En 2021, cada voto emitido en Tabasco costó 278 pesos. Para 2027, con una participación parecida, la cuenta supera los 360 pesos solo por la partida electoral.
Esa es la aritmética que se esconde detrás de una cifra de nueve dígitos. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPCT) aprobó un proyecto de egresos por 644 millones 398 mil 612 pesos, el más alto de su historia, según su presidenta, Elizabeth Nava Gutiérrez.
El Consejo Electoral avaló el proyecto por unanimidad. Ahora pasa al Gobierno del Estado, que deberá integrarlo al presupuesto de egresos estatal.
El desglose muestra dónde está el peso. El proceso electoral ordinario absorbe 361 millones 523 mil 541 pesos, más de la mitad del total. Por su parte, el gasto ordinario suma 242 millones 728 mil 364 pesos. La elección judicial requiere 40 millones 146 mil 707 pesos.
Nava defendió la cifra con dos argumentos. El primero es de calendario: “Es la primera vez que el órgano electoral enfrenta una elección al concluir otra elección”. El segundo es legal, pues atribuyó el monto a la reforma judicial. Además, pidió respeto al proyecto: “Cada uno de los montos aquí expuestos tiene un plan que lo respalda”.
Un récord que duplica lo que pidió en 2026
La cifra cambia de escala cuando se compara con los antecedentes. Para 2026, el IEPCT solicitó 321 millones 537 mil pesos y el Congreso le autorizó 185 millones 264 mil 738. El recorte fue de 136 millones, equivalente a 42% de lo pedido.
Ahora pide el doble de lo que solicitó entonces. Además, la cifra es 3.5 veces lo que finalmente recibió. No obstante, el gasto ordinario casi no se mueve. Los consejeros explicaron que habían pedido 236 millones para actividades ordinarias en 2026. Hoy piden cerca de 243 millones, unos 7 millones más.
Por ello, el salto está entero en la partida electoral. La discusión no es cuánto cuesta sostener al instituto, sino cuánto cuesta organizar una elección.
En la intermedia de 2021, el proceso costó cerca de 259 millones de pesos. Sin la partida judicial, la petición para 2027 es 2.3 veces mayor.
El ciclo que se repite: pedir, recortar, ampliar
Nada de esto es nuevo. El instituto pide más de lo que espera recibir. El Ejecutivo ajusta y las ampliaciones llegan tarde. Ya ocurrió con la elección judicial. El instituto había planeado cerca de 200 millones y Finanzas autorizó 114. Volvió a ocurrir en 2026, cuando el instituto llegó a mayo con apenas 12.5 millones de pesos en caja.
Hoy el patrón sigue vivo. La ampliación para arrancar el proceso bajó de 84 millones a unos 69 millones, y la respuesta de Finanzas está pendiente.
En este sentido, quien fija el número real no es el Consejo Electoral, sino la Secretaría de Finanzas. El árbitro depende de quien paga el silbato. Y ese cálculo político ya empezó a jugarse en la mesa del Consejo.
PRD y Morena: acuerdo en la cifra, choque en el fondo
La unanimidad del Consejo esconde una pelea política. El PRD respaldó el monto, pero encendió la alarma. Su representante, José Manuel Rodríguez Natarén, pidió al Gobierno del Estado y al Congreso garantizar personal y herramientas tecnológicas.
Además, recordó que durante más de 40 años se ha debilitado al órgano electoral en materia presupuestal. Según su versión, no se puede exigir imparcialidad a un árbitro sin recursos. “No podemos tener recortes, no podemos seguir jugando con los temas presupuestales del instituto”, sostuvo.
Morena respondió sin rodeos. Roberto Romero del Valle rechazó lo que llamó la “falsa narrativa de elección de estado” del PRD. Añadió que en ningún estado se ha suspendido un proceso electoral por falta de recursos.
“Aquí no hay héroes, aquí hay un compromiso institucional de todos los gobiernos, no nada más el de Morena aquí en Tabasco”, afirmó. Y prometió que “no les va a faltar ni un peso”.
Este cruce anticipa el tono de 2027. Quien fije la narrativa del presupuesto fijará también la de la imparcialidad. El PRD instala la tesis del árbitro asfixiado. Morena, la de la garantía institucional.
Sin embargo, una promesa de dinero también es un instrumento de poder. Quien garantiza el recurso se coloca como quien decide.
Lo que la cifra no cuenta
El presupuesto muestra cuánto quiere gastar el IEPCT, no cuánto arrastra. Los estados financieros revelan 18 juicios laborales activos por 8 millones 424 mil 884 pesos. El más antiguo, el expediente 040/2002, tiene 24 años. El propio instituto admite que no cuenta con reserva para pagarlos.
Por ello, decir que el presupuesto es histórico no basta. También hay que contar qué deudas lo acompañan. Un instituto que pide el doble para organizar la elección, pero deja sin resolver una deuda de dos décadas, tiene una explicación pendiente.
A ese frente se suma uno de personas. La Secretaría Ejecutiva sigue vacante desde la renuncia de Jorge Alberto Zavala Frías. Hoy despacha Ricardo Araiza González, quien además dirige la Dirección de Organización, la “columna vertebral del proceso electoral”, según Nava.
La presidenta dijo tener dos propuestas y que las presentará al pleno. Si ninguna avanza, puede designarse un encargado. Sobre los nombres, prefirió esperar: “Déjame platicar con las consejerías y después les doy a conocer quiénes pudieran ser estos perfiles”.
No obstante, el nombre que El Tabasqueño ha documentado en esa disputa es el de José Guadalupe Pérez Uc, coordinador de asesores de Jorge Montaño Ventura en el INE. Suena como candidato del grupo Adán Augusto López-Montaño. Además, tres de los cuatro consejeros que pidieron remover a Zavala fueron designados por el INE en 2024, en un proceso donde participó Montaño.
Quien ocupe esa silla firmará el anteproyecto que hoy se aprueba y operará los 644 millones.
El reloj corre hacia el 8 de octubre
Los plazos no esperan. Nava informó que ajustó la ampliación para este año, de 84 millones a unos 69 millones. El recurso servirá, dijo, “para iniciar el proceso electoral lo que corresponde a este año”.
Espera respuesta de Finanzas en días, porque el proceso arranca el 8 de octubre. Hay actividades ya en marcha, como la búsqueda de inmuebles.
La balanza se mueve en tres tiempos: la respuesta de Finanzas, el nombramiento del secretario ejecutivo y el visto bueno del Congreso al presupuesto 2027. Si alguno falla, el instituto arrancará la carrera con el freno puesto.
En 2021 votaron 929 mil 951 tabasqueños. Cada voto costó 278 pesos. En 2027, cada uno costará más, y nadie ha explicado todavía cómo se medirá si vale lo que cuesta.
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