CDMX.— Cuando siete ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación deciden, de manera pública y razonada, no participar en una elección por considerarla ilegítima, el país debe escuchar.
No se trata de una simple abstención: es un acto institucional de protesta, un mensaje desde el vértice del Poder Judicial que pone bajo la lupa el proceso del próximo 1º de junio. Porque el problema no es solo si se vota o no: el dilema es qué tanto de democracia cabe en una elección judicial mal diseñada
Siete de los once ministros de la Suprema Corte —entre ellos su presidenta, Norma Piña Hernández— han anunciado que no acudirán a votar en la inédita elección judicial. La razón: consideran que el proceso no reúne las condiciones mínimas de legitimidad.
El ministro Javier Laynez Potisek, con una trayectoria de casi una década en la Corte, fue el más contundente: “Es un error histórico”, afirmó en entrevista. A su juicio, esta elección no democratiza la justicia sino que la somete a lógicas de cooptación política.
Laynez denunció que el proceso arrastra vicios de fondo: desde acarreos organizados por gobiernos estatales hasta el uso de “acordeones” para inducir el voto. Además, criticó la imposibilidad práctica de que la ciudadanía elija entre cientos de candidatos sin la información suficiente para hacerlo de manera informada.
VOTO DESINFORMADO
La elección judicial ha sido impulsada como un experimento de democratización, pero sus críticos —como los siete ministros— la consideran más bien un ejercicio de simulación institucional. ¿Cómo puede hablarse de elección libre si el elector debe recordar números de cientos de aspirantes sin conocerlos? ¿Cómo exigir un voto informado cuando no existen biografías homologadas, debates ni exposición mediática?
El argumento de fondo es jurídico y ético: cargos como los de jueces y magistrados no deberían elegirse por voto popular, pues requieren criterios técnicos, autonomía profesional y carrera judicial, no popularidad. Para Laynez, esta votación representa una “falta de respeto a la ciudadanía” al forzarla a decidir en condiciones imposibles.
El riesgo es evidente: al buscar legitimar la reforma con la participación ciudadana, se abre la puerta a movilizaciones masivas, coacción, y manipulación del voto, debilitando la legitimidad de la elección.
DIVISIÓN DE PODERES EN TENSIÓN
El posicionamiento de los ministros se produce en un contexto de creciente confrontación entre el Poder Judicial y sectores del oficialismo. En paralelo, senadores y diputados de Morena y el PAN cruzan acusaciones: los primeros acusan al PAN de promover un “boicot electoral”, mientras los segundos califican la elección como un “fraude institucional”.
Mientras tanto, gobernadores y legisladores locales de diversas entidades —incluyendo de partidos opositores— han replicado reformas judiciales similares a las que ahora critican. Las contradicciones políticas se multiplican y confunden a un electorado ya de por sí desinformado y fatigado.
La senadora Nora Ruvalcaba calificó la negativa del PAN de votar como un “acto desesperado”, mientras que Dolores Padierna denunció una supuesta campaña de Televisión Azteca para desalentar el voto. A su juicio, el dueño de la televisora, Ricardo Salinas Pliego, teme que la nueva Corte no lo proteja de sus deudas fiscales.
¿BOICOT O CONCIENCIA DEMOCRÁTICA?
El rechazo de los ministros no puede entenderse como un llamado al abstencionismo sino como un gesto político de advertencia. No se oponen al principio de participación ciudadana, pero sí a la forma en que se ha organizado este proceso electoral judicial. La preocupación es clara: que en nombre de la democracia se perpetre una distorsión de la misma.
El ministro Laynez sintetiza el problema con precisión: “Esto cuesta años… preparar a un juez lleva formación, experiencia y dinero. Esto es un retroceso”. La elección no corrige el sistema, solo lo expone a nuevos riesgos. ¿Vale más una elección sin garantías que una designación técnica con vigilancia ciudadana?
Tras la jornada del 1º de junio, no solo se contarán votos: se medirá el nivel de legitimidad de un proceso que nace envuelto en polémica. Y, como advirtió Laynez, será momento de repensar si es viable seguir eligiendo así a quienes imparten justicia.
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