con el negocio del cacao. El resultado terminó dejando productores endeudados, organizaciones pulverizadas y una desconfianza que todavía sobrevive en la Chontalpa. Por eso, mientras en El Morralero se presentaban renders futuristas y maquetas de la nueva planta, también reaparecía silenciosamente el recuerdo de aquella vieja industrializadora que prometió modernizar el sector y terminó convertida en símbolo de corrupción y fracaso administrativo.
Ahí está la principal tensión del proyecto de Claudia Sheinbaum y Javier May. El gobierno no solamente quiere apoyar al productor. Quiere entrar directamente al mercado: comprar, transformar, vender y eventualmente exportar chocolate. Eso convierte a la nueva planta en algo mucho más complejo que una obra industrial.
El complejo proyectado en Comalcalco contempla una capacidad inicial para procesar 600 toneladas de cacao y alcanzar mil toneladas hacia 2030. Las láminas técnicas muestran almacenes, patios de maniobra, áreas de carga, planta de tratamiento y espacios logísticos diseñados ya no para producción artesanal, sino para operación semiindustrial permanente. El proyecto calcula además 21 empleos directos y hasta 3 mil indirectos ligados a transporte, acopio, comercialización y procesamiento.
El estado empresario
El fondo político del proyecto aparece justamente ahí: el regreso del Estado como actor económico directo. El gobierno federal no solamente pondrá recursos públicos para construir la planta. También controlará parte del acopio mediante Alimentación para el Bienestar, impulsará la marca Chocolate Bienestar y utilizará la red nacional de Tiendas Bienestar para distribuir productos elaborados con cacao tabasqueño.
Eso ya no se parece a un programa social tradicional. Se parece más a una política industrial regional impulsada desde el gobierno federal. Y aunque en México muchos reaccionan automáticamente con desconfianza, el modelo sí tiene antecedentes internacionales exitosos cuando existe disciplina técnica y control administrativo real.
El café colombiano logró reorganizar parte de su economía rural cuando el Estado ayudó a ordenar producción, calidad y comercialización. Ghana construyó un sistema estatal de control de precios para evitar desplomes brutales en el mercado internacional del cacao. Nueva Zelanda convirtió cooperativas lácteas protegidas por el Estado en gigantes exportadores mundiales. En todos esos casos el punto central fue el mismo: impedir que el productor quede atrapado vendiendo materia prima barata mientras otros concentran la utilidad industrial.
Pero también existen los fracasos. Y México tiene varios. Desde Conasupo hasta antiguas paraestatales agrícolas, muchos proyectos terminaron convertidos en botín político, burocracia ineficiente o redes clientelares incapaces de competir en mercado real. Por eso el riesgo alrededor de la nueva chocolatera tabasqueña no está solamente en la construcción física de la planta. El verdadero riesgo aparecerá cuando tenga que operar todos los días.
Porque producir chocolate competitivo no es sencillo. Se necesitan estándares sanitarios, certificaciones internacionales, calidad homogénea, logística constante y mercado estable. Más aún si el gobierno pretende aprovechar el nuevo acuerdo comercial entre México y la Unión Europea para exportar cacao y chocolate procesado desde Tabasco.
“¿Pero de qué le sirve a Tabasco ese acuerdo comercial?”, preguntó Sheinbaum frente a productores. La frase terminó revelando la lógica completa del proyecto: usar el aparato estatal para intentar que una parte mayor de la riqueza del cacao se quede en el estado.
El laboratorio Tabasco
Detrás de la planta también aparece otro fenómeno más profundo: el intento de transformar la narrativa económica de Tabasco. Durante décadas el estado giró alrededor del petróleo. Hoy el gobierno federal intenta construir otro discurso: agroindustria, economía social, exportación y valor agregado regional.
Por eso la nueva chocolatera funciona también como laboratorio político del obradorismo. La materia prima provendrá principalmente de productores vinculados a Sembrando Vida. El procesamiento quedará ligado a Alimentación para el Bienestar. La distribución pasará por Tiendas Bienestar. Y el producto final buscará posicionarse bajo una marca nacional respaldada por el propio Estado.
La apuesta es enorme. Lo mismo que el riesgo. Porque el problema nunca fue sembrar cacao. El problema siempre apareció cuando alguien intentó controlar el dinero que se mueve alrededor del cacao.
Hoy, en El Morralero, todavía no existe más que un terreno vacío bajo el calor de la Chontalpa. Pero sobre esas 2.3 hectáreas el gobierno federal intenta levantar algo más ambicioso que una fábrica de chocolate: un nuevo modelo económico para el sureste mexicano.
El Tabasqueño · Periodismo Bien Hecho · eltabasqueno.com
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