Héctor I. Tapia
La elección de 2027 comenzó con una anomalía política: antes de conocer candidatos, campañas o alianzas, una parte importante de la discusión ya se concentra en la confianza que merece el árbitro. El Instituto Nacional Electoral llega al proceso dividido internamente, cuestionado por decisiones recientes y sometido a una presión doble: la del Gobierno y la de sus propios consejeros.
No es un asunto menor. Más de 100 millones de ciudadanos podrán votar para renovar la Cámara de Diputados, 17 gubernaturas, mil 98 diputaciones locales y alrededor de mil 800 alcaldías. Lo que estará en juego no será únicamente quién gana determinadas posiciones, sino el tamaño del poder que conservará o perderá el bloque gobernante y la capacidad de la oposición para recuperar territorio político.
Morena y sus aliados llegan con una posición que ningún partido había tenido durante buena parte de la etapa democrática reciente: controlan el Ejecutivo federal, gobiernan la mayoría de las entidades y disponen actualmente de una mayoría legislativa capaz de aprobar reformas constitucionales. Ese dato modifica el contexto y obliga a mirar la elección no sólo como competencia entre partidos, sino como una prueba a los contrapesos.
EL TABLERO 2027
Poder, árbitro y territorio llegan a una elección bajo presión.
Lectura: 2027 no sólo distribuye cargos. Puede consolidar, reducir o redistribuir la concentración política construida desde 2024.
Lectura: el problema no es únicamente si el INE será imparcial, sino si conseguirá que ciudadanos y partidos crean que actuó con independencia.
Lectura: una mayor implantación territorial no prueba intervención gubernamental, pero sí aumenta la responsabilidad del árbitro para vigilar el uso de recursos públicos.
Lectura: una elección puede contar bien los votos y aun así llegar políticamente dañada si la cancha se percibe inclinada desde antes.
Una elección organizada cuando existe alternancia posible no es igual a una elección realizada cuando un mismo bloque concentra Presidencia, Congreso y buena parte del poder territorial. Por eso el desafío de 2027 no será sólo contar correctamente los votos, sino conseguir que quienes pierdan acepten que las condiciones para competir fueron razonablemente equitativas.
Un INE bajo sospecha
El Consejo General del INE inauguró el proceso electoral entre advertencias que normalmente provendrían de opositores, académicos u organizaciones civiles, pero esta vez surgieron desde dentro del propio organismo. El consejero Arturo Castillo resumió la dimensión del riesgo al señalar que el contexto actual constituye, desde su perspectiva, “el escenario perfecto para una elección cuestionada”.
Su diagnóstico parte de una condición elemental: los partidos ya comenzaron a competir, aunque formalmente las campañas todavía estén lejos. Castillo ha advertido durante meses sobre actos anticipados y sobre la ausencia de reglas suficientemente claras para fiscalizarlos, un vacío que afecta directamente una de las funciones esenciales del árbitro: impedir que alguien comience la carrera varios metros adelante.
“El INE parece haber claudicado a su función de vigilar y arbitrar las elecciones”, acusó al arrancar el proceso. También sostuvo que las decisiones recientes podrían afectar “directamente la equidad en la contienda”, una crítica particularmente delicada porque no cuestiona solamente un acuerdo específico, sino la disposición misma del Instituto para hacer cumplir las reglas.
Ahí aparece una de las primeras grandes discusiones de 2027. El problema de los actos anticipados no consiste únicamente en determinar si una reunión partidista, una gira o una campaña de posicionamiento cruza determinado límite jurídico, sino en medir su efecto acumulado sobre la competencia cuando determinados aspirantes llevan meses construyendo reconocimiento y estructura.
Quien dispone durante meses de exposición pública, cargos partidistas, estructuras territoriales y recursos políticos comienza la campaña formal con una ventaja difícil de medir y todavía más complicada de corregir. La autoridad puede ordenar retirar un espectacular o imponer una sanción, pero no puede devolver seis meses de posicionamiento a quienes sí respetaron los tiempos legales.
Dos INE
Las diferencias tampoco parecen circunstanciales. Dentro del Consejo General se ha configurado un bloque mayoritario al que opositores y críticos atribuyen cercanía con Morena, mientras otro grupo de consejeros ha cuestionado nombramientos, decisiones administrativas y la respuesta institucional frente a las campañas adelantadas.
El consejero Arturo Chávez, quien antes de incorporarse al Instituto trabajaba en el Gobierno federal, rechaza esa lectura y sostiene que quienes llegan de una tradición de lucha democrática no buscan debilitar al organismo. También ha defendido que la confianza en el INE no depende de la procedencia de sus integrantes, sino de la capacidad institucional para organizar correctamente una elección.
La discusión, sin embargo, rebasa las intenciones personales. Una autoridad electoral no necesita solamente ser imparcial; necesita que una parte suficientemente amplia de la sociedad crea que lo es. Cuando las decisiones más delicadas empiezan a interpretarse sistemáticamente a partir de la cercanía política de quienes las toman, el costo termina pagándolo la institución completa.
Ese riesgo aumenta porque 2027 será el primer proceso federal organizado con buena parte de la estructura superior nombrada durante la presidencia de Guadalupe Taddei, en medio de cuestionamientos sobre la forma en que fueron ocupados distintos cargos. Castillo sostuvo que durante el año fueron realizados 12 nombramientos directivos sin consentimiento del Consejo General y despedidas 836 personas.
Martín Faz colocó precisamente ahí una de sus advertencias al señalar que no bastará con afirmar que las áreas técnicas actuarán con autonomía, sino que tendrán que demostrarlo en cada decisión relevante. Su mensaje revela una preocupación poco habitual: ya no se debate únicamente la autonomía del INE frente al Gobierno, sino también la autonomía de sus áreas técnicas frente a la propia presidencia del Instituto.
El poder y el árbitro
La relación con Palacio Nacional agrega otra capa de tensión. La presidenta Claudia Sheinbaum ha cuestionado el presupuesto solicitado por el Instituto, algunas decisiones administrativas y hasta el cambio de color institucional, además de pedir que los consejeros expliquen públicamente determinaciones capaces de generar incertidumbre.
Respecto al gasto, sostuvo que un presupuesto construido tomando como referencia los costos de 2024 más inflación debería ser menor a lo solicitado originalmente por el organismo. La discusión es legítima: ningún organismo autónomo está exento de justificar cuánto pide, cómo lo gastará y qué parte de ese gasto resulta indispensable para garantizar la elección.
Pero en 2027 el debate tiene una característica adicional: quien decidirá finalmente cuánto dinero recibirá el INE será un Congreso donde el partido gobernante y sus aliados tienen una capacidad determinante. Por eso cualquier recorte será interpretado no sólo como una decisión presupuestal, sino como una señal sobre cuánto margen operativo está dispuesto a conceder el poder político al árbitro.
Si el Instituto reclama recursos y el bloque mayoritario se los reduce, cada falla posterior podrá convertirse en una acusación política. Si recibe todo lo solicitado, la discusión se moverá hacia el costo de organizar una elección que además deberá convivir con nuevos procesos nacionales. La disputa presupuestal será, por tanto, también una disputa sobre autonomía y capacidad institucional.
La ventaja territorial
Morena gobierna hoy gran parte del territorio nacional y llega a una elección donde 12 de las 17 gubernaturas en disputa están actualmente en manos de ese partido. El PAN gobierna tres de las entidades que tendrán elección; Movimiento Ciudadano una, y el PVEM otra, una distribución que da al partido oficial una presencia territorial muy superior a la de sus competidores.
PODER TERRITORIAL
Morena gobierna doce de las diecisiete entidades que renovarán Ejecutivo estatal.
Eso no significa que los gobiernos vayan a intervenir ilegalmente, pero sí que el riesgo de utilización electoral del aparato gubernamental adquiere otra escala. Programas sociales, comunicación oficial, estructuras territoriales y recursos públicos pueden convertirse en factores decisivos en elecciones cerradas si el árbitro no fija y hace cumplir con claridad los límites.
La elección de 2024 dejó ya una discusión intensa sobre la participación presidencial en el debate electoral y sobre el uso de espacios gubernamentales para fijar posiciones políticas. En 2027 esa frontera volverá a tensarse, con la diferencia de que ahora el propio árbitro llegará con menos consenso interno y con decisiones previamente cuestionadas por algunos de sus integrantes.
Un INE dividido puede aplicar correctamente la ley y aun así terminar bajo sospecha. Ésa es una de las paradojas centrales del proceso: la credibilidad electoral no depende únicamente de que las decisiones sean legales, sino también de que parezcan independientes, consistentes y aplicadas con el mismo rigor a todos.
El otro poder
Pero reducir los riesgos de 2027 a Morena, la oposición o las diferencias internas del INE sería quedarse únicamente con la parte visible del problema. Existe otro actor que no aparece en la boleta y que en ciertas regiones puede tener más capacidad coercitiva que los partidos: el crimen organizado.
Consejeros electorales y organizaciones especializadas reconocen que la intervención criminal dejó de ser una hipótesis. Los procesos recientes han registrado asesinatos de aspirantes, amenazas, desplazamiento de candidatos, comunidades donde resulta complicado instalar casillas, robo o destrucción de paquetes electorales y presencia de grupos armados en zonas de votación.
Carla Humphrey ha advertido sobre la posibilidad de que organizaciones criminales inhiban la participación ciudadana, modifiquen preferencias electorales o financien campañas. El problema es particularmente complejo porque el INE puede fiscalizar cuentas, pero no dispone por sí mismo de toda la información financiera, criminal o de inteligencia necesaria para detectar dinero ilícito.
“Dependemos siempre de la información de otras autoridades en materia financiera o de seguridad”, ha explicado Humphrey. En materia electoral, una información entregada seis meses después puede ser jurídicamente útil y políticamente inútil: una candidatura financiada por dinero criminal que sea sancionada después de ganar ya habrá producido consecuencias sobre gobiernos, congresos y presupuestos.
CINCO FOCOS ROJOS
Los riesgos de 2027 aparecen mucho antes de abrir las casillas.
Candidatos bajo revisión
Para enfrentar parte del problema se diseñó un mecanismo de verificación de candidaturas. Los partidos podrán entregar voluntariamente listas de aspirantes para que diversas instituciones revisen si existe un “riesgo razonable” de vínculos con actividades criminales, mediante información proveniente de autoridades de seguridad, justicia, inteligencia y supervisión financiera.
El mecanismo, sin embargo, tiene límites evidentes. No habrá una certificación pública de inocencia y el resultado tampoco impedirá automáticamente una candidatura; el INE funcionará como conducto y serán los partidos quienes reciban la información y tomen la decisión final sobre si sostienen o no una postulación.
Eso deja una responsabilidad enorme en las dirigencias partidistas. El primer filtro contra candidatos vinculados con el crimen no será el INE, sino los propios partidos, que deberán asumir el costo político de postular a alguien sobre quien exista información relevante y después enfrentar las consecuencias si ese vínculo termina acreditándose.
El riesgo adicional es que la percepción pública responsabilice al Instituto por candidaturas que jurídicamente nunca fueron “palomeadas” por él. La presidenta Sheinbaum ya marcó además otra frontera: perder una visa estadounidense no será, por sí mismo, motivo suficiente para impedir una candidatura si no existen pruebas con relevancia jurídica para las instituciones mexicanas.
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El mapa del miedo
El crimen no necesita apropiarse de una elección completa para alterarla. Puede ser suficiente controlar determinadas zonas, impedir que un candidato haga campaña, permitir únicamente determinadas estructuras partidistas, intimidar representantes de casilla o condicionar la movilidad en comunidades donde el Estado tiene una presencia débil.
Ahí aparece uno de los grandes riesgos para evaluar 2027: México no tendrá una sola elección, sino miles de elecciones territoriales ocurriendo simultáneamente bajo condiciones muy distintas. Una elección puede ser nacionalmente limpia y, al mismo tiempo, estar localmente capturada en determinados municipios o regiones.
En una ciudad pueden competir libremente cinco partidos mientras, a pocos kilómetros, otro municipio llega al día de la votación después de amenazas, candidatos retirados y comunidades donde nadie quiere representar a determinadas fuerzas políticas. Ese contraste obliga a medir la calidad electoral no sólo con indicadores nacionales, sino también con el comportamiento territorial.
Por eso la seguridad no puede reducirse a custodiar urnas el 6 de junio de 2027. La elección empieza meses antes para los más de 50 mil capacitadores y supervisores electorales que deberán recorrer comunidades, localizar ciudadanos y preparar mesas directivas; si ellos no pueden entrar a determinadas zonas, el problema democrático comienza antes de que exista una boleta.
Menos dinero, más tareas
La estructura electoral enfrentará además una presión financiera considerable. El INE solicitó alrededor de 31 mil millones de pesos para 2027, de los cuales aproximadamente 13 mil millones corresponderían directamente a la organización de la elección federal, según la información disponible.
El punto central no es solamente cuánto cuesta una elección, sino qué capacidades se sacrifican cuando se reduce el presupuesto. Casillas, capacitadores, sistemas informáticos, fiscalización, monitoreo, cómputos, materiales, seguridad tecnológica y operación territorial cuestan dinero y no todas las partidas tienen el mismo margen para absorber recortes.
Un ajuste puede ser perfectamente razonable si elimina gasto innecesario, pero también puede convertirse en deterioro institucional si obliga a reducir personal, supervisión o capacidad tecnológica. Esa diferencia sólo puede evaluarse partida por partida y no mediante una cifra global convertida en consigna política.
La presión será mayor porque después de la elección de diputados comenzarán otros procesos nacionales, entre ellos la siguiente elección judicial y la eventual revocación de mandato de 2028. El sistema electoral está entrando, en los hechos, en una etapa casi permanente de organización de comicios y eso cambia la discusión sobre capacidades y costos.
Ciudadanos que ya no quieren
Hay otro problema menos espectacular, pero más profundo: cada elección depende de ciudadanos comunes que aceptan convertirse en funcionarios de casilla, recibir capacitación y dedicar una jornada completa a recibir y contar los votos de sus vecinos. En los últimos procesos aumentaron las sustituciones y la dificultad para completar esas mesas.
Las razones incluyen obstáculos laborales, desinterés y resistencia a asumir responsabilidades que consumen tiempo y, en algunas regiones, implican incluso riesgos de seguridad. Si esa tendencia continúa, el problema deja de ser administrativo porque el modelo mexicano descansa precisamente en que los votos sean recibidos y contados por ciudadanos seleccionados al azar.
Ésa ha sido una de las principales fuentes de legitimidad del sistema durante décadas. Cuando cada vez resulta más complicado convencer a la población de participar, también se deteriora una de las bases sociales que permiten confiar en que la elección no está enteramente en manos del Gobierno, los partidos o la burocracia electoral.
La elección digital
A todos esos factores se añade un adversario nuevo: la desinformación producida con Inteligencia Artificial. Clonación de voces, videos falsos, fotografías manipuladas y mensajes atribuidos a candidatos podrán circular a una velocidad para la cual la legislación electoral todavía tiene respuestas limitadas.
Arturo Chávez ha advertido que las redes sociales constituyen un riesgo precisamente porque permiten suplantar voces e imágenes. La dificultad no estará únicamente en demostrar que un contenido es falso, sino en hacerlo antes de que ese contenido produzca un efecto electoral imposible de revertir.
Un audio falso puede ser desmentido horas después, pero si circula millones de veces la noche previa a una elección, el daño puede ocurrir antes de que llegue la aclaración. El INE tendrá que hacer algo que históricamente no formaba parte central de su tarea: disputar credibilidad en tiempo real y reaccionar con mucha mayor velocidad.
Mujeres y violencia
La disputa digital tendrá además una dimensión particular para las mujeres. La violencia política de género ha crecido en plataformas digitales mediante campañas coordinadas de insultos, amenazas, montajes, difusión de información privada y contenidos destinados a desacreditar o expulsar candidatas de la competencia pública.
Humphrey ha advertido que garantizar paridad ya no puede consistir únicamente en comprobar que las listas tengan una distribución equivalente entre hombres y mujeres. También será necesario vigilar financiamiento, acceso real a campañas, exposición pública y violencia política, porque una boleta paritaria no garantiza necesariamente una competencia paritaria.
El reto será especialmente complejo en elecciones locales, donde la exposición de las candidatas suele combinar presión política, estructuras territoriales más pequeñas y redes sociales utilizadas como herramientas de intimidación. Ahí los organismos locales deberán actuar con la misma rapidez que el INE para evitar que la violencia termine alterando candidaturas o participación.
ANTES DE VOTAR
La equidad puede perderse meses antes de contar un voto.
Aspirantes, partidos y estructuras comienzan a construir ventaja antes de los tiempos formales.
Dinero, exposición pública y aparatos territoriales pueden ampliar las diferencias iniciales.
Gobiernos, estructuras partidistas y crimen organizado pueden condicionar la competencia local.
Redes sociales e Inteligencia Artificial pueden alterar percepciones en cuestión de horas.
El voto llega al final de una competencia cuya equidad se construyó —o deterioró— durante meses.
Más que contar votos
Todo esto explica por qué la elección de 2027 será una prueba distinta. El INE conserva una enorme capacidad técnica acumulada durante décadas: puede instalar casillas, capacitar ciudadanos, construir padrones, fiscalizar campañas y contar votos mediante procedimientos ampliamente probados.
El desafío está ahora en demostrar que esas capacidades técnicas pueden sobrevivir a un entorno político donde el partido gobernante concentra más poder, el árbitro está internamente dividido, el crimen organizado controla regiones, los partidos adelantan campañas, los recursos son disputados y la desinformación puede alterar una contienda en cuestión de horas.
El problema principal de 2027 quizá no sea saber quién ganó, sino conseguir que el derrotado —y millones de ciudadanos— crean que perdió bajo reglas aceptables. Ésa es la diferencia entre organizar correctamente una elección y sostener la legitimidad democrática del resultado.
La urna puede llegar completa, los votos pueden contarse correctamente y el resultado puede coincidir matemáticamente. Aun así, una elección puede quedar políticamente dañada si una parte importante del país considera que la cancha estuvo inclinada desde antes y que el árbitro fue incapaz de corregir esas asimetrías.
Por eso la primera batalla de 2027 ya comenzó. No es todavía Morena contra PAN, PRI o Movimiento Ciudadano, ni una disputa entre candidatos concretos; es una batalla por la credibilidad de las reglas, la autonomía del árbitro y la capacidad del Estado para impedir que el poder político, el dinero o el crimen decidan antes que los ciudadanos.
Y esa elección empieza mucho antes del 6 de junio de 2027.
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