El Plan B perfila revocación de mandato en 2027 y reordena el calendario político

CDMX.— La iniciativa de reforma electoral enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum al Senado plantea que la revocación de mandato pueda realizarse en 2027, coincidiendo con la elección intermedia federal y local, lo que modificaría el calendario político y concentraría en una sola jornada varios de los procesos más relevantes del país. El cambio no es menor: introduce la posibilidad de que un mecanismo de evaluación presidencial ocurra en paralelo a una contienda electoral de alta competencia.

El proyecto establece que la consulta podrá solicitarse en el tercer o cuarto año de gobierno y realizarse el primer domingo de junio. Bajo ese esquema, el ejercicio podría empatarse con los comicios en los que se renovarán la Cámara de Diputados, gubernaturas y cargos locales en la mayoría del país. Actualmente, la legislación prevé la revocación después del tercer año de mandato, pero sin vincularla al calendario electoral ordinario, por lo que la nueva redacción modifica el ritmo político del proceso.

De avanzar en sus términos, la jornada de 2027 concentraría la renovación de 500 diputados federales, la elección de 17 gubernaturas y comicios locales en gran parte del territorio nacional. A ese escenario se sumaría la eventual revocación de mandato, lo que incrementaría la carga política, operativa y mediática de la elección intermedia.

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, anticipó el tamaño del proceso al señalar que “será la elección con boletas más grande en la historia de México”. No obstante, la elección judicial no forma parte de esta iniciativa. De acuerdo con el propio legislador, cualquier modificación para mover ese proceso a 2028 será discutida en una propuesta distinta, ante la preocupación por la complejidad de la jornada electoral.

Revocación: cambio en su funcionamiento

La iniciativa también introduce un ajuste en la dinámica de la revocación de mandato. El nuevo texto permite que la persona titular del Ejecutivo pueda difundir el proceso y promover el voto a su favor, algo que actualmente no está contemplado en la legislación vigente.

Aunque se mantiene la prohibición del uso de recursos públicos y la contratación de propaganda, el cambio amplía el margen de participación política del gobierno en un mecanismo que originalmente fue diseñado como instrumento ciudadano de control. En los hechos, el Ejecutivo deja de ser únicamente sujeto de evaluación y adquiere capacidad de incidencia en el desarrollo del proceso.

Este punto ha generado reservas entre aliados del oficialismo, particularmente en el PT y el PVEM, donde legisladores han advertido que empatar la revocación con la elección intermedia podría generar ventajas para el partido en el poder al colocar al titular del Ejecutivo en el centro de la narrativa electoral.

Ajustes al sistema político

El Plan B incluye además medidas orientadas a reducir costos y modificar estructuras locales. Se establece un máximo de 15 regidores por ayuntamiento, dependiendo de su población, lo que impactará en la integración de cabildos en todo el país y reducirá el número de posiciones de representación política municipal.

Asimismo, se fija un tope de 0.70% del presupuesto estatal para los congresos locales, obligando a ajustes en aquellas legislaturas que superen ese nivel de gasto. En paralelo, se limita la remuneración de consejeros y funcionarios electorales para que no supere la de la Presidenta, además de eliminar prestaciones adicionales.

A esto se suma el fortalecimiento de la fiscalización a partidos políticos mediante la obligación de reportar operaciones en tiempo real a través de sistemas bancarizados, así como la posibilidad de colaboración con autoridades financieras para revisar el origen de los recursos.

El ajuste político detrás de la iniciativa

La versión enviada al Senado dejó fuera la propuesta de someter a consulta el financiamiento público a partidos, un punto que había generado diferencias dentro de la coalición oficialista y que terminó por ser retirado en la redacción final.

“Tenemos que separar lo deseable de lo posible”, afirmó Ricardo Monreal, en referencia a los cambios realizados. Con esos ajustes, la iniciativa reduce su alcance en algunos frentes, pero mantiene su núcleo en el rediseño del calendario político y en la modificación del alcance de la revocación de mandato.

En ese equilibrio, el Plan B no sólo redefine aspectos operativos del sistema electoral, sino que introduce un nuevo punto de tensión hacia 2027, donde la coincidencia de procesos podría reconfigurar la competencia política en una sola jornada.