TENESSEE.— Christa Pike tenía 18 años cuando mató a una compañera de estudios y 20 cuando la condenaron a muerte. Este miércoles, a los 50, Tennessee intentó ejecutarla con inyección letal. No lo consiguió: pasadas las diez y media de la noche, hora local, el juez federal Clifton Corker informó de que personal sanitario había empezado a atenderla. Hasta el cierre de esta nota se ignoraba si Pike sobrevivirá y volverá a su celda.
Habría sido la primera mujer ejecutada en el estado en más de dos siglos. Horas antes, un tribunal federal había frenado la sentencia para estudiar un recurso sobre los abusos sexuales que Pike sufrió desde niña y que, según su defensa, el jurado jamás pudo valorar. La pausa duró hasta la tarde, cuando el Tribunal Supremo de Estados Unidos autorizó seguir adelante, con el voto en contra de sus tres juezas progresistas.
El caso junta dos verdades que no se anulan entre sí. Una joven murió a golpes en 1995 y su familia lleva treinta años esperando. Y una condenada a muerte llegó al juicio con una historia de violencia que, según la defensa, nadie explicó con rigor ante el jurado.
Un crimen que la familia de Colleen no ha dejado de llorar
La víctima fue Colleen Slemmer, de 19 años, compañera de Pike en el Job Corps de Knoxville, un centro de formación profesional. La Fiscalía atribuyó el crimen a los celos: Pike creía que Colleen pretendía quitarle a su novio, Tadaryl Shipp.
La noche del 12 de enero de 1995, Colleen salió del centro con Pike, Shipp y otra alumna, Shadolla Peterson. Los cuatro llegaron a una zona arbolada del campus de la universidad estatal. Pike empezó a golpearla, Shipp ayudó a sujetarla cuando intentó huir y Peterson vigiló que nadie se acercara. Según la sentencia, Colleen les rogó que la dejaran marchar. Pike la golpeó en la cabeza con un trozo de asfalto, y la autopsia confirmó que esos golpes causaron su muerte.
Shipp admitió haber grabado una estrella de cinco puntas en el pecho de la víctima con un cúter. El símbolo atrajo una atención enorme en unos años en que Estados Unidos vivía una alarma por supuestos rituales satánicos. Shipp tenía 17 años, por lo que no podía ser condenado a muerte, y recibió cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional. Peterson declaró contra ambos y quedó en libertad vigilada.
La madre de la víctima, May Martínez, acudió a la prisión con una foto de su hija. Quería mostrársela a Pike mientras la ejecutaban.
La infancia que el jurado no escuchó completa
Los informes de la defensa describen una vida de violencia sin interrupción. Los abusos sexuales comenzaron cuando Pike tenía dos años, a manos del novio de su abuela paterna, la mujer que la criaba y a la que consideraba la única persona que la quería. Se prolongaron hasta los cinco. Su padre la golpeaba con un cinturón y la echó de casa en varias ocasiones. Su madre consumía alcohol y drogas y, en una ocasión, quiso dejarla morir. Algunas parejas de la madre también la agredieron.
A los 11 años la violó un vecino. Su madre no le creyó. Una profesora intervino y el hombre fue procesado por abusos a una menor, pero no entró en prisión. Volvió a su casa, y Pike lo veía a diario camino del colegio. A los 14, tras otra agresión de una pareja de su madre, los servicios sociales la enviaron a un centro de acogida. Tres meses después estaba de vuelta con ella, y la defensa sostiene que casi no hubo seguimiento para comprobar que estuviera a salvo.
A los 17 años fue violada por un desconocido que la arrastró hasta una zona arbolada. Nunca fue identificado ni procesado. El trastorno bipolar y el estrés postraumático que padece se los diagnosticaron en prisión, no antes. Nada de esto borra lo ocurrido a Colleen Slemmer. Lo que sí plantea es una pregunta sobre el proceso: si el Estado va a quitar una vida, el jurado debería conocer entera la de quien juzga.
La defensa sostiene que eso no ocurrió. Su abogado en el juicio presentó el testimonio de tres familiares y descartó la declaración de la psicóloga que había estudiado su infancia. En 2019, un tribunal federal de apelaciones rechazó anular la pena al considerar que buena parte de aquel pasado ya se había expuesto.
Las horas de la camilla
El gobernador republicano Bill Lee había rechazado la clemencia el lunes. Para la Fiscalía, tras décadas de recursos, otra demora solo alargaba el sufrimiento de la familia de la víctima. Frente a la prisión se reunieron dos bandos. Decenas de integrantes de Wildheart, el centro de meditación de Nashville donde enseña la guía espiritual de Pike, pedían clemencia con camisetas que decían "El amor cura". Del otro lado, partidarios de la ejecución defendían el "ojo por ojo" y argumentaban que mantenerla con vida cuesta dinero.
Por la fecha de su delito, Pike podía elegir entre la silla eléctrica y la inyección letal. Rechazó elegir y también su última comida, porque sus creencias budistas le impedían participar en esa decisión. En esos casos, la ley dispone la inyección. Sus abogados habían advertido en agosto de que sus venas podían dificultar el procedimiento y prolongar el dolor. El Estado respondió que las extracciones de sangre recientes se habían hecho con normalidad, y el juez rechazó la objeción.
A las siete y media de la tarde, los testigos vieron cómo la ataban a la camilla. Pike dijo: "Estoy en paz. Estoy lista para ser libre". Minutos después se quejó de que el brazo parecía a punto de estallar. Pasadas las ocho, los funcionarios cerraron las persianas de la sala de testigos, aunque por el micrófono seguía oyéndose su respiración.
A las nueve menos diez sacaron a los periodistas sin haber anunciado una muerte. Los abogados pidieron que detuvieran la ejecución y la atendieran. Según la defensa, no lograban contactar por teléfono con la Fiscalía, la oficina del gobernador ni el Supremo de Tennessee.
Lo que este caso obliga a preguntar
Hay tres preguntas que ya no dependen de la opinión que cada quien tenga sobre la pena capital.
La primera es de transparencia. Los abogados de Pike dicen que no pudieron comunicarse con ninguna autoridad mientras la ejecución se desarrollaba. Un procedimiento de esta naturaleza necesita un canal de comunicación abierto y verificable entre el equipo médico, la defensa, la Fiscalía y los tribunales. Si ese canal existía, nadie lo ha mostrado.
La segunda es de pruebas. La defensa había advertido por escrito, semanas antes, de la dificultad de sus venas. El Estado respondió con extracciones recientes normales y el juez descartó la objeción. Con lo ocurrido, tendrá que explicarse por qué esa advertencia no cambió el protocolo.
La tercera es de fondo y es la más antigua: qué debe saber un jurado antes de decidir una pena de muerte. Amnistía Internacional, juristas de Cornell y organizaciones de apoyo a víctimas de violencia sexual pidieron cadena perpetua sin libertad condicional, una pena que mantiene el castigo sin cerrar la puerta a corregir errores. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó revisar y conmutar la sentencia por las carencias de la defensa original.
La incómoda verdad es que ninguna de las dos posturas tiene hoy una respuesta limpia. Quien exige que la sentencia se cumpla tiene razón en que Colleen Slemmer nunca volvió a casa. Quien pide revisarla tiene razón en que el Estado no debería ejecutar a nadie con dudas razonables sobre la integridad del juicio. Lo que sigue, sea la recuperación de Pike, su regreso a prisión o un nuevo intento, será una decisión de los tribunales de Tennessee, y conviene que esa decisión se tome con la información completa sobre la mesa.
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