WASHINGTON.— El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca redefinió la política migratoria de Estados Unidos como un ejercicio de fuerza. En doce meses, la frontera con México quedó cerrada de facto, el derecho al asilo fue anulado en la práctica y la aplicación de la ley migratoria adoptó rasgos punitivos que exceden la lógica administrativa.
Arrestos violentos, separaciones familiares y detenciones arbitrarias se convirtieron en un mensaje político dirigido a comunidades latinas y extranjeras. La migración dejó de ser un fenómeno a gestionar para transformarse en un enemigo interno.
La paradoja es evidente: pese a la dureza del método, Trump ha deportado menos personas que Joe Biden en los últimos dos años de su mandato. El contraste no es cuantitativo sino simbólico.
La estrategia prioriza la escenificación del castigo por sobre la eficacia, apostando a la disuasión a través del miedo. El resultado es una política diseñada para ser vista, grabada y viralizada.
LA OFENSIVA MIGRATORIA
- Personas expulsadas o forzadas a salir: 540 mil
- Detenidos diarios promedio: 66 mil
- Sin historial penal: hasta 75%
- Capacidad proyectada en centros privados: 108 mil camas
Fuente: Migration Policy Institute, American Immigration Council, ICE, NYT.
Organismos internacionales alertan que este giro no es inocuo. Amanda Klasing, de Amnistía Internacional, advierte que la transformación del control migratorio en una operación de tipo paramilitar ensaya tácticas exportables a otros sectores sociales. Discrecionalidad extrema, rapidez punitiva y deshumanización sistemática configuran un patrón que normaliza prácticas antes excepcionales.
Los datos respaldan la alarma. El promedio diario de personas detenidas en centros migratorios asciende a 66 mil, frente a los 40 mil previos al regreso de Trump. Entre dos tercios y tres cuartas partes de los detenidos no tienen historial penal, según el Migration Policy Institute. El American Immigration Council documenta, además, un aumento de 2,450% en las detenciones de personas sin antecedentes por parte de ICE.
DETENCIÓN MASIVA
En su primer año, el gobierno deportó a 270 mil personas en la frontera y detuvo a otras 230 mil en el interior del país. A ese total se suman al menos 40 mil personas que aceptaron la llamada “autodeportación” con incentivos oficiales.
En conjunto, unas 540 mil personas fueron expulsadas o forzadas a salir. El 43% fue enviado a México, el 49% a Centroamérica y Sudamérica y el 7% a África, Asia y Europa, incluidos traslados a terceros países sin representación legal.
La infraestructura que sostiene esta política también mutó. El gobierno amplía de manera acelerada los centros de detención privados, muchos administrados por donantes del presidente, con el objetivo de alcanzar 108 mil camas.
Se consolida así un modelo carcelario migratorio con fuertes incentivos económicos y escasa supervisión pública. En 2025, las muertes bajo custodia alcanzaron un récord no pandémico y las condiciones de encierro empujaron a muchos migrantes a abandonar casos legales viables.
La dimensión humana es la más corrosiva. Videos de separaciones forzadas y redadas violentas circulan como parte de una pedagogía del miedo. En escuelas públicas, docentes reportan aulas vaciadas por la expulsión silenciosa de familias. Niños escriben cartas de despedida sin saber si volverán a ver a sus padres. La crueldad funciona como disuasión social.
“Estados Unidos está realizando desapariciones forzadas”, denunció Nicole Widdersheim, de Human Rights Watch, al documentar casos de migrantes enviados a terceros países sin defensa legal. La denuncia marca un quiebre: el Estado de derecho cede ante una lógica de excepción permanente.
OPOSICIÓN CRECIENTE
Pese al clima de intimidación, la resistencia crece. Encuestas internas muestran un desplome del apoyo público a la política antimigrante, incluso entre votantes independientes.
Más del 80% de los demócratas apoya eliminar ICE y, por primera vez, los no alineados que respaldan su desmantelamiento superan a quienes quieren mantenerla. Casos de violencia letal atribuidos a agentes migratorios aceleraron el giro de la opinión pública.
En el plano judicial, los tribunales de primera instancia han fallado de manera consistente contra aspectos centrales de estas políticas, incluida la militarización de las operaciones migratorias. Sin embargo, instancias superiores —con jueces nombrados por Trump— han operado como red de contención, incluida la Suprema Corte. El equilibrio institucional se resiente.
La deriva no se limita a la migración. Trump alimenta dudas sobre la continuidad democrática al “bromear” reiteradamente sobre la conveniencia de celebrar elecciones. Aunque no hay evidencia de una cancelación formal de los comicios, el solo hecho de que la pregunta circule con naturalidad revela la erosión del consenso democrático.
El contexto agrava la inquietud. Despidos masivos de empleados federales, recortes de derechos civiles, intentos de desmantelar agencias clave y presiones presupuestarias sobre universidades, medios y organizaciones sociales delinean una ofensiva más amplia. Listas oficiales de palabras prohibidas —desde “diversidad” hasta “mujer”— ilustran un control cultural que acompaña al poder político.
ORDEN GLOBAL
La proyección internacional de este giro es inquietante. Francesca Albanese, relatora de la ONU, advirtió que “el imperio nunca se detiene en un solo lugar” y sugirió que la lógica ensayada en Gaza anticipa otros escenarios. La política migratoria estadounidense deja de ser un asunto interno y se convierte en un modelo de autoritarismo exportable.
A un año del regreso de Trump, la pregunta ya no es cuántos fueron deportados, sino qué tipo de país emerge de esta experiencia. La migración fue el laboratorio. La democracia, el riesgo latente.
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