DE PRIMERA MANO / POR RODULFO REYES / 11/05/26
Los acontecimientos relacionados con el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, develan la causa de la protección que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la Fiscalía General de la República (FGR) han brindado al exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, señalado por las propias autoridades morenistas como cabecilla del cártel local La Barredora, organización que funcionó como apéndice del CJNG durante el sexenio anterior.
A pesar de las acusaciones contra quien fuera colaborador del senador Adán Augusto López Hernández, el exfuncionario nunca ha sido indiciado por la institución que hoy dirige Ernestina Godoy; tampoco lo fue cuando al frente estuvo Alejandro Gertz Manero.
El exsecretario no enfrenta cargos federales, aunque el 13 de noviembre de 2024 el gobernador Javier May Rodríguez lo señaló públicamente como líder de La Barredora, grupo criminal que apareció en Tabasco justo cuando Bermúdez asumió el control de la seguridad estatal.
Siendo gobernador de la tierra de AMLO, Adán López lo nombró titular de la SSyPC Tabasco, pese a que ya existían antecedentes que lo vinculaban con el crimen organizado.
El 14 de junio de 2006, el diario nacional La Jornada publicó la nota “Detiene la SIEDO a un funcionario de Tabasco”, donde se informaba sobre la captura de Hernán Bermúdez Requena por parte de la entonces SIEDO, bajo sospechas relacionadas con estructuras criminales.
En aquel momento, el gobernador era el priista Manuel Andrade Díaz, quien mantuvo al funcionario en el cargo pese a las investigaciones existentes.
Curiosamente, el coordinador de la campaña de Andrade fue precisamente Adán Augusto López Hernández, quien años después impulsaría políticamente al llamado Comandante H.
Las investigaciones sostienen que La Barredora surgió al inicio del gobierno de Adán López y utilizó la estructura de la propia Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para operar actividades criminales en Tabasco, Veracruz, Chiapas y Campeche.
Fue el gobernador Javier May quien lo señaló públicamente por primera vez como cabecilla del brazo armado que respondía a Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho.
A pesar de que desde 2006 existían sospechas sobre sus presuntos vínculos criminales; de que en 2022 Guacamaya Leaks difundiera documentos hackeados a la Sedena que lo relacionaban con el CJNG; y de la denuncia formal de May Rodríguez, el expolicía sigue sin enfrentar cargos federales.
Quien sí lo mantiene vinculado a proceso es la Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGET), por delitos de asociación delictuosa, secuestro agravado, extorsión agravada y desaparición forzada de personas.
La FGR, en cambio, no ha iniciado acción penal alguna en su contra, pese a contar con declaraciones de Tomás “N” y Ulises “N”, exintegrantes de La Barredora y colaboradores directos de Bermúdez, quienes se acogieron al criterio de testigos colaboradores.
Ambos han detallado la estructura interna y el funcionamiento del grupo criminal, información que ya forma parte de expedientes federales.
Hasta ahora, ninguna imputación ha alcanzado al senador Adán Augusto López Hernández.
En Tabasco, igual que en Sinaloa, resulta evidente la protección política que reciben tanto Adán Augusto como Rubén Rocha Moya desde sectores del poder federal.
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