La noche del miércoles marcó un paso sin precedentes en Tabasco: el Congreso local aprobó, con 26 votos a favor y 7 en contra, la convocatoria para la elección de magistrados del Tribunal Superior de Justicia, integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial y jueces del Poder Judicial del Estado.
Este movimiento, parte de la Reforma al Poder Judicial, busca consolidar un sistema mádemocrático y transparente para seleccionar a quienes impartirán justicia.
El 15 de enero será el inicio formal de este proceso con la publicación de la convocatoria, dando pie a un intenso calendario político y judicial que culminará con la elección del 1 de junio de 2025, coincidiendo con las elecciones federales.
EL SORTEO Y SUS IMPLICACIONES
El procedimiento de insaculación realizado días antes y el acuerdo de este miércoles representan un cambio de paradigma en el poder judicial mexicano.
Por primera vez, un proceso tradicionalmente reservado para nombramientos discrecionales es sometido a la ciudadanía.
Sin embargo, surgen preguntas clave:
• ¿Garantizará el voto popular independencia judicial?
• ¿Podrán las campañas judiciales evitar la influencia de intereses externos o partidistas?
Patricia Lanestosa Vidal, coordinadora de Movimiento Ciudadano, alertó sobre el posible control estatal sobre los procesos electorales en el futuro.
Mientras tanto, Francisco Javier Cabrera Sandoval, del PRD, subrayó vacíos en la reforma, como la ausencia de disposiciones claras para la representación de candidatos ante el Consejo Electoral y en las etapas de conteo.
Por su parte, el diputado de Morena, Gerardo Hernández Alejandro, defendió la reforma como un mandato constitucional y parte de un esfuerzo mayor por homologar la legislación local con la federal.
LOS GUARDIANES DEL PROCESO
El Congreso también votó la integración del Comité de Evaluación de aspirantes, encargado de validar la documentación y los méritos de quienes aspiren a cargos judiciales.
Este comité, conformado por Ulises Chávez Vélez, Consuelo Rivera Hernández y José María Bastar Camelo, tiene la misión de garantizar un proceso abierto y paritario.
¿QUIÉNES SON LOS INTEGRANTES?
1. Ulises Chávez Vélez: Académico y exlitigante, actualmente dirige la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades de la UJAT.
2. Consuelo Rivera Hernández: Experta en derecho penal y con una sólida trayectoria en el Poder Judicial, ha dirigido el Centro de Especialización Judicial.
3. José María Bastar Camelo: Abogado laboralista y presidente de la Coparmex Tabasco, con experiencia en conciliación y arbitraje.
¿UN EXPERIMENTO EXITOSO O UNA BOMBA DE TIEMPO?
La apuesta de Tabasco por la democratización judicial es un modelo que podría replicarse en otros estados.
Sin embargo, las críticas apuntan a las lagunas legales y operativas del proceso, como la falta de garantías para los derechos políticos de los candidatos o los riesgos de politización en una arena donde la imparcialidad debería ser absoluta.
VENTAJAS:
• Legitimidad: Al involucrar al electorado, se busca restaurar la confianza en las instituciones judiciales.
• Transparencia: Los procedimientos de insaculación y evaluación pública refuerzan la credibilidad.
• Inclusión: Se garantiza la igualdad de oportunidades para todos los aspirantes.
DESAFÍOS:
• Politización: Las campañas podrían contaminarse de intereses partidistas.
• Capacidad ciudadana: Elegir magistrados y jueces requiere un electorado informado y participativo.
• Capacitación del IEPC: Las críticas sobre su falta de herramientas reflejan un reto organizativo.
TABASCO: UN LABORATORIO PARA LA JUSTICIA MEXICANA
El estado de Tabasco se enfrenta al reto de demostrar que la elección popular de magistrados y jueces no solo es viable, sino que puede transformar el sistema judicial.
Mientras los debates continúan, queda claro que este proceso podría marcar un antes y un después en la manera en que México entiende la justicia.
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