Tabasco se encuentra entre los siete estados del país que enfrentan la complejidad de organizar la primera elección judicial con un presupuesto reducido. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (IEPCT) había solicitado 215.9 millones de pesos para el ejercicio fiscal 2025, pero el Congreso local aprobó solo 194.4 millones, lo que representa un recorte de 21.5 millones de pesos.
Este ajuste coloca al estado en una posición delicada, ya que el IEPCT no solo debe cubrir sus actividades regulares, sino también organizar la elección extraordinaria programada para el 1 de junio de 2025, que incluye la designación de 80 cargos judiciales, entre ellos 24 magistrados del Tribunal Superior de Justicia, 5 magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial y 51 jueces locales.
UN DESAFÍO INÉDITO PARA EL INSTITUTO ELECTORAL
La presidenta del IEPCT, Elizabeth Nava Gutiérrez, advirtió que esta elección judicial podría requerir recursos adicionales por alrededor de 200 millones de pesos, una cifra que representa un reto financiero significativo.
CIFRAS QUE DEFINEN LA ELECCIÓN
- Fecha límite para inscripción de observadores: 7 de mayo.
- Duración de las campañas: 60 días, a partir del 30 de marzo.
- Inmuebles a habilitar: 21 sedes distritales en Tabasco.
“Estamos trabajando para garantizar el cumplimiento de este mandato constitucional, pero será necesario buscar mecanismos adicionales de financiamiento”, afirmó en declaraciones recientes.
El ajuste presupuestal no solo impacta la capacidad operativa del instituto, sino que también pone en entredicho la posibilidad de garantizar los estándares de organización, transparencia y participación ciudadana que exige un proceso de esta magnitud.
En la primera sesión ordinaria del Consejo Estatal del IEPCT este año, los consejeros aprobaron la redistribución del presupuesto asignado. “El ajuste obliga a optimizar al máximo los recursos disponibles para garantizar que todas las actividades del proceso electoral se desarrollen sin contratiempos”, declaró Nava Gutiérrez, quien también destacó que las limitaciones presupuestales afectarán la habilitación de sedes distritales, capacitaciones y campañas de difusión.
A pesar de este escenario, el IEPCT ha lanzado una convocatoria para observadores electorales, con el objetivo de reforzar la transparencia en la elección de magistrados y jueces.
Los ciudadanos interesados tienen hasta el 7 de mayo para registrarse, debiendo cumplir requisitos como realizar un curso de capacitación, contar con credencial para votar y no estar afiliados a partidos políticos ni a programas sociales.
Las campañas, que iniciarán oficialmente el 30 de marzo, tendrán una duración de 60 días. A partir del 12 de febrero, los Comités de Evaluación entregarán al INE las listas oficiales de candidatos, lo que marcará el comienzo del monitoreo intensivo de sus actividades.
PRESUPUESTO AJUSTADO Y UNA ELECCIÓN BAJO CERROJO
El proceso electoral extraordinario en Tabasco plantea una tensión entre los recursos financieros limitados y las exigencias normativas cada vez más estrictas. Por un lado, la reducción del presupuesto complica la operatividad del IEPCT, que debe garantizar no solo la organización del proceso, sino también la infraestructura necesaria para que los observadores y las sedes distritales funcionen adecuadamente.
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Por otro lado, la rigurosidad en la fiscalización de candidatos representa un esfuerzo por reforzar la legitimidad del proceso. Sin embargo, también existe el riesgo de que las sanciones severas generen una percepción de desconfianza en los actores políticos, particularmente en un entorno donde el control financiero y normativo es extremo.
“Convocamos a la participación activa en este proceso inédito, donde la transparencia será clave”, subrayó el consejero Vladimir Hernández Venegas.
CANDIDATOS BAJO LA LUPA: PROHIBICIONES Y SANCIONES
El Instituto Nacional Electoral (INE) ha endurecido las reglas del juego. Desde actos anticipados hasta el uso de propaganda en papel no reciclable, los aspirantes estarán sujetos a severas restricciones. La Comisión de Quejas definió una lista de infracciones que podría significar la anulación de candidaturas en caso de incumplimiento.
ENTRE LAS SANCIONES DESTACAN:
- Prohibición de contratar espacios en radio, televisión o medios digitales.
- Imposibilidad de realizar proselitismo antes del 30 de marzo, cuando iniciarán oficialmente las campañas de 60 días.
- Veto a cualquier forma de propaganda calumniosa o que vulnere los derechos de la niñez.
Mientras los Ministros, Jueces y Magistrados bajo observación podrán realizar actividades limitadas, el INE ha dejado en claro que actuará tras el 12 de febrero, una vez recibidas las listas oficiales de aspirantes.
PROPAGANDA, ENCUESTAS Y BENEFICIOS: TODO BAJO CONTROL
Los servidores públicos también tienen sus manos atadas: no podrán promover a candidatos ni realizar propaganda personalizada. Medios y ciudadanos deberán abstenerse de publicar encuestas tres días antes de la elección, o enfrentarán posibles sanciones.
Para asegurar el correcto funcionamiento de los comicios, la presidenta del IEPCT, Elizabeth Nava Gutiérrez, anunció la renta de inmuebles que servirán como sedes distritales en Tabasco. Sin embargo, aún no hay presupuesto definido para estas operaciones.
DEMOCRACIA EN JAQUE: ¿OPORTUNIDAD O RIESGO?
La elección judicial es un experimento político de alto riesgo. Aunque representa una oportunidad histórica para fortalecer la participación ciudadana, también plantea dudas sobre la capacidad institucional para manejar un proceso tan complejo sin que este se vea empañado por controversias.
LAS REGLAS DEL JUEGO: PRINCIPALES INFRACCIONES
Candidatos
- Actos anticipados de campaña.
- Contratación de espacios en medios.
- Propaganda calumniosa.
- Entrega de beneficios en especie o efectivo.
- Difusión de encuestas durante la veda electoral.
Servidores públicos
- Promoción a favor o en contra de candidatos.
- Participación en proselitismo en horarios laborales.
Partidos políticos
- Difusión de encuestas o expresiones a favor o en contra de candidatos.
Ciudadanos y medios
- Publicación de encuestas durante la veda electoral.
- Organización de foros en condiciones de inequidad.
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