¿Dónde está el dinero de Hernán Bermúdez, líder de La Barredora?

Héctor I. Tapia

Casi un año completo después de que Hernán Bermúdez Requena fuera devuelto a México desde Paraguay, la Fiscalía General de la República decidió tocar el único territorio donde el dinero sí deja huella: las cuentas bancarias. El 7 de julio, un juzgado federal ordenó el aseguramiento de 2 millones 240 mil pesos atribuidos al extitular de Seguridad Pública de Tabasco y a dos familiares, su esposa Verónica Encalada Pérez y su hermano Humberto Bermúdez Requena.

La cifra, modesta frente al expediente que arrastra “El Abuelo”, confirma algo que la inteligencia militar adelantaba desde 2019: el patrimonio visible de un presunto jefe criminal casi nunca coincide con el poder que ejerció. Para alguien señalado de encabezar una estructura con media década de operación, 2.24 millones de pesos es apenas una fracción, y deja abierta la pregunta de dónde está el resto.

El expediente 26/2026, admitido el 6 de julio ante la jueza Ana Lilia Osorno Arroyo, no busca una condena penal. Busca algo más rápido: que el Estado se quede con el dinero sin necesidad de sentencia de culpabilidad. Bermúdez Requena permanece recluido en El Altiplano, donde libra en paralelo un proceso por desaparición forzada, extorsión, secuestro agravado y asociación delictuosa; la jueza deberá resolver aparte si el millón 387 mil pesos atribuidos a él, y los 853 mil pesos en cuentas de Banorte, BBVA y Santander a nombre de su esposa y su hermano, tienen origen lícito. El juzgado ya adelantó su lectura: no se ha acreditado la procedencia de esos recursos.

La cifra, modesta frente al expediente que arrastra “El Abuelo”, confirma algo que la inteligencia militar adelantaba desde 2019: el patrimonio visible de un presunto jefe criminal casi nunca coincide con el poder que ejerció. Para alguien señalado de encabezar una estructura con media década de operación, 2.24 millones de pesos es apenas una fracción, y deja abierta la pregunta de dónde está el resto.

Lo que sí es inusual

La extinción de dominio no es nueva contra el crimen organizado: bajo la administración anterior se abrieron cerca de 300 juicios de este tipo, y en 2023, de 112 acciones promovidas, apenas tres tocaron a figuras vinculadas al narcotráfico. Los precedentes son reveladores por contraste. Contra Víctor Hugo Delgado, “Comandante Tornado”, lugarteniente del CJNG en Jalisco, se extinguió un inmueble. Contra Wendy Dalaithy Amaral Arévalo, esposa de un operador financiero de Los Cuinis, dos cuentas bancarias.

Contra Josefina Caridad Gaytán Mendoza, madre de dos presuntos miembros del CJNG, también cuentas bancarias. El patrón se repite en los tres casos: la herramienta golpea a esposas, madres o hermanos, el patrimonio periférico de la organización, y rara vez alcanza al jefe con nombre, rostro y cargo público. Bermúdez rompe ese patrón por partida doble: es titular directo de una de las dos demandas presentadas, y fue secretario de Estado con seis años de gestión documentada.

La coincidencia temporal con el caso de Justo Aurelio Rivera Parrazales, empresario detenido el 17 de julio en Mérida y vinculado a proceso por operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos contra la salud, refuerza el patrón. Las autoridades le aseguraron bienes por 145.2 millones de pesos, entre ellos 15 vehículos de alta gama, armas, metanfetamina y una caja fuerte, y lo señalan con nexos al Cártel del Noreste y a “La Barredora”.

¿Dónde está el dinero de Bermúdez?

La comparación resulta inevitable. Hace apenas un mes, en Mérida, las autoridades detuvieron a Justo Aurelio Rivera Parrazales, operador financiero con nexos al Cártel del Noreste y a “La Barredora”, y le aseguraron bienes por 145.2 millones de pesos. Dentro de la propia Barredora el patrón se repite: un solo cateo en Jalapa, en marzo de este año, dejó más de 30 vehículos asegurados, entre ellos camionetas de lujo; otro dejó 14 vehículos, 22 armas y 694 dosis de narcóticos en propiedades vinculadas al propio Bermúdez.

A él, señalado como fundador y jefe de la estructura desde 2019, la Fiscalía apenas logra ponerle nombre a 2.24 millones de pesos en cuentas bancarias. Cuando fue detenido en Asunción, lo que se le encontró fue efectivo en dólares y guaraníes, joyas y una botella de vino — el patrimonio de alguien que gasta, no el rastro de quien administra una operación de extorsión y huachicol de media década. Hasta ahora, ninguna autoridad ha hablado de cuentas millonarias en la banca nacional ni en el extranjero a su nombre.

Esa desproporción deja abierta una pregunta sin respuesta documentada: si el dinero de Bermúdez está fuera del sistema bancario, en efectivo o en bienes sin registro; si está repartido en propiedades o empresas a nombre de terceros, como sugieren ya las ramificaciones detectadas en Mérida entre familiares directos; o si la jerarquía real de “La Barredora” no es la que hasta ahora se ha contado, y existe, por encima de él, una estructura de mando que la investigación no ha logrado exhibir. Ninguna fiscalía lo ha planteado así hasta ahora. Pero el expediente de extinción de dominio, por su tamaño frente al de otros casos de la misma organización, deja esa pregunta más abierta que cerrada.

La carta que no habla de dinero

Días antes de que este expediente se hiciera público, Bermúdez Requena rompió casi un año de silencio. En una carta manuscrita de dos hojas, fechada el 3 de agosto y difundida el 12 de agosto por el periodista Víctor Hugo Arteaga, se declaró inocente, acusó “persecución política y mediática” y reivindicó cuatro décadas de servicio a seis gobernadores de Tabasco, entre ellos Adán Augusto López. Pidió que su proceso se conduzca “en estricto apego a derecho” y advirtió sobre posibles “decisiones judiciales fabricadas por terceros apegados a beneficios procesales a cambio de acusaciones carentes de sustento”, en clara alusión a testigos colaboradores.

Lo notable es lo que la carta omite. Bermúdez construye su defensa sobre el terreno donde puede pelear: presunción de inocencia, carga de la prueba, credibilidad de los testimonios en su contra, un lenguaje que además atribuye a declaraciones previas de la propia Presidenta Claudia Sheinbaum.

Cierra con un proverbio que atribuye a “grandes juristas, magistrados y jueces”: “Más vale cien culpables en la calle que un inocente en la cárcel”. Pero no dice una sola palabra sobre las cuentas congeladas de su esposa y su hermano, el frente donde esa estrategia no aplica, porque la extinción de dominio no depende de testigos ni de beneficios procesales a cambio de declaraciones: depende de estados de cuenta, y ahí la carga de la prueba corre en sentido inverso, sobre quien tiene que explicar de dónde salió el dinero.

Federal contra local, dos momentos distintos

La extinción de dominio corre en un juzgado civil federal, promovida por la FGR. Los delitos que lo mantienen preso —desaparición forzada, extorsión, secuestro, asociación delictuosa— los persigue la Fiscalía de Tabasco, en el fuero común, y ya pesa sobre él una petición de 154 años de prisión: 24 por asociación delictuosa, 30 por extorsión agravada y 100 por secuestro agravado, según la carpeta que el Ministerio Público desglosó en la audiencia intermedia de junio.

Son dos tiempos que corren aparte sobre el mismo hombre: uno decide qué pasa con su dinero, otro si sale de prisión. Ganar uno no garantiza nada en el otro, y es probable que el más difícil de vencer, contra un exjefe policial que domina el lenguaje de las garantías procesales, sea precisamente el que no requiere condenarlo para quitarle algo. Bermúdez litiga además, desde el Altiplano, un recurso para evitar una eventual extradición a Estados Unidos, mientras la Cancillería insiste en que no existe solicitud formal en su contra.