Héctor I. Tapia
El Congreso de Tabasco decidió adelantar el reloj de la rendición de cuentas. En una sesión que mezcló disciplina política y destellos de independencia, los diputados reprobaron las cuentas públicas 2024 de tres municipios —Cunduacán, Jalpa de Méndez y Paraíso—, mientras aprobaron con observaciones por más de mil millones de pesos el ejercicio del exgobernador Carlos Manuel Merino Campos. Un doble mensaje: la fiscalización avanza, pero el rasero no siempre mide con la misma vara.
Por mayoría, los diputados del Congreso local confirmaron este jueves la reprobación de las cuentas públicas 2024 de Cunduacán, Jalpa de Méndez y Paraíso, con base en los dictámenes del Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFE).
El procedimiento rompió la tradición de esperar hasta diciembre, bajo el argumento de que no había motivo para aplazar lo inevitable: tres administraciones municipales no pudieron comprobar un total de 213 millones de pesos.
Las cifras son elocuentes: Cunduacán, 41 millones 088 mil pesos; Jalpa de Méndez, 66 millones 661 mil; Paraíso, 105 millones 377 mil.
Detrás de los números, hay trayectorias políticas en caída libre. Abraham “Chelo” Cano, que llegó como independiente con el apoyo oculto de operadores del pasado régimen; Nuris López, que terminó enfrentada a Morena y aliada a un PRD sin fuerza; y Ana Castellanos, que se alejó del sol azteca y terminó sin partido ni aliados.
Tres ex alcaldes y un mismo destino: de la soberbia al aislamiento político.
LA OTRA CARA DE LA MONEDA
Mientras los ex alcaldes enfrentan el riesgo de sanciones administrativas y penales, el Congreso aprobó las cuentas del gobierno estatal encabezado por Merino Campos, pese a que el OSFE reportó observaciones por más de mil 024 millones de pesos.
La votación —25 a favor y 4 en contra— reveló el contraste de criterios. Para unos, una señal de confianza institucional; para otros, un ejercicio de protección política.
El priista Fabián Granier y los perredistas Nelson Gallegos y Javier Cabrera denunciaron desde tribuna la falta de análisis técnico y el intento de convertir octubre en “el mes de la simulación fiscal”.
La diputada emecista Patricia Lanestosa fue más lejos: advirtió que el OSFE solo auditó el 44 por ciento del gasto estatal y que el 81% de las observaciones permanecen sin solventar. “De cada peso sin comprobar, hay un derecho que no se cumple”, dijo.
Pese a ello, el pleno avaló el dictamen. Los discursos críticos se perdieron entre la mayoría y la prisa legislativa por cerrar filas con el gobierno saliente.
RENDICIÓN DE CUENTAS CON DOBLE FILO
El contraste entre la mano dura con los municipios y la benevolencia con el Ejecutivo expone un dilema recurrente en Tabasco: la fiscalización como herramienta de control político más que como acto de justicia administrativa.
En el papel, la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuentas Públicas actúa con autonomía. En los hechos, sus decisiones reflejan la correlación de fuerzas: castigo para los alcaldes que se quedaron sin partido y blindaje para quienes aún conservan estructura.
El OSFE, bajo la conducción de Juan José Peralta Fócil, presume no ver colores, pero la lectura política es inevitable. Al sancionar incluso a una ex alcaldesa emanada de Morena, el órgano gana credibilidad. Sin embargo, su tolerancia ante los pendientes del Ejecutivo sugiere que la imparcialidad todavía tiene límites.
El adelanto del proceso —de diciembre a octubre— busca proyectar un Congreso más eficiente, pero también más político. En años previos, la revisión de cuentas públicas era un trámite de fin de año, ceremonial y casi automático.
Esta vez, el adelanto sirvió para enviar señales de disciplina interna y mostrar que la nueva administración no tolerará excesos municipales.
El dirigente del PVEM, Diego de la O Cetina, justificó la votación técnica: “Si no existen solventaciones, deben venir las denuncias de tipo penal”.
No obstante, el discurso contrasta con el silencio frente a la cuenta estatal. En el mismo paquete donde se reprobaron los 213 millones de pesos de los tres ayuntamientos, se aprobó un gobierno con observaciones cinco veces mayores.
LO QUE VIENE
Con la reprobación ratificada, el OSFE deberá notificar a los tres exalcaldes para que en un plazo improrrogable de 15 días presenten documentación o devuelvan los recursos. De no hacerlo, los expedientes irán al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) y a la Fiscalía General del Estado (FGE), donde podrían derivar en sanciones e incluso procesos penales.
En paralelo, se espera que las observaciones a la Secretaría de Salud estatal —heredadas del traspaso al IMSS-Bienestar— se conviertan en el próximo frente de fiscalización.
Versiones legislativas indican que las irregularidades detectadas bajo la gestión de Silvia Roldán Fernández superan el monto observado en Paraíso. Si esas cifras se confirman, el caso podría marcar un punto de quiebre en la relación entre el OSFE y el exgobernador Merino Campos.
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TRANSPARENCIA O SIMULACIÓN
El Congreso prometió subir al portal público los dictámenes íntegros para consulta ciudadana. Si lo cumple, podría sentar un precedente de rendición de cuentas abierta. Pero si no se traducen en sanciones efectivas, el ejercicio volverá a parecer una representación de justicia y no justicia misma.
En el fondo, el episodio deja una lección política: la fiscalización se ha vuelto el nuevo campo de batalla del poder. Los alcaldes, sin partido ni aliados, son los primeros sacrificados. Los gobiernos estatales, con mayoría legislativa, los primeros absueltos.
Y aunque el discurso oficial hable de transparencia, los números recuerdan que la rendición de cuentas sigue dependiendo de quién la rinde y ante quién.
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