CDMX.— La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dio el paso que convierte una oleada de filtraciones en expediente penal: bloqueó a 40 objetivos, 25 personas y 15 empresas, vinculados con la proveeduría electoral, y presentó denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR). En la Lista de Personas Bloqueadas figura, según una fuente con acceso a ella, la ex consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei.
Junto a ella aparece José Alfredo Hernández Casillas, proveedor de material electoral desde 2014 y anfitrión, según videos difundidos en medios, de reuniones privadas con Taddei y funcionarios del instituto, además de “parte de sus socios”. El golpe llega a más de una semana de la renuncia de Taddei, el 26 de octubre, y a más de dos semanas del inicio del escándalo.
Hacienda cuidó el lenguaje: el bloqueo es una medida “preventiva y precautoria” que “no implica una determinación de responsabilidad definitiva”. El mensaje político, en cambio, no admite matices. La mujer que presidió al árbitro en la elección presidencial de 2024 queda con las cuentas congeladas, y su caso pasa de las columnas a la ventanilla de la fiscalía.
La UIF congeló a 40 objetivos y llevó el caso ante la FGR.
Coyotes con contrato
El dibujo de la red lo trazó el Órgano Interno de Control del INE, cuyo titular, Víctor Hugo Carvente Contreras, habló cuando Taddei ya se había ido, no antes. Según su reporte, de 2014 a 2025 cinco empresas ligadas entre sí, que simulaban competir, obtuvieron 2 mil 461 millones de pesos de los OPLE. Detrás aparecen los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas.
Las cifras por firma: Cajas Graf, mil 72.8 millones con 21 OPLE y 198.7 millones más con el INE de Taddei; Formas Finas, 815.9 millones; Corporativo Zeg, 278.7 millones; JVLY, 208.4 millones, y Seriplast, 85.1 millones. Pablo Gómez, al frente de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, los retrató: no fabrican nada, “son intermediarios que ganan las asignaciones”.
El antecedente exhibe la fragilidad del instrumento. En noviembre de 2023, con Gómez en la UIF, Cajas Graf y Corporativo Zeg ya habían sido bloqueadas, y suspensiones judiciales las devolvieron al sistema financiero. Hoy el terreno es otro: la Suprema Corte validó que la UIF congele cuentas por indagatorias nacionales con indicios suficientes. El amparo ya no es salida automática.
El cerco también alcanzó la estructura interna. Mario Alfonso Burciaga Esparza, director de Recursos Materiales y encargado de tramitar las compras, fue separado del cargo el 27 de octubre; también se pidió la renuncia a José Luis Valdez López y a Hugo Miranda Segoviano, del área de transporte. Y la licitación de credenciales, de unos 1,300 millones, quedó en manos de otro bloque, encabezado por Cosmocolor.
Cinco firmas de los hermanos Hernández Casillas cobraron 2,461 millones a institutos locales.
| EMPRESA | CON OPLE (MDP) | PESO |
|---|---|---|
| Cajas Graf +198.7 mdp con el INE |
1,072.9 | |
| Formas Finas | 816.0 | |
| Corporativo Zeg | 278.7 | |
| Comercializadora JVLY | 208.4 | |
| Seriplast | 85.1 | |
| TOTAL OPLE | 2,461.0 | 2014-2025 |
La ASF abre 25 años de cajones
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) amplió el radio: revisará los contratos de 2000 a 2025 del extinto IFE, del INE y de los OPLE. La cuenta pública 2025 suma 3 mil 790.3 millones de pesos en contratos con empresas del escándalo, y 88.7 por ciento los firmaron los institutos locales. El dinero no se quedó en la capital; se repartió en los estados.
Diez OPLE concentran 2 mil 601.1 millones, con Veracruz a la cabeza (484.4 millones) y Oaxaca detrás (370.3 millones), donde Taddei colocó a Iliana Aracely Hernández como secretaria ejecutiva. Tabasco no figura en ese grupo, pero el auditor Aureliano Hernández pidió a todos los gobernadores cuentas del dinero federal que reciben sus órganos electorales.
La auditoría corre en tres carriles: investigación de oficio, estudio histórico de patrones de contratación y auditoría integral del INE y del gasto federalizado de los OPLE. El alcance es enorme y el calendario, político: los hallazgos llegarán mientras se discute la reforma electoral y se prepara el proceso de 2027.
Diez institutos electorales locales asignaron 2 mil 601 millones a empresas del escándalo.
El pasado como argumento
Claudia Sheinbaum no se quedó en Taddei. Reprochó a Lorenzo Córdova que como presidente del INE “no haya hecho nada” contra un duopolio que gana contratos desde hace más de 20 años, y acusó a Luis Carlos Ugalde de ejecutar el fraude de 2006; recordó que él mismo admite haber llegado al IFE por el PRI, recomendado por Elba Esther Gordillo.
La operación discursiva tiene lógica: si el duopolio atraviesa varias presidencias del árbitro, el caso deja de ser la caída de una consejera y se vuelve prueba contra el modelo autónomo. La mandataria ubicó el origen en la reforma de 2014 del Pacto por México, que dio al INE el nombramiento de consejeros locales, entre ellos Taddei en Sonora.
El matiz que el relato oficial esquiva es incómodo: Taddei llegó al INE en 2023 por insaculación, en una Cámara con mayoría de Morena, y en su gestión el representante de Cajas Graf y Zeg, Jesús Octavio García González, fue nombrado director de Administración. Ahora habla la FGR; de su expediente, no del micrófono, dependerá saber si hubo red criminal o un juicio a la historia.
De cada 100 pesos contratados con la red, casi 89 salieron de OPLE.
OPLE: 3,360.3 mdp
10 OPLE: 2,601.1 · otros 16: 750.2
INE: 430 mdp