CDMX.— El costo de las boletas electorales podría superar los 3 mil millones de pesos en 2027, una cifra que coloca el gasto operativo del voto en el centro de la discusión pública y electoral. No es sólo un dato presupuestal: es un indicador clave de cómo se administra la democracia.
El análisis parte de una tendencia clara. En la elección federal intermedia de 2021, la producción de boletas y materiales representó un gasto relevante, aunque todavía contenido por licitaciones nacionales y economías de escala. Tres ciclos después, los costos muestran una curva ascendente constante.
Para la elección federal de 2024, el gasto en materiales electorales rondó los 2 mil 340 millones de pesos, mientras que en 2025 la elección judicial implicó alrededor de mil millones para imprimir más de 600 millones de papeletas, pese a una baja participación ciudadana. El escenario de 2027 proyecta un salto presupuestal mayor.
EL PROBLEMA NO ES SÓLO CUÁNTO, SINO CÓMO SE GASTA
Aquí aparece el análisis político-electoral. En términos institucionales, el costo de una boleta no debería variar drásticamente entre procesos; sin embargo, existen diferencias importantes entre entidades y contratos. Eso refleja un sistema de suministro fragmentado y una cadena de producción donde pocos proveedores concentran encargos.
El punto de fondo es que el costo del voto no depende únicamente del número de ciudadanos, sino del modelo de contratación. Cuando predominan adjudicaciones directas sobre licitaciones abiertas, el margen para sobrecostos aumenta. El debate electoral, entonces, deja de ser abstracto y se vuelve técnico: cómo garantizar certeza sin encarecer el proceso.
LA ELECCIÓN INTERMEDIA COMO ESPEJO
Comparar con la intermedia federal anterior ayuda a dimensionar el fenómeno. En 2021, el reto fue logístico por la magnitud territorial, pero el costo unitario se mantuvo relativamente estable. Hoy, con mayor experiencia operativa acumulada, la expectativa sería contener gastos; sin embargo, la proyección marca lo contrario.
Esta paradoja es la que define el análisis estilo Núñez Albarrán: el gasto electoral crece aun cuando el diseño institucional busca eficiencia. Eso abre una pregunta inevitable rumbo a la reforma electoral: ¿se discuten realmente los rubros donde se mueve el dinero más silencioso del sistema?
COSTOS, PERCEPCIÓN Y LEGITIMIDAD
El debate se volvió más sensible con cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés en áreas administrativas del organismo electoral. Más allá de las posturas partidistas, lo relevante es la percepción pública. En materia electoral, la confianza se construye tanto en las urnas como en la transparencia de los contratos.
El costo de las boletas no es un tema técnico aislado. Es una señal política. Si la ciudadanía percibe que votar cuesta cada vez más, la presión para ajustar el modelo crecerá. El reto del INE será demostrar que el gasto alto responde a estándares de seguridad y certeza, no a inercias administrativas.
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