Héctor I. Tapia
Un error de segundos en WhatsApp ocurrió el viernes. La ofensiva política comenzó después y este lunes escaló hasta el interior del propio IEPC. La publicación accidental de un video de Daniel Casasús Ruz en el estado personal de Jorge Alberto Zavala Frías, secretario Ejecutivo del organismo, dio argumento suficiente para que partidos opositores, comentaristas y espacios digitales pasaran rápidamente de cuestionar el episodio a exigir su renuncia.
Ahora, incluso la titular de la Contraloría, Gabriela Tello Maglioni, intervino públicamente en el caso, pese a admitir que no existe denuncia iniciada y que su órgano no tiene competencia sobre el fondo electoral.
Pero detrás del escándalo existe una segunda lectura, más incómoda para el propio instituto: Zavala es precisamente el funcionario de mayor peso operativo que no suele ser colocado dentro del bloque de influencia política asociado a Jorge Montaño Ventura y al grupo de Adán Augusto López Hernández, cuya presencia alrededor del organismo electoral ha sido señalada durante años en la disputa política tabasqueña. Eso cambia el tamaño del episodio.
El asunto ya no consiste únicamente en determinar si un funcionario electoral cometió una imprudencia al manipular su teléfono. También obliga a preguntar quién gana si Zavala sale del IEPC y cómo quedaría distribuido el poder interno del organismo rumbo a 2027.
EL CASO
DE ERROR A OFENSIVA
Una publicación accidental escaló hasta convertirse en presión política por su salida.
El error
Jorge Zavala publica accidentalmente en WhatsApp un video de Daniel Casasús.
La presión
PRI y Movimiento Ciudadano pasan del cuestionamiento a exigir su separación.
Más voces
La controversia sale del terreno partidista y alcanza incluso al obispo de Tabasco.
Respaldo interno
Elizabeth Nava mantiene a Zavala y sostiene que un error puede cometerlo cualquiera.
El fondo
La discusión pasa del teléfono al equilibrio interno del árbitro electoral.
FUENTE: declaraciones públicas de Jorge Zavala, PRI, MC, IEPC, Obispado de Tabasco y Gobierno estatal.
El error, el pretexto
Zavala reconoció que el video apareció en su estado de WhatsApp y sostuvo que ocurrió mientras revisaba sus redes desde su domicilio, fuera de horario laboral. Aseguró que no produjo el material, que no añadió comentario alguno y que lo retiró apenas detectó la publicación.
“Fue un error involuntario que se presentó al estar revisando en lo personal una red social”, explicó. Hasta ahí, el episodio tenía dimensiones administrativas y de imagen pública.
Sin embargo, en cuestión de horas el error dejó de discutirse como error y comenzó a utilizarse como argumento para reclamar la cabeza del secretario Ejecutivo.
Ese salto es el que merece atención.
Porque una cosa es exigir al árbitro electoral un estándar superior de cuidado —obligación indiscutible— y otra convertir un estado accidental de WhatsApp, sin mensaje de respaldo añadido, en prueba automática de militancia, operación electoral o subordinación política.
Hasta ese momento, el episodio podía leerse como una imprudencia personal con costo institucional. Sin embargo, la velocidad con la que distintas voces comenzaron a exigir su salida convirtió el error en algo más: un punto de apoyo para intentar remover a una pieza incómoda dentro del equilibrio interno del IEPC.
Van por su salida
El PRI pidió una investigación institucional y planteó incluso la separación o renuncia de Zavala mientras se esclarecen los hechos. Movimiento Ciudadano fue más lejos. Su vocero, Juan Pablo de la Fuente Utrilla, calificó el episodio de “gravísimo” y exigió directamente la renuncia del secretario Ejecutivo.
Formalmente, ambas posiciones pueden sostenerse sobre una preocupación legítima: la imparcialidad del organismo. Políticamente, sin embargo, la consecuencia sería mucho mayor que la sanción por una publicación equivocada: sacar del tablero a una de las pocas figuras de conducción del IEPC que no es identificada con el grupo que durante años ha gravitado alrededor del instituto. Ahí es donde el viernes deja de ser una historia de WhatsApp. Y empieza una disputa por el árbitro.
La presión llegó al punto de meter incluso al obispo de Tabasco en la controversia. Gerardo de Jesús Rojas López fue consultado sobre el caso y sostuvo que quienes trabajan en los órganos electorales deben mantenerse imparciales. “Inclinarse a uno ya no hay imparcialidad”, señaló, y añadió que cualquier conducta de ese tipo debe encontrar sanción en la legislación.
La declaración amplió todavía más un episodio que había comenzado con un error en WhatsApp: de los partidos y los medios, la discusión terminó alcanzando hasta al jerarca católico.
LAS POSTURAS
QUIÉN DICE QUÉ
Cinco voces muestran cómo el error terminó convertido en disputa institucional.
Jorge Zavala
Fue un error involuntario
Fue un error involuntario que se presentó al estar revisando en lo personal una red social.
El secretario Ejecutivo sostiene que el material no fue elaborado por él, que apareció accidentalmente y que fue retirado inmediatamente.
PERMANECE EN EL CARGOFUENTE: declaraciones públicas de los actores involucrados.
No hay denuncia
La controversia dio otro giro este lunes. Gabriela Tello Maglioni, titular de la Contraloría del IEPC, abordó el caso en entrevista con Telereportaje, medio identificado en la disputa política local con posiciones cercanas al grupo de Adán Augusto López Hernández.
Su intervención dejó una paradoja difícil de ignorar. Tello reconoció expresamente que “como tal no tenemos ninguna denuncia iniciada”, pero enseguida anunció que, por considerar delicada la situación, la Contraloría extendería una “medida de previsión” o “medida precautoria” para evitar que episodios semejantes vuelvan a repetirse.
Cuando le preguntaron si ese órgano realizaría una investigación, la propia contralora frenó el alcance de su intervención: “Para eso los consejeros son los especialistas”. Después delimitó todavía más sus facultades: “La Contraloría tiene facultades que son de fiscalización y administrativas. En la materia electoral nos advierte la ley que no nos podemos meter”.
“No tenemos ninguna denuncia iniciada, pero por lo delicado de la situación debemos extender una medida precautoria”.
GABRIELA TELLO MAGLIONI
Contralora del IEPC
Ahí aparece uno de los puntos más delicados del caso. No existe denuncia, la Contraloría reconoce que no puede entrar al fondo electoral y admite que corresponde al Consejo General resolver. Aun así, su titular salió públicamente a colocar el asunto bajo la categoría de “delicado” y anticipar una medida preventiva. En términos políticos, la aparición deja una señal difícil de ignorar: el expediente todavía no existe, pero públicamente queda abierta la ruta para que alguien lo active.
La intervención tampoco ocurre en un vacío político. Tello Maglioni llegó a la Contraloría del IEPC durante el periodo de Adán Augusto López Hernández en el gobierno de Tabasco. Antes había tenido trayectoria en espacios vinculados al PAN y responsabilidades federales durante la administración de Felipe Calderón. Ese recorrido vuelve relevante no sólo lo que dijo, sino desde qué posición institucional aparece ahora en una disputa que tiene en el centro a Zavala.
El IEPC cierra filas
La aparición pública de la contralora mostró que la polémica ya había penetrado formalmente en el propio organismo. Sin embargo, la conducción del IEPC no acompañó la exigencia de remover a Zavala. Mientras Tello habló de medidas preventivas aun sin existir denuncia, la consejera presidenta Elizabeth Nava Gutiérrez confirmó la permanencia del secretario Ejecutivo.
La consejera presidenta, Elizabeth Nava Gutiérrez, confirmó su permanencia en el cargo y redujo el episodio a un error humano. “Un error lo comete cualquiera”, sostuvo, al tiempo que negó que dentro del instituto existan sesgos o favoritismos partidistas.
Sin embargo, la propia Nava reconoció que los funcionarios electorales tienen una responsabilidad mayor frente a la ciudadanía. “Sabemos que tenemos nuestra doble investidura: de ciudadanos, pero también de funcionarios públicos. Sabemos que tenemos un deber mayor de cuidado”, expresó.
La diferencia interna es significativa: la Contraloría introduce públicamente la posibilidad de medidas pese a reconocer que no existe denuncia, mientras la presidencia del instituto sostiene que el episodio no basta para separar al funcionario. El caso ya no se procesa sólo afuera; también empieza a exhibir posiciones distintas dentro del árbitro electoral.
La disputa de fondo
Desde el viernes, la secuencia resulta difícil de ignorar: un error en WhatsApp fue amplificado en redes y medios; PRI y Movimiento Ciudadano exigieron una renuncia; el debate alcanzó al obispo; después apareció públicamente la Contraloría y, al mismo tiempo, el Consejo General sostuvo al funcionario.
La concatenación de hechos no demuestra por sí misma una operación coordinada. Sí permite preguntar si un error real está siendo utilizado para producir una consecuencia política mucho mayor: sacar del IEPC a una pieza que no forma parte del bloque identificado con Montaño-Adán.
Ahí está la historia que ya rebasó a WhatsApp. No sólo quién cometió el error, sino quién empuja su salida, desde dónde y qué equilibrio quedaría dentro del instituto si finalmente lo consigue.
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